El presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Economía, Sergio Massa, firmaron el viernes el decreto 484/2022, que se publicará en el Boletín Oficial el martes próximo donde se fija la política nacional con respecto a las actividades relativas a la explotación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos, las cuales estarán a cargo de empresas estatales, privadas o mixtas.
El Decreto N° 277/22 atiende a la necesidad de desarrollar activa y aceleradamente las capacidades productivas del sector hidrocarburífero y minimizar el impacto del contexto internacional sobre los precios y, con ello, sobre la balanza comercial y las finanzas públicas del País.
Mediante esta reglamentación, se crearon el “Régimen de Acceso a Divisas para la Producción Incremental de Petróleo” (RADPIP) y el “Régimen de Acceso a Divisas para la Producción Incremental de Gas Natural” (RADPIGN), que establecerán un marco normativo apropiado para que las productoras de hidrocarburos cuenten con las reglas de acceso a divisas necesarias para impulsar la inversión del sector, para posibilitar luego la industrialización del gas natural, del petróleo crudo y de sus derivados.
Asimismo, se establece un “Régimen de Promoción del Empleo, del Trabajo y del Desarrollo de Proveedores Regionales y Nacionales de la Industria Hidrocarburífera (RPEPNIH)”, con la finalidad de promover e incrementar el valor agregado regional y nacional en la cadena de valor de la actividad hidrocarburífera.
Uno de sus objetivos principales se trata de satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país con el producido de sus yacimientos y manteniendo reservas que aseguren esa finalidad. Considera también que el desarrollo del sector resulta de crucial importancia para el crecimiento macroeconómico del país, estableciendo las bases de un desarrollo sostenible e inclusivo, de carácter federal, que garantice una expansión secular del empleo, la producción y las exportaciones.
La reglamentación remarcar el “interés en asegurar el abastecimiento del mercado interno de gas natural y de petróleo crudo, de acuerdo con lo establecido en las Leyes Nros. 17.319 y sus modificaciones y 24.076 y sus modificaciones”, y considera que la República Argentina "presenta un déficit recurrente en la balanza comercial energética, donde las importaciones de gas y de gasoil explican mayormente la canasta importadora de nuestro sector energético, por lo que es necesario ocuparse activamente de esta problemática".
De esta manera, en el artículo 3° de la Ley N° 26.741 se establecieron como principios de la política hidrocarburífera de la República Argentina, entre los que se destacan: (i) la promoción del empleo como factor de desarrollo; (ii) la conversión de los recursos hidrocarburíferos en reservas comprobadas y la restitución de reservas; (iii) la integración del capital público y privado, nacional e internacional; (iv) la maximización de las inversiones y de los recursos empleados; (v) la incorporación de nuevas tecnologías; (vi) la promoción de la industrialización y la comercialización de los hidrocarburos con alto valor agregado; (vii) la protección de los intereses de los consumidores y las consumidoras relacionados con el precio, calidad y disponibilidad y (viii) la obtención de saldos de hidrocarburos exportables para el mejoramiento de la balanza de pagos.
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