Por Alejandro De Angelis Esa discusión escaló en los últimos meses, tras la publicación de una solicitada de la organización XR Patagonia, denunciando una avanzada del Gobierno provincial contra la protección de la naturaleza, por la sanción de la Ley 3692, que Emergencia en Materia de Posesión y Tenencia de Tierras Rurales prohíbe por un año, prorrogables a dos, la creación de nuevas áreas naturales protegidas. Desde el Gobierno aseguran que se trata de un ordenamiento del suelo, necesario para conocer la realidad de la producción agraria santacruceña y mejorar las condiciones de producción. Desde las organizaciones lo ven como un cepo a los ambientalistas, que pugnan por la conservación del ambiente sin mayor intervención humana que la mera delimitación del territorio. Detrás de esa tensión, lo que subyace es un debate por la matriz productiva de la provincia. Santa Cruz es una de las provincias con menor diversificación de recursos. La industria petrolera, la minera y el Estado, son los mayores motores de la economía. Muy por detrás su ubica el Turismo, y sus derivados. La Corte habló Dentro de la misma discusión por el destino de las tierras, en 2019 la Fiscalía de Estado de Santa Cruz presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) una acción de amparo, solicitando que se declare “la nulidad y la inconstitucionalidad” de dos decretos firmados por el expresidente Mauricio Macri, que creaban reservas naturales silvestres en la provincia. Las dos áreas totalizan unas 20 mil hectáreas y fueron donadas Kristine McDavitt, viuda del magnate norteamericano Douglas Tompkins (The North FAce) y directora de la ONG Florea y Fauna. Por medio de sendas escrituras públicas, tanto la Administración de Parques Nacionales como la Agencia de Administración de Bienes del Estado aceptaron formalmente la donación, asumiendo el compromiso de declarar a los inmuebles como “Reserva Natural Silvestre”. Sin embargo, en el Gobierno santacruceño consideraban que avasallaba la jurisdicción provincial y creaba un peligroso antecedente. En los últimos días, la jueza federal Marta Yañez declaró inconstitucional el decreto de Macri. En su fallo afirmó que la creación de la Reserva Natural Silvestre Patagonia por decreto implicó "una restricción considerable a la jurisdicción provincial sobre los territorios involucrados, sin haber existido una previa e insoslayable cesión por parte de la Legislatura provincial". Lo resuelto por Yañez sentó un precedente para la provincia y el territorio argentino. Se trata de un impedimento judicial ante la operatoria de organizaciones ambientales que, con un fuerte apoyo económico detrás, buscan determinar por el destino de las tierras producto de su gran poder de compra. Sin embargo, el hilo entre la soberanía exigida por las provincias y el derecho del legítimo dueño a definir el destino de su terruño, deja abierto un campo de interpretación en el derecho, que aún debe zanjarse. ¿Tierra arrasada? Una de los fundamentos sobre los que se apoya la solicitada de la organización XR Patagonia, es en el que indica que según el Censo Nacional Agropecuario de 2018, Santa Cruz sufrió la degradación del 34% de sus hectáreas productivas en los últimos 16 años. Además, aseguran que el INTA estimó que el 77% del suelo se encuentra en estado de desertificación grave o muy grave. Respecto de las últimas cifras, funcionarios provinciales consultados por La Tecla Patagonia ponen sus reparos sobre la veracidad de los números, que consideran fueron tomados de estudios realizados hace 30 años, y no reflejan el escenario actual agrario. “Antes los productores no sabían cómo cuidar la tierra, porque nadie se los había explicado”, cuentan, y aseguran que eso cambió de un tiempo a esta parte. Aunque desde el oficialismo lo nieguen, más allá del necesario relevamiento, la cuestionada Ley no deja de significar un guiño para los productores, que desde hace un tiempo alertan sobre el avance de las organizaciones ambientalistas que, detrás de un noble fin como lo es la conservación del ambiente, avanzan sobre el territorio y operan para desplazar a productores y antiguos propietarios. “La ley trata de tomar el tiempo necesario para un ordenamiento” El titular del Consejo Agrario santacruceño, Javier de Urquiza, aseguró en diálogo con La Tecla Patagonia que se trató de “una Ley que la Legislatura promulgó el año pasado, que se publicó en el Boletín Oficial en enero que apuntaba a una relativa prohibición hasta que se haga un ordenamiento”. En tal sentido, el funcionario consideró que “el ordenamiento es necesario porque estaba ocurriendo que había un avance de estas ONG´s sobre distintos establecimientos rurales en la provincia. Lo que se trató de hacer es una prohibición temporaria, por un año prorrogable por otro más, hasta que se hiciera un buen relevamiento que permitiera después armar un programa de desarrollo agropecuario”. En esa línea, De Urquiza afirmó que “estas organizaciones tienen esta costumbre de hacer compras y no respetar las propias facultades que tienen las provincias. La Suprema Corte dio para atrás a una declaración de una reserva natural silvestre que había hecho Flora y Fauna sin cumplir lo que dice la Ley. Esta norma lo que trata es de tomar el tiempo necesario para un ordenamiento, que ya está en curso. Hay mucho información ya obtenida, y lo que hicieron algunos diputados fue presentar un proyecto para cumplir con la prorroga”. LA OPOSICIÓN APUNTA AL GOBIERNO En comunicación con este medio, desde la UCR manifestaron su lectura respecto de la disputa abierta entre las organizaciones ambientalistas y el Gobierno. Cuestionan que De Urquiza “defienda solo a los ganaderos y no cumpla su verdadero rol”, y lo señalan como el responsable de que “no haya presupuesto para realizar los planes de manejo y protección de las áreas protegidas de la provincia”. Y denuncian: “el Gobierno no protege las reservas naturales y en cambio saca una norma para que no se creen nuevas. Claramente esta de un solo lado de la mesa”. MIGUEL O’BYRNE - PRESIDENTE DE FIAS El titular de la Federación de Instituciones Agropecuarias Santacruceñas (FIAS), Miguel O´Byrne, aseguró a La Tecla Patagonia respecto de la ONG que “es un grupo, que ni siquiera es muy técnico, porque carece de rigurosidad técnica y entra en un montón de suposiciones con información bastante inventada. Es mal intencionado el enfoque que tiene”. Asimismo, resaltó que la Ley 3692 “se creó en la Legislatura para darle a la provincia un lugar para hacer un ordenamiento que no tiene, un plan estratégico. Mal puede ser tomada como una ley para proteger a los productores, porque habla de todo. De que tiene que ser abarcativa, no solamente por el Consejo Agrario, Producción, Ambiente y luego compartir con el resto de la sociedad”. |