NOTA DE GRAFICA - RIO NEGRO
22/06
Conflicto territorial: Cerro Otto en llamas
Nación emitió una resolución que reconoce el derecho a la ocupación de la Lof de Quijada sobre 300 hectáreas. Una vieja ordenanza las declara propiedad del Ejército mientras que el intendente, Gustavo Genusso, también reclama para el Municipio
 

A la situación de pandemia en Bariloche se sumó otro frente al que el intendente, Gustavo Gennuso, buscará darle pelea. Se trata del conflicto que se destapó con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y las comunidades mapuches de la Lof de Quijada, que reclaman el derecho a la propiedad a más de 300 hectáreas de la base del cerro Otto. Esta disputa tomó un giro que no estaba en los planes del jefe comunal tras la publicación en el Boletín Oficial de Nación, donde, por medio de la resolución 43/2021, dictaminada por el INAI, conducido por Magdalena Odarda, se reconoce “la ocupación actual, tradicional y pública” de 304 hectáreas a “la comunidad Lof Che Jose Celestino Quijada, del pueblo Mapuche”. 

 Desde hace más de una década la comunidad Mapuche busca el reconocimiento de la propiedad a las tierras de la base del cerro Otto. Sin embargo, será la Justicia nacional la encargada de poner fin al fuego cruzado entre el Municipio, el Estado argentino, el Ejército y la empresa Arelauquen. Todos estos actores buscan meter la cuchara en un terreno pródigo tanto para el turismo como para la obtención de recursos naturales. Por un lado, la comunidad solicita el reconocimiento a que ellos viven allí desde hace más de 70 años, mientras que, por el otro, ni las Fuerzas Armadas ni la empresa hotelera quieren ceder parte de su territorio para ello.  

“La tierra es de quien la trabaja” es una de las frases más reconocidas del revolucionario mexicano Emiliano Zapata; sin embargo, no es algo que se cumpla en esta oportunidad, ya que la resolución firmada por el INAI solo reconoce su derecho a la ocupación, no así la propiedad sobre esos terrenos. Hacia allá es donde apuntan los defensores de la comunidad, pero quien no parece estar del todo de acuerdo, al menos con las formas elegidas por el INAI, es el jefe comunal de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso, quien salió a criticar duramente la resolución nacional en su programa radial “El intendente responde” y aseguró que buscará impugnarla. “Tengo el deber de defender los intereses de toda la comunidad de Bariloche y su patrimonio público y privado”, disparó. A su vez, teniendo en cuenta que la ciudad se reconoce como intercultural, Gennuso explicó que busca “garantizar el respeto a la identidad cultural y a la preexistencia de los pueblos originarios de la región”, pero que “institucionalmente no actuaron bien, por eso pedimos la nulidad”. Aunque la intención del INAI es que se reconozca a aquellas tierras como propiedad de la comunidad indígena, de momento es algo que se percibe muy lejano. No obstante, Gennuso ya apuntó sus cañones a Odarda, de quien supo ser asesor durante la época de senadora nacional por Río Negro.  

“El INAI, sin preguntar a los que están en el territorio, pasa sobre todos. Lo que planteamos nosotros no es contra la comunidad, ni discutimos lo que pide; queremos que las comunidades sean reconocidas, pero no generando un problema donde no lo debería haber”. Estos dichos no fueron bien recibidos por la Lof de Quijada ni por la representación legal de Asuntos Indígenas. El abogado Julián Fernández dijo a La Tecla Patagonia: “Nos sorprende lo de Gennuso, porque él nos tiene que ayudar como intendente de Bariloche”. Agregó el mandatario: “Tenemos entendido que el Municipio de Bariloche es intercultural, es decir, reconoce en el ejido municipal a las comunidades indígenas”. Por otra parte, no hizo oídos sordos y respondió a las acusaciones del intendente. “No tenemos la potestad de ceder tierras, simplemente reconocer a las comunidades un uso y una posesión en el marco de la ley”. Es decir que, pese a los dichos de Gennuso y a la resolución del organismo, no existe una adjudicación de aquellas tierras a la comunidad indígena. Para eso deberán determinar entre las distintas partes una mensura que, hoy por hoy, parece imposible, ya que desde Arelauquen no están dispuestos a ceder terreno para ponerle fin a este conflicto. Todo parece indicar que los reclamos del Municipio barilochense no tendrán cabida dentro del litigio, ya que, simplemente, se trata de “una queja como la que puede hacer cualquier persona”. Sin embargo, lo que traba hoy la situación es la fuerte postura de la empresa hotelera.  

En la actualidad, la Justicia nacional determinó dos medidas cautelares contra Arelauquen: la solicitud para que abran el paso provisorio para que la comunidad pueda acceder por un camino más corto y otra que dispone la prohibición de construir en el terreno disputado. “La empresa apeló, no está en la voluntad de Arelauquen cumplir con lo que dice el juez. Tan claro es eso que solicitaron la remoción de Gustavo Zapata, el que determinó la cautelar”, aseguró el abogado. Por ahora, la posibilidad de instrumentar la propiedad comunitaria indígena depende de la existencia de “una voluntad política que hoy no existe”, disparó Fernández. “El reconocimiento a las comunidades no tiene que ser solo folclórico; necesitan una tierra donde asentar su modo de vida y costumbres”, concluyó el letrado. 

