Denuncian al secretario de Trabajo por presuntos delitos contra la administración pública

 Federico Ruffa, en calidad de abogado de la empresa Inpat SRL,  presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal contra el secretario de Trabajo de Chubut, Cristian Ayala. Sostiene que el funcionario es socio de una nueva prestadora de la obra social provincial Seros, con quien la empresa que patrocina mantiene un litigio de larga data. 

Según la denuncia que reproduce el matutino Jornada, “en el marco de esa disputa, Seros realizó una pantomima de licitación, con groseros errores desde el punto de vista de la legislación de salud mental y desde el punto de vista de cualquier normativa de contratación pública”.

“Desde antes de ese falso proceso licitatorio, se sabía, era vox populi, que el elegido para llevar adelante la operación del nuevo servicio era el Dr. Gustavo Acuña”, un reconocido traumatólogo de Trelew. Según el denunciante, “desde hace un tiempo largo también se sabe que el Dr. Acuña se había asociado para tomar el servicio con el conocido pesquero Tomás Oliver. Este último es el propietario del ex Hotel Punta León de Playa Unión, hoy devenido en una (próxima) residencia para adultos mayores con el mismo nombre”, expresó Ruffa.

El denunciante agrega: “La cuestión se tornó aún más escandalosa cuando comenzó a correr el rumor de que además de Oliver y Acuña, el emprendimiento en Playa Unión contaba como socio también con el Dr. Cristian Ayala, que además de ser actual secretario de Trabajo es también abogado interno de Seros y, al mismo tiempo, abogado de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, sindicato que nuclea a los empleados de la sanidad del sector privado”.

Ruffa acusa a Ayala, además, de perjudicar a INPAT en el conflicto con Seros: “Existió un claro hostigamiento y persecución a INPAT. Extrañamente comenzó a ser inspeccionada con mayor habitualidad y por cualquier motivo”, señala.

El denunciante le indica al fiscal Rodríguez que “las conductas arriba descriptas encuadran en los tipos penales de negociaciones incompatibles con la función pública; fraude a la Administración Pública; e incumplimiento de deberes de funcionario público.