INFORME
13/08
Causas de corrupción dasnevista: todos culpables
En cuatro causas claves que involucran a exfuncioanarios provinciales, las penas fueron ejemplares. Prisión, decomiso de bienes, multas e inhabilitaciones perpetuas para ejercer cargos públicos. Hay varias investigaciones que se acercan a juicio y prometen finales similares. Mirá
Por Mariela Branda  

Las causas de corrupción durante la gestión dasnevista van encontrando poco a poco sus finales. Hasta el momento se llevaron a cabo los juicios de “El Embrujo”; “Revelación”; “Royal Canin”; enriquecimiento ilícito de Oscar “Chito” Alarcón; y se desarrolla por estos días el juicio en el marco de la causa de la “Emergencia climática”.  Hay otras tantas que aguardan el juicio, como “Lotería”; “Servicios Públicos”; enriquecimiento ilícito de Carlos Barbato (ex titular); la familia Das Neves y Leonardo Aquilanti (ex subsecretario de Bosques, ex gerente de Lotería y actual funcionario del Banco del Chubut). Casi una docena de causas judiciales por delitos contra la administración pública cometidos durante la gestión de Mario das Neves.  

A ellas se sumaron algunas causas que atañen a funcionarios de Mariano Arcioni. Son los casos de la exministra de Educación y actual diputada, Graciela Cigudosa y de la exministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, aunque estas causas están en la etapa de instrucción. Hay además algunas otras investigaciones por presuntos hechos de corrupción de índole municipal, como la última denuncia que atañe a Lago Puelo y a las compras en el marco de la emergencia ígnea.  

Hasta el momento todos los fallos en las causas que encontraron final fueron similares. A todos se los halló culpables, con diferentes grados de participación y por ende de pena, pero los delitos fueron probados. Hubo corrupción, hechos que fueron anticipados en muchas notas periodísticas realizadas por La Tecla Patagonia durante los últimos años de gobierno de Mario das Neves y con posterioridad también.  

La Justicia entendió en cada uno de los veredictos que los acusados responsables de los delitos por lo que se los acusaba. También quedó claro que muchos de los condenados actuaron bajo las órdenes de su jefe político, el extinto gobernador. Esto principalmente se evidenció en la causa Revelación.  

Consultado por este medio, el Procurador General de la provincia, Dr. Jorge Miquelarena hizo un repaso por el trabajo realizado y resaltó el enorme esfuerzo de los fiscales. “Desde el punto de vista personal y como equipo de trabajo, sentimos una gran satisfacción porque hemos podido afrontar a pesar de las limitaciones de recursos humanos y presupuestarias, causas sumamente complejas que tienen que ver con delitos de corrupción. Lo hicimos como nunca antes se hizo en la Provincia, en tiempo real. Y eso es para destacar. No estamos juzgando delitos de hace mil años atrás, sino que son hechos que sucedieron en el pasado reciente, y comenzaron a investigar en el momento que fueron denunciados”, expresó.  

Sobre los resultados de las causas que ya han tenido condena, el titular del Ministerio Público Fiscal indicó: “Ahora en todas ellas, distintos tribunales nos han dado la razón en nuestras teorías del caso. Así sucedió en El Embrujo, Revelación y Royal Canin, por ejemplo. Hay otras que están en curso de realizarse, la pandemia ha demorado algunos avances porque nos impidió algunos debates. Hay muchas relacionadas con hechos de enriquecimiento ilícito, defraudación a la administración”, agregó.  

Condenados  

EL EMBRUJO  

La causa “El Embrujo” fue la primera en encontrar sentencia. Los acusados fueron hallados culpables de asociación ilícita,  lavado y autolavado de activos, enriquecimiento y asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude al Estado. 

Se acreditó la existencia de una asociación ilícita integrada por Diego Correa como jefe, más Diego Lüters, Daniela Souza, Sandro Figueroa y Juan Carlos “Tato” Ramón. 
 
