15 de noviembre de 2026
SANTA CRUZ
Tensión en el Concejo de El Chaltén por la presencia de Ticó y una restricción judicial
La edil Elizabeth Romanelli denunció que el jefe comunal se encontraba a menos de 200 metros en la sesion del pasado viernes, pese a una perimetral vigente. Aseguró que no se le advirtió y señaló que desde el Municipio mencionaron una supuesta autorización para coincidir en actos protocolares que ella asegura desconocer
Un momento de tensión se vivió el viernes pasado en el Concejo Deliberante de El Chaltén, cuando la concejal Elizabeth Romanelli se encontró con el intendente Néstor Ticó en el recinto donde se desarrollaba una audiencia pública por el loteo privado “Kaiken Sur”. La edil afirmó que el jefe comunal estaba sentado a aproximadamente medio metro de distancia, pese a que existe una medida judicial que le prohíbe acercarse a menos de 200 metros de ella.
Ante esa situación, Romanelli decidió retirarse del lugar y posteriormente acudió al Juzgado de Paz, donde funciona la Defensoría Oficial. Según relató en sus redes sociales, allí le indicaron que debía radicar una denuncia por un posible incumplimiento de la restricción en la comisaría local. La concejal responsabilizó a las autoridades del cuerpo legislativo por no haberle comunicado previamente que Ticó estaría presente.
El cuestionamiento estuvo dirigido especialmente a la presidenta del Concejo Deliberante, Estefanía Leyes. Romanelli sostuvo que la funcionaria había sido notificada formalmente de las medidas judiciales el 22 de octubre y consideró que, con esa información, se podrían haber tomado recaudos para evitar que ambos coincidieran en el recinto.
“Tuve que levantarme e irme de mi propio lugar de trabajo”, expresó la concejal, quien también manifestó que el personal del organismo habría desconocido la existencia de la restricción. A su entender, la audiencia podría haberse organizado de otra manera, ya que el Concejo había facilitado sus instalaciones para la actividad.
El episodio se produce en el marco de una causa judicial iniciada tras una denuncia presentada por Romanelli contra el intendente por presuntos hechos de violencia de género y hostigamiento digital. De acuerdo con la información difundida por la edil, el juez Alberto Abel Ludueña dispuso medidas cautelares en el expediente 4555/2026, en el ámbito de la Ley Nacional 26.485.
Entre las disposiciones informadas figura la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la concejal y de los lugares que frecuenta, además de restricciones para establecer contacto directo o indirecto. También se habrían establecido límites a publicaciones en redes sociales que la involucren, así como a posibles actos de perturbación, intimidación u hostigamiento hacia ella y su grupo familiar, por un plazo de seis meses.
Uno de los aspectos que deberá aclararse es la existencia de una eventual autorización judicial para que ambos funcionarios puedan coincidir en actividades institucionales. Romanelli contó que, antes de que la Policía solicitara al intendente que se retirara del recinto, el secretario de Relaciones Institucionales del Municipio sostuvo que el magistrado había habilitado mediante una nota la presencia de ambos en actos protocolares.
Sin embargo, la concejal aseguró que no recibió ninguna notificación sobre esa supuesta autorización y que tampoco tendría conocimiento de ella la Defensoría Oficial. Hasta el momento, la información difundida no incluye una copia del documento ni una confirmación judicial sobre sus alcances, por lo que no está determinado si la audiencia pública estaba comprendida en alguna excepción a las medidas originales.
El conflicto tiene como antecedente los comentarios que Ticó publicó en octubre en Facebook, en respuesta a una publicación de Romanelli sobre cuestiones ambientales de El Chaltén. Entre las expresiones atribuidas al intendente figuraban frases como “buscate un trabajo honesto”, “mala gente” y referencias personales al aspecto físico de la concejal. Aquellos mensajes generaron cuestionamientos de dirigentes políticos de distintos sectores de Santa Cruz.
La presentación de Romanelli también incluyó, según sus declaraciones anteriores, situaciones de hostigamiento digital mediante imágenes manipuladas con inteligencia artificial. A partir de esa denuncia, la Justicia dictó las medidas de protección que ahora quedaron en el centro de la controversia por el encuentro ocurrido en el Concejo.
Tras el episodio, la edil agradeció el acompañamiento judicial y de quienes la respaldan, y advirtió que estas situaciones pueden condicionar el ejercicio de su función legislativa. La discusión ahora pasa por establecer qué medidas estaban vigentes al momento de la audiencia, si existía una autorización específica para la coincidencia y si la presencia del intendente constituyó un incumplimiento de la orden judicial.