Avanza la suspensión de Intendente santacruceño pero aseguran que "no es legal"

La crisis institucional que se vive en la localidad santacruceña de 28 de Noviembre sumó un nuevo capítulo. Ahora, el intendente Fernando Españón (Frente de Todos), desestimó a través de su abogado la suspensión votada por el Concejo Deliberante local, que deberá definir el Tribunal Superior de Justicia de la provincia. 

Españón fue denunciado luego de que echara a una integrante del COE local, en medio de un confuso episodio, que derivó en la denuncia de la mujer contra el Intendente por violencia de género. Además, perdió apoyo político de su espacio y no cuenta con ningún concejal que le reporte, así como tampoco el diputado por el pueblo, Hugo Garay. 

“Solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, como medida cautelar, la suspensión en sus funciones del intendente de la Municipalidad de 28 de Noviembre, Sr. Fernando Españón...”, se lee en el artículo primero de lo que votaron por unanimidad los ediles en la jornada de ayer. 

Sin embargo, fuentes judiciales coinciden en que la presentación carece de validez. En eso se basará la defensa de Españón para desestimar el avance en su contra. "Es un efecto político porque no lo pueden efectivizar. No es el camino legal. Es un efecto desestabilizador y antidemocrático", aseguró el abogado del intendente, Carlos Muriete, en diálogo con La Opinión Austral. 

Muriete informó además que presentaron una demanda que hicimos púbica por el conflicto de poderes contra el Concejo Deliberante. "Pedimos que el Tribunal Superior de Justicia lo resuelva. Por ejemplo, quieren dividirse en sub lemas para tener más cargos", sostuvo el letrado para quien "indudablemente, hay un distanciamiento político importante".