Sus fines fueron delictivos y cumplieron roles distintos dentro de la organización criminal”, evaluaron los jueces. Los objetivos eran dos: defraudar al Estado mediante contrataciones con Dual Core y Sepat para que repararan viviendas oficiales, y usar Mezeta Consulting para lavar el dinero ilegal. 



Diego Miguel Correa condenado a la pena de 10 años de prisión, accesorias legales y costas de este proceso y al pago de la multa de pesos 22.294.000 pesos y de 5.000.000 de pesos, e inhabilitación especial perpetua y absoluta perpetua, por considerarlo autor de los delitos de Asociación ilícita en carácter de jefe, Enriquecimiento ilícito, Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en concurso ideal con Negociaciones incompatibles y Auto lavado de activos. 

Diego Luters condenado a la pena de 5 años de prisión, accesorias legales y costas de este proceso, inhabilitación absoluta perpetua y al pago de la multa de 750.000 pesos por considerarlo autor de los delitos de miembro de Asociación ilícita, Enriquecimiento ilícito en carácter de partícipe, Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en carácter de partícipe necesario, todos en concurso real entre sí.  

Daniel Souza, condenada a la pena de 4 años de prisión, accesorias legales y costas de este proceso, por considerarla autora de los delitos de miembro de Asociación ilícita, Enriquecimiento ilícito en carácter de partícipe, Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en carácter de partícipe necesario, todos en concurso real entre sí.  

Sandro Figueroa condenado a la pena de 3 años y 4 meses de prisión, accesorias legales y costas de este proceso por considerarlo autor del delito de miembro de Asociación ilícita (Arts. 210 y 45, 12, 29, 40 y 41 del Código Penal); mientras que en el caso de Juan Carlos Ramón se confirmó la sentencia a la pena de 3 años y 3 meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por considerarlo autor de los delitos de miembro de Asociación ilícita, y Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en carácter de partícipe necesario, todos en concurso real entre sí. 

En el caso de Rubén Darío Reinoso se confirmó la pena de 2 años de prisión en suspenso, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y costas de este proceso por considerarlo autor del delito de Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en carácter de autor, todos en concurso real entre si. 

También se confirmó en todas sus partes la condena a Cristian Gisande, a la pena de 2 años de prisión en suspenso, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y costas de este proceso por considerarlo autor del delito de Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en carácter de autor, todos en concurso real entre sí. Y en el mismo sentido se confirmó la condena recibida por Jorge Aníbal Godoy, a la pena de 2 años y 8 meses de prisión en suspenso, y costas de este proceso por considerarlo autor del delito de Enriquecimiento ilícito en carácter de partícipe necesario.  

A Federico Gatica le ratificaron en todas sus partes la condena, con una pena de 4 años de prisión, accesorias legales y costas de este proceso y al pago de una multa de 5.000.000 de pesos, por considerarlo autor del delito de Lavado de activos.  

REVELACIÓN  

La causa “Revelación” demandó más de dos años de investigación y un mes de debate en juicio oral y público. El  tribunal estuvo integrado por los jueces Mariano Nicosia, Ivana González y Alejandro Rosales. 

Los condenados fueron ocho: los exfuncionarios Pablo Oca, Diego Correa,  Alejandro Pagani, Martin Bortagaray, Víctor Cisterna, Diego Luters, Gonzalo Carpintero y el empresario Martin Castillo. 



Esta asociación ilícita empezó a funcionar a partir del tercer gobierno de Mario Das Neves, desde diciembre del año 2015. Tuvo como objetivo principal el pago de retornos por parte de empresarios de la construcción. Estos retornos derivaban de la adjudicación de obra pública. 
 
Varios de esos empresarios durante el proceso, fueron beneficiados con la suspensión de juicio a prueba. Para los investigadores estos empresarios fueron víctimas de la coacción por parte de los funcionarios y solo buscaban acceder al cobro de las obras ejecutadas. 

Los jueces hallaron culpables a Cisterna y Correa como organizadores de asociación ilícita, mientras que consideraron a Oca, Pagani, Bortagaray y Lüters como miembros de la misma. Carpintero fue absuelto por ese delito, pero condenado por enriquecimiento ilícito. El tribunal informó que debido al retiro de la acusación por parte de la fiscalía y las querellas particulares se vieron obligados a absolver a Gonzalo Carpintero Paterson, aunque a entender de los magistrados había elementos suficientes para considerar su inclusión dentro de esa organización. 