 

MATIAS SCHRAER - REPRESENTANTE LEGAL LOF DE LA QUIJADA 

“Pasaron de cultivar la región a comer de los basurales” 


Hace alrededor de 70 años que la comunidad Lof de Quijada está asentada en la ladera sur del cerro Otto. Provenientes de El Manso, hombres, mujeres y niños indígenas llegaron a aquel territorio virgen, donde se instalaron junto a sus animales para pastorear y cultivar. Sin embargo, una serie de sucesos desde el 2007 hasta ahora han modificado sus condiciones de vida drásticamente.  

Fue en aquella oportunidad cuando la empresa Arelauquen “alambró el perímetro y les cortó el acceso a la vía pública con el que llegaban hasta la ciudad”, explicó Matías Schaer, representante legal de la comunidad. “Ese alambrado les privó de 30 hectáreas” del territorio que hasta ese momento habitaban. La principal dificultad que tuvieron que atravesar tras esta situación fue la imposibilidad de trasladarse cotidianamente hasta la ciudad, lo que significó básicamente “el encierro y la exclusión”.  

Los habitantes de la pequeña Lof pasaron de transitar su habitual recorrido de 15 minutos a pie a tener que ir por uno alternativo, al que se puede acceder solo una vez llegado a la punta del cerro, a donde únicamente es posible llegar en algún vehículo. Una vez allí hay que recorrer una hora y media más caminando. “Esto hizo que muchos de ellos dejaran de ir a la comunidad o busquen otro lugar para vivir, porque trasladarse con comida y herramientas era prácticamente imposible”, explicó Schaer. Tan drástico fue el cambio de vida que abandonaron la comunidad por las difíciles condiciones para habitarla, y cayeron en una “extrema pobreza que hoy en día los tiene viviendo de lo que encuentran en los basurales”, detalló el abogado. 

 

El Municipio armó trincheras pero no quiso hablar  

Ante la consulta de La Tecla Patagonia, tanto el intendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso, como su representante legal eligieron el silencio. En momentos donde las papas queman, desde el Municipio prefirieron no avivar el fuego y dejar que la Justicia siga su curso. El único testimonio oficial tuvo lugar en el programa radial de Gennuso, “El intendente responde”, donde criticó a viva voz la resolución dictada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Habrá que esperar. 

 

TERRENOS DEL EJERCITO  

La ordenanza que podría cambiar la suerte del Intendente  


La intención del Municipio barilochense por meterse en la disputa de los terrenos del cerro Otto parece tener un precipitado final. Es que por más que el intendente Gustavo Gennuso intente adjudicar esas tierras a la localidad, existe una ordenanza (32-I-1977) en la que se firma la cesión de aquellas tierras al Ejército argentino. Cabe destacar que este procedimiento se dio en plena dictadura militar y fue de forma gratuita para la creación de una pista de “ski a la población de menores recursos económicos” por parte de las Fuerzas Armadas nacionales. Claro que, por ese entonces, el gobierno de facto buscó meter la cuchara para que los altos cargos dirigenciales se convirtieran en grandes terratenientes.  

A modo informativo, entre 1975 y 1980 Bariloche tuvo, nada más y nada menos, siete intendentes distintos, muchos de ellos elegidos por la cúpula militar. Algo que hoy parece impensado y que permite entender los secretos ocultos detrás de aquella cesión. Fue Carlos Mengheti, quien solo duró meses en el cargo, el que firmó la ordenanza. En tanto, el documento, al que accedió La Tecla Patagonia, es claro al respecto y señala que el Gobierno de la Provincia “cede gratuitamente al Ejército Argentino”, más específicamente a la Escuela de Instrucción Andina, una porción de las tierras, que fueron designadas catastralmente a las Fuerzas Armadas Nacionales. Que haya sido durante un golpe de Estado abre un ápice de esperanza para Gennuso, porque, a pesar de que hoy en día la ordenanza existe, no se descarta la posibilidad de anularla por las dudosas condiciones de su firma. 

 

MAGDALENA ODARDA (PRESIDENTA DEL INAI)  

El duelo Odarda – Genusso es clave para la disputa territorial  


Conocedora de la región, que supo representar en el Senado en el año 2014, Magdalena Odarda, actual titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas pone en duda que hoy en día Bariloche se comporte como un municipio intercultural. Ante la consulta de La Tecla Patagonia sobre la situación de las tierras del cerro Otto, Odarda se preguntó “quién autorizó cualquier permiso y permitió que se ocupen territorios por la comunidad” indígena. La actual presidenta del INAI apuntó a su exasesor y actual intendente, Gustavo Gennuso, por permitir “que el country cierre el paso a las familias mapuches, obligando a gente anciana a caminar kilómetros en la nieve”. “Durante años, las familias indígenas fueron arrinconadas sin que nadie dijera nada de esas condiciones”, aseguró, con relación al cerco perimetral que dispuso la empresa Arelauquen en el año 2007. Respecto de los dichos de Gennuso, que aseguró que el INAI “está pasando por encima de todos”, la presidenta del organismo y cabeza de la lucha Mapuche aseveró: “Nosotros elevamos y solo cumplimos la ley”. Por el momento, poco parece quedar de la buena onda que había entre el intendente y la exsenadora, que pasaron de compinches a contrincantes.