3 de enero de 2025
SANTA CRUZ
El Gobierno Provincial intervino ante irregularidades en el Hogar Alegría de Río Gallegos
La actuación se realizó tras denuncias de irregularidades y violencia. Se trasladó a los residentes a centros habilitados mientras se investigan los hechos. Las ministras Cárdenas y Costantini destacaron la necesidad de transformar el sistema de cuidado y reforzar los controles en instituciones vinculadas a la salud mental
El Gobierno de Santa Cruz, a través de los Ministerios de Desarrollo Social, Igualdad e Integración y de Salud y Ambiente, actuó frente a denuncias de irregularidades y situaciones de violencia en el Hogar Alegría, una residencia privada para personas con padecimientos mentales en Río Gallegos. La intervención se realizó el pasado miércoles, activándose los protocolos necesarios para garantizar el bienestar de los usuarios.
Ana Lamas, directora general de Dispositivos Institucionales del Ministerio de Desarrollo Social, lideró la primera inspección al hogar junto a un equipo interdisciplinario. Allí se brindó contención a los usuarios y se tomaron medidas para asegurar su asistencia. Paralelamente, las autoridades provinciales comenzaron a labrar las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos denunciados y determinar responsabilidades.
De acuerdo a lo comunicado, los familiares de los residentes fueron notificados y participaron en el proceso de traslado y contención. A partir de los resultados preliminares, el Ministerio de Salud dispuso el traslado de los usuarios a centros habilitados que cumplen con las condiciones óptimas para su cuidado, en tanto se define el futuro del Hogar Alegría.
Las ministras Luisa Cárdenas y Analía Costantini subrayaron que esta intervención responde a una política activa del Gobierno Provincial orientada a revisar y reforzar los controles en espacios vinculados a la Ley Nacional de Salud Mental. Ambas coincidieron en que este caso evidencia la necesidad de transformar el sistema de cuidado y regulación de este tipo de instituciones.
"Es un debate necesario que nos debemos como sociedad. Durante años, estos hogares funcionaron sin el marco regulatorio adecuado", señalaron las funcionarias. También hicieron un llamado a la comunidad para evitar la difusión de información que vulnere la identidad de los involucrados, recordando que el caso está bajo tratamiento judicial.