Los jueces consideraron que el exgobernador Mario Das Neves fue el jefe de esa asociación ilícita que funcionó desde diciembre del año 2015 hasta finales de octubre del 2017, cuando se produjo el deceso del mandatario provincial. 

Cisterna, fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión por haber organizado la asociación ilícita; Diego Correa, a 5 años y 6 meses de prisión; Pablo Oca, a 3 años de prisión efectiva; Alejandro Pagani y Martín Bortagaray, recibió la pena de 4 años y 8 meses de cárcel; Diego Lüters, fue condenado a 3 años de prisión efectiva; Gonzalo Carpintero, recibió 3 años de cárcel efectiva y una multa de $ 12.468.592, fue hallado culpable de enriquecimiento ilícito.  
Además, todos quedaron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos en cualquier estamento.  


ROYAL CANIN  

La ex ministra de Familia provincial, Leticia Huichaqueo, fue hallada culpable en la causa denominada "Royal Canin" del delito de peculado reiterado. Es porque vendieron las donaciones que habían sido otorgadas por asociaciones y particulares con el fin de asistir a los damnificados por la emergencia climática en Comodoro Rivadavia.  
 
El tribunal integrado por los jueces César Zaratiegui, Mónica García y Martín O’Connor, encontraron culpable a la ex ministra de familia de la provincia Leticia Huichaqueo por el delito de peculado en perjuicio de la administración pública. La sentencia fue igualmente condenatoria contra Marcelo Suárez y Juan Carlos Gómez, ex funcionarios de ese ministerio.  


 
A Huichaqueo y Gómez se los halló responsables del delito de peculado reiterado en carácter de coautores, mientras que para Suárez el delito en que se lo encontró culpable, fue el de falsedad ideológica en carácter de partícipe necesario, agravado por ser funcionario público. 
 
El fiscal general Héctor Iturrioz investigó el hecho y llevó adelante el proceso judicial. Oportunamente anticipó una pena provisoria de cinco años de prisión. Para Gómez, la pena de cuatro  años y medio. Además para ambos, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. 
 
Para Suarez, el fiscal general Iturrioz anticipó una pena provisoria de  tres años y medio de prisión más el doble de ese tiempo de inhabilitación para ocupar cargos públicos. 


CHITO ALARCON 

El Superior Tribunal de Justicia confirmó la condena impuesta a Oscar “Chito” Alarcón por enriquecimiento ilícito, por alrededor de 53 millones de pesos.  

Alarcón fue el responsable de Ceremonial y Protocolo de la Provincia desde 2003 a 2012 y de 2015 a 2018. 



La Justicia había determinado que sus ingresos como funcionario no le permitían justificar el incremento patrimonial que había tenido y lo condenó en primera instancia a 4 años y medio de prisión y una multa por el 100% del valor del enriquecimiento. 

Sin embargo, aquella condena fue apelada y la Cámara Penal de Trelew redujo la condena de Alarcón a 3 años de prisión de cumplimiento condicional y revocó la multa impuesta. 

Este fallo fue apelado ante el Máximo Tribunal provincial, que ahora confirmó lo dispuesto por la Cámara de Trelew. 


La emergencia climática en curso  

Se desarrolla el juicio en el marco de esta causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la adquisición de bienes y servicios para ser destinado a cubrir la emergencia climática suscitada en Comodoro Rivadavia a principios del año 2017 a raíz de un temporal de lluvia que afectó a toda la provincia de Chubut, en especial a la zona sur.  

El tribunal integrado por los jueces Miguel Caviglia, Fabio Monti y Jorge Novarino. Los fiscales encargados de esta investigación son Omar Rodríguez y Axel Williams.  

Están imputados el extitular de la Unidad Gobernador y secretario privado del exgobernador Mario Das Neves, Diego Correa, como así también Diego Luters, quien se desempeñaba también en Casa de Gobierno. 

