Una propia y un parrillista, los dos elegidos por Gutiérrez para cubrir vacantes en el TSJ

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, envió ayer al mediodía a la Legislatura los pliegos para cubrir las vacantes en el Tribunal Superior de Justicia. Los elegidos fueron Gustavo Mazieres, actual consejero de la magistratura y Vanina Merlo, ministra de Seguridad. 

Mazieres, es un parrillista de la primera hora y viene desempeñándose en el Consejo de la Magistratura. Ahora será representante del peronismo en el máximo órgano judicial de la provincia. Los sectores internos del PJ - parrillismo y el sector de Darío Martínez- estuvieron en tensión durante los últimos días por la propuesta para ocupar esta vacante. Finalmente el hombre del riñón del actual senador fue quien ganó la pulseada en el acuerdo con el MPN. 

Mazieres reemplazará entonces a Oscar Massei, quien se acogió a los beneficios de la jubilación en el año 2020. A pesar que los plazos corrían, Gutiérrez, decidió esperar para enviar el pliego a la Legistura que Ricardo Cancela (defensor general) haga lo propio. Por tal motivo se dilataron los nombramientos casi dos años y la vacante fue ocupada por un vocal interino, tal cual establece la norma. 

En cuanto a la vacante que dejó Ricardo Cancela por su jubilación en 2020, el gobernador nominó a la  actual ministra de Seguridad, Vanina Merlo. Es una de las funcionarias a las que viene apostando fuerte el primer mandataria. Merlo fue funcionaria de Defensa Civil durante la gestión de Jorge Sapag; luego en 2017 ganó una banca en el Concejo Deliberante de la capital. En 2019, renunció tras ser convocada por Gutiérrez para ocupar el ministerio de Ciudadanía. A fines de ese año la responsabilidad fue mayor al ser nombrada como ministra de Gobierno, Trabajo y Seguridad. Merlo no tiene trayectoria en la Justicia, es abogada, pero toda su carrera está basada en la política. Ahora, en caso de lograr acuerdo legislativo,  será Defensora General. 

Treinta años se requieren como mínimo se requiere para ocupar la vocalía y/o la defensoría general y 5 en el ejercicio efectivo de la abogacía o de una magistratura o ministerio público.