Los referentes del PRO Neuquén impugnaron las candidaturas de Gustavo Mazieres y Vanina Merlo, seleccionados por el gobernador Omar Gutiérrez para ocupar las dos vacantes que existen en el Tribunal Superior de Justicia.
En este sentido calificaron como irregulares las postulaciones del oficialismo y expresaron su preocupación por la falta de definiciones a un año de vencidos los plazos. La presentación fue realizada ante el Ministerio de Gobierno donde se reciben las adhesiones y objeciones que la ciudadanía formula a las nominaciones.
“Está probado que los antecedentes personales, la experiencia de la práctica profesional y la formación académica en ninguno de los dos casos se corresponden con las exigencias que estos puestos requieren”, expresó el diputado nacional Francisco Sánchez, tras presentar el documento.
Por su parte, Nicolás Montero, abogado y secretario general del PRO Neuquén, quien lo redactó, sostuvo que “hay inconsistencias de forma en las presentaciones, tales como un listado de clientes o representados de los últimos cinco años en el ejercicio privado de sus profesiones, que son una falta al cumplimiento de los requisitos”.
“Más allá eso, hay una evidente y manifiesta pertinencia y simpatía de ambos postulantes a fuerzas políticas con poder fáctico e institucional, lo que es contrario a la independencia de poderes que nuestra Constitución sostiene”, agregó.
Luego de entrevistas personales, los expedientes deberán ser tratados en la Legislatura neuquina, por lo que advirtieron que el proceso tendrá que resolverse de forma urgente con otras postulaciones para que llegue a tratarse en el recinto.
La impugnación lleva las firmas de Sánchez y Montero, además de las del presidente del partido y actual concejal Marcelo Bermúdez, la concejal Denisse Stillger, el ex diputado nacional Leandro López, entre otros.
Ambos llegan con cuestionamientos
Mazieres fue investigado por presunto lavado de activos en la llamada "causa OPS", en referencia a la empresa de servicios petroleros, a instancias de una denuncia que realizaron los entonces diputados del PRO, Leandro López (Neuquén) y Sergio Wisky (Río Negro) ante la justicia federal.
No obstante, tras cinco años donde no se encontraron elementos para imputarlo, el juez Gustavo Villanueva lo sobreseyó. La resolución está firme y la consintieron tanto la fiscalía como la querella, que en este caso es la Unidad de Información Financiera (UIF).
En tanto, a Merlo le remarcan sus escasos antecedentes en la materia, tanto académicos como de litigación, para conducir el ministerio público de la defensa. Desde 2008 a la fecha ha sido como funcionaria del MPN.
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