En este mismo proceso se encuentra imputada también la exministra de familia Leticia Huichaqueo, y quienes también oficiaban de funcionarios en esa cartera provincial: Marcelo Suárez, Cristian Orsi y Vanina Barale. 

La nómina de imputados se completa con los empresarios y proveedores Franco Finiguerra, Marta Fracasso, Bruno Taurelli Chiribao, Guillermo Williams, César Hughes y Cecilia Sabada. 

El fiscal solicitó se amplíe la investigación en 10 hechos nuevos y se impute a un empresario Cristian Hernán Lobos Rozas; y a funcionarios municipales que ya estaban imputados Joaquín Mansilla, Abel Boyero y Rubén Palomeque. Los defensores no plantearon objeción y finalmente la jueza penal autorizó la ampliación de la investigación del caso. 

Se les imputó fraguar la existencia de máquinas, hicieron figurar que trabajaban máquinas que no lo hacían, máquinas que habían alquilado por un mes, las hicieron figurar que trabajaron dos o tres meses. Asimismo, figuraban trabajando choferes que no estaban habilitados, que manejaban tres o cuatro máquinas a la vez. Se hace figurar trabajar un camión trabajando tres meses, cuando en realidad trabajó solo un mes. 

El juicio se lleva a cabo entre varias maniobras de la defensa con pedidos de recusaciones. Primero del tribunal y luego de los fiscales. La última estaba pendiente de resolución al cierre del presente informe.  

En etapa de investigación 

Hay varias causas que todavía no llegaron a juicio, pero lo harán próximamente. Entre las más relevantes se encuentran la compleja causa de Lotería, que investiga presuntos hechos de corrupción en ese organismo mediante la contratación de “empresas amigas”.  

El fiscal a cargo es Alejandro Franco quien en solicitó en junio pasado la ampliación de la apertura de la investigación en curso dando cuenta de nuevos hechos y calificaciones legales provisorias a los imputados, Josué Dahur, Federico Verdeau, Jordán Salinas, Martín Villegas y Diego Correa.  



El fiscal informó que Lotería del Chubut -IAS-, a través del ex Gerente General, Federico Verdeau y del ex Gerente de Relaciones Institucionales, Josué Dahur durante el período investigado, contrató en 89 oportunidades a la empresa Sono Eventos -empresa adjudicada a Dahur en la que aparecen Villegas y Salinas como titulares- para proveer de imagen y sonido al Bingo de Trelew.  

En paralelo, el extitular Carlos Barbato, su padre, su esposa y su chofer están siendo investigados por enriquecimiento ilícito durante el tiempo que el ex funcionario provincial se desempeñaba al frente del organismo.  

La acusación contra Barbato, Carlos Mario Barbato (su padre), Érica Perrone (su esposa) y Adrián Quinteros (el chofer) es por enriquecimiento ilícito, delito que prevé prisión de dos a seis años, multa de dos a cinco veces el valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.  

La causa “Servicios Públicos”, tiene como principal acusado al exsubsecretario de servicios públicos Pablo Korn. Se investiga si el entonces funcionario favoreció al empresario a su amigo y socio, Leonardo D´Amico,  con  contrataciones algunas durante la emergencia climática en Comodoro.  

En tanto por enriquecimiento ilícito están abiertas causas contra Leonardo Aquilanti y la familia Das Neves. En el primer caso, se investiga un incremento patrimonial de 400 mil dólares durante los últimos años de quien fuera exsubsecretario de Bosques, extitular de Lotería y actual integrante del directorio del Banco del Chubut.  Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams aseguran que  no contó con ningún otro ingreso que no sea su sueldo como funcionario. 

También la familia del extinto gobernador está siendo investigada por su incremento patrimonial. Das Neves fue tres veces gobernador de la Provincia y sus hijos ocuparon cargos públicos durante sus mandatos. También se investiga el patrimonio de quien fuera su esposa, Raquel Di Perna. La causa está a cargo del fiscal, Marco Nápoli.