28 de abril de 2025
CHUBUT
Revés para dos municipios que buscaban seguir cobrando tasas en las boletas de servicios
La Justicia federal rechazó los amparos presentados por los municipios de Esquel y Trevelin contra la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación. El juez Guido Otranto dio tres meses de plazo para readecuar las facturas
El Juzgado Federal de Esquel rechazó las demandas presentadas por las municipalidades de Esquel y Trevelin contra la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación que buscaban dejar sin efecto una resolución del Gobierno nacional que prohíbe incluir conceptos ajenos en las boletas emitidas por proveedores de servicios.
Ambos municipios chubutenses habían presentado acciones de amparo en la Justicia federal. Pero el juez Guido Otranto emitió dos fallos en los que sostiene que la medida nacional no afecta la autonomía municipal.
El magistrado argumentó que los municipios pueden seguir cobrando sus tasas, pero deberán hacerlo por medios que no involucren la facturación conjunta con servicios esenciales, como los que brinda la Cooperativa 16 de Octubre.
En ambos fallos, el juez otorgó un plazo de 90 días para que los municipios reorganicen su sistema de recaudación.
La decisión generó fuerte preocupación en la región, especialmente por el impacto que podría tener en instituciones clave como las asociaciones de Bomberos Voluntarios de Esquel, que había colado una tasa destinada al financiamiento del servicio de emergencias en la boleta de la Cooperativa.
Otranto había dispuesto una suspensión temporal de la resolución nacional mientras analizaba los planteos de los municipios. Pero ahora emitió los fallos definitivos, donde confirmó que los municipios deberán adecuar su modalidad de recaudación para cumplir con las normativas que protegen a los consumidores.
Ahora Esquel y Trevelin tienen tres meses para definir cómo seguirán cobrando tasas como la de protección contra incendios o la de recolección de residuos, sin afectar su financiamiento ni generar confusión en los vecinos.
Según Otranto, la resolución nacional apunta a garantizar que cada usuario reciba una factura transparente, donde solo figure el costo del servicio contratado, evitando que conceptos ajenos queden “fusionados” y puedan derivar en pagos forzados o en la suspensión de servicios esenciales por deudas no vinculadas.