3 de enero de 2024
EN DEFENSA DE LOS RECURSOS
El Gobierno rionegrino reiteró que la reforma pesquera perjudicaría la actividad en la región
Si bien ayer, junto a los otros mandatarios patagónicos, Alberto Weretilneck se había manifestado en contra de las políticas de pesca que pretende implementar el presidente Milei, su subsecretaria de pesca, Jessica Ressler, deslizó que el Ejecutivo Nacional elaboró una propuesta “con desconocimiento sobre cómo es la actividad”
La subsecretaria de Pesca de la provincia de Río Negro, Jessica Ressler, explicó los perjuicios ocasionados por las modificaciones propuestas en la Ley Ómnibus, recientemente enviada por el Gobierno nacional al Congreso, al afirmar que "son modificaciones que atacan por completo a la actividad pesquera argentina, que ponen en peligro la soberanía y la sustentabilidad de los recursos marinos argentinos".
La funcionaria criticó el anteproyecto por su falta de consideración hacia los actores clave del sector, el Consejo Federal Pesquero y las provincias con litoral marítimo, como Río Negro. "No tuvo en cuenta cómo es la actividad pesquera en el mar argentino", agregó.
Cabe recordar que en sintonía con la posición de Río Negro, el 2 de enero, Alberto Weretilneck y otros 4 gobernadores patagónicos emitieron un comunicado oficial expresando su oposición a las reformas propuestas. Una de las modificaciones cuestionadas busca eliminar la obligatoriedad de descargar productos en puertos argentinos, lo que tendría un fuerte impacto en la industria nacional en términos laborales y económicos.
Otro punto de discordia se refiere a la posible eliminación de la obligación de contratar trabajadores de nacionalidad argentina, establecida en el artículo 40 de la ley 24.922. Este artículo exige que el 75% del personal embarcado sea de nacionalidad argentina con diez años de residencia.
Asimismo, se destacó que el artículo 27 del Régimen Federal de Pesca podría verse afectado, ya que establece criterios diversos para asignar cuotas de captura. Su modificación implicaría la implementación de una licitación pública, generando una competencia desigual entre empresas argentinas y extranjeras.