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19 de noviembre de 2022
RIO NEGRO

Confirmaron el procesamiento con prisión preventiva para los mapuches imputados después en los desalojos en Villa Mascardi

Así lo determinó la Cámara de Apelaciones de Roca al desestimar los recursos de apelación que habían presentado los defensores de las 4 mujeres, a las que se les ratificó el arresto domiciliario, y 4 hombres, que siguen prófugos, de la comunidad Lafken Winkul Mapu

Confirmaron el procesamiento con prisión preventiva para los mapuches imputados después en los desalojos en Villa Mascardi
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El viernes pasado, los jueces de la Cámara de Apelaciones de Roca, Mariano Roberto Lozano y Richar Gallego, dictaminaron que 8 los miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkun Mapu seguirán procesados con prisión preventiva por la usurpación de terrenos en Villa Mascardi.

La resolución del tribunal confirma lo establecido por la jueza Federal María Silvina Domínguez y por lo tanto Betiana Ayelén Colhuan, Martha Luciana Jaramillo, Romina Rosas y María Celeste Ardaiz Guenumil continuaran con su arresto domiciliario en un centro cívico del pueblo indigena en Bariloche.

En ese sentido, los jueces Lozano y Gallego desestimaron los recursos presentados por la defensa de los mapuches y ratificaron el procesamiento para Matías Daniel Santana, Cristian Germán Colhuan, Yéssica Fernanda Bonnefoi y Juan Pablo Colhuan. Los hombres todavía están siendo buscados por la Justicia desde inicios de octubre, cuando un comando unificado desalojo los predios que ocupaban en Villa Mascardi.

En la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Roca se considera un “fuertísimo peligro de entorpecimiento” de la investigación en curso si las mujeres recuperan la libertad. Señalaron que la única manera de neutralizar ese riesgo procesal, en el caso de las mujeres, es con el arresto domiciliario.

Además, los magistrados recordaron que a Betiana, Jaramillo y Rosas se les había concedido la libertad en otra causa por usurpación, con la  de acercarse a Villa Mascardi, pero no acataron la orden, y sobre el conflicto, que se remonta a 2017, recalcaron que “no sólo no ha existido diálogo posible, sino que las autoridades del Estado, en particular y en lo que aquí importan, las judiciales con el auxilio de las fuerzas de seguridad no han podido -sino a través de la medida siempre violenta que implica un desalojo— practicar diligencias probatorias y de avance de la investigación por el delito de usurpación aquí pesquisado”.
 

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