Españón habló de una persecución política para removerlo de la intendencia

El intendente de 28 de Noviembre, Fernando Españón, habló públicamente sobre la denuncia que pesa en su contra por presunta falsificación de documentos públicos y que podría ser causal de juicio político. 

El referente responde al sector que comanda el petrolero, Claudio Vidal, y asegura que viene siendo perseguido políticamente y castigado por el posicionamiento político de su sector. 

En diálogo con Tiempo FM 97.5, Españón sostuvo: “Me entero de la resolución esta por los medios de comunicación, me notifiqué recién el día lunes de esta situación”, reclamó el intendente. Además, aseguró que no lo sorprendió, porque “he sido muy vapuleado mediáticamente por mucho tiempo. El hecho de tener una posición distinta a lo que hoy se maneja desde el gobierno provincial, me parece que genera mucho ruido”.

El intendente habló de la denuncia como “una cuestión política”, porque “hablo de la salud, de la educación y eso a veces no gusta. No gusta cuando se habla de estas cosas que realmente le están haciendo mucho daño a la sociedad, no solamente de la cuenca, sino de Santa Cruz”.

El intendente comentó que algunos políticos se manifiestan diciendo que “se tiene que ir Españon de la intendencia”,  y que “ese es el objetivo”. 

Hace pocos días atrás, Españon, fue procesado sin prisión preventiva por el Juzgado de Instrucción Penal de Río Turbio. Al jefe comunal se lo acusa de haber falsificado la ordenanza de la Orgánica Municipal para sustituir y agregar cargos y secretarias. 

También fueron procesados por el mismo delito el concejal, Horacio Lavie, el secretario de Gobierno, Carlos Fuentes y la secretaria General del Concejo Deliberante, Anita Castro. La jueza Bettina Bustos los halló “prima facie” como “coautores en orden al delito de Falsificación de Documento Público Agravada” y “abuso de autoridad en concurso real entre sí”. El entonces secretario del bloque oficialista local, Martín Agüero fue imputado por encubrimiento. Por otro lado, se dictó un embargo de 200 mil pesos a cada uno.