8 de mayo de 2025
BARILOCHE
Revés judicial para Cortés por retener salarios a dirigentes gremiales
El intendente de Bariloche presentó una demanda para evitar el pago de salarios a los representantes gremiales, por considerar que eso implicaría una dádiva. También cuestionaba el uso de licencias gremiales. La Cámara Segunda del Trabajo la desestimó la presentación por carecer de fundamentos
La pulseada que mantiene el intendente de Bariloche, Walter Cortés, con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM) sumó un nuevo capítulo en la pelea que dejó a dirigentes sindicales sin cobrar su salario durante cuatro meses.
Esta semana, la justicia rechazó una acción promovida por la municipalidad de Bariloche que intentaba evitar el pago directo de salarios a dirigentes gremiales, bajo el argumento de presuntas irregularidades en el otorgamiento de licencias gremiales.
Desde el municipio alegaban que la Ley Nacional 23.551 prohíbe que el empleador –en este caso, el Estado municipal- abone los salarios de los representantes gremiales, por considerar que eso implicaría una dádiva, además de cuestionar que los trabajadores municipales se tomaran licencias para realizar distintas actividades gremiales.
Desde SOYEM respondieron que en el estatuto municipal, aprobado por ordenanza, están contempladas las licencias gremiales y establece que los salarios de los representantes gremiales son abonados por el Municipio.
La demanda por consignación -una figura legal prevista para situaciones en las que no se puede determinar con certeza quién debe recibir un pago- fue presentada por la Municipalidad para los haberes de diciembre de 2024 correspondientes a la comisión directiva del SOYEM.
Ahora, la Cámara Segunda del Trabajo desestimó la consignación por carecer de fundamentos. También remarcó que no se cumplió con los requisitos formales del procedimiento, como la presentación de liquidaciones salariales claras y detalladas.
En el fallo fechado el 6 de mayo, los jueces Jorge Serra, María de los Ángeles Pérez Pysny y Alejandra Paolino consideraron que la estrategia del Ejecutivo local no solo fue infundada, sino que terminó ocasionando un nuevo perjuicio económico para las arcas públicas, ya que la comuna deberá afrontar los honorarios legales del proceso.
La decisión judicial va en sintonía con los argumentos esgrimidos por los representantes legales de SOYEM, que indicaban que el municipio había otorgado las licencias gremiales con goce de haberes y que, además, venía pagando esos salarios sin objeciones durante los últimos años. “No hubo revocación alguna, y no se puede alegar ignorancia sobre una práctica consolidada desde hace más de 40 años”, explicaron.