Otro efecto de la pandemia: causas judiciales congeladas

Por Alejandro De Angelis 

En tiempos de pandemia, todo se volvió más lento. No solo por los protocolos, sino también por la imposibilidad de realizar muchas actividades presenciales. En ese triángulo de las bermudas entró la Justicia, uno de los ámbitos del Estado que mayor atraso tiene en materia de digitalización, algo que agravó su tendencia a la demora.

Sin embargo, los retrasos del Poder Judicial no fueron malos para todos. En el caso de los funcionarios y exfuncionarios que mantienen causas abiertas, resultó un beneficio, ya que para la mayoría de ellos los procesos se dilataron. En la región, el movimiento de causas fue escaso y, aunque hubo noticias en materia jurídica, fueron aplacadas por la pandemia que con su inesperada aparición arrasó con todo.

Un caso paradigmático a nivel nacional fue la causa por presunto fraude en la obra pública de Santa Cruz contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios de su Gobierno. Allí el juicio que se llevaba a cabo debió suspenderse en marzo por las medidas de prevención ante la declaración de la pandemia mundial. En agosto, las audiencias se reanudaron mediante un sistema mixto: el Tribunal Oral y los testigos en una sala de audiencias y el resto de las partes mediante la plataforma digital de Zoom.

En dicha causa también son juzgados el ex secretario de Obras Públicas José López, el empresario Lázaro Báez y el exministro de Planificación Julio De Vido, el ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal Carlos Kirchner, entre otros. El hiato de una causa que avanzaba a paso firme fue de casi cinco meses pero, por su relevancia pública y mediática, fue de las primeras en reanudarse de forma remota.

La defensa de (Carlos) Kirchner planteó la nulidad de la audiencia, ya que consideró que la videoconferencia no es el sistema que la ley prevé y que la Corte fijó en la acordada 31que para hacerlo de esa manera se debe tener la conformidad de las partes. Las mismas críticas también fueron planteadas por otras defensas que pidieron expresamente estar en la sala de audiencias.

Por otra parte, el Tribunal aceptó el pedido de los abogados para que las declaraciones de mayor trascendencia se realicen de manera presencial, por lo que inevitablemente se producirá un retraso hasta que se retome la actividad con normalidad.

En Comodoro Rivadavia, autoridades judiciales decidieron a fines de agosto postergar el juicio oral contra Juan Khouri, subsecretario de Economía local, imputado por un presunto abuso sexual que habría ocurrido en marzo de 2017 en el edificio de la Municipalidad. La medida se adoptó en concordancia con una resolución que emitió el Superior Tribunal de Justicia de Chubut sobre la suspensión de actividades judiciales durante 14 días. El acusado se encuentra en libertad.

La emblemática investigación conocida como “Causa Revelación”, que reveló un irregular mecanismo de cobros y pagos de coimas vinculadas a la obra pública en la provincia de Chubut durante la última gestión del exgobernador  Mario das Neves, siguió su curso.

Las audiencias continuaron por teleconferencia. Allí el fiscal Marcos Napoli decidió avanzar en la suspensión de juicio a prueba con más de 25 empresarios o a cambio de que realicen obras a modo de reparación económica al Estado. También accedió a un acuerdo con los abogados de los exfuncionarios Pablo Oca y Gonzalo Carpintero, quienes aceptaron su culpabilidad a cambio de no ir a un juicio oral y de que les sea bajada la pena, que será excarcelable.

En Río Negro, pese a las limitaciones del caso, avanzó la audiencia de apelación  a las condenas por el pago de sobresueldos para parte del gabinete del ex gobernador Miguel Saiz, que incluyen prisión de tres años y medio para César Barbeito y Francisco Gonzalez.

El 9 de setiembre se sabrá la resolución del STJ en  la causa que tiene siete ex ministros condenados. Los hechos se dieron entre el 2004 al 2011. La causa se inició en febrero del 2011 y la condena se conoció el 10 de agosto del 2018. La próxima semana, de manera virtual, podría llegar a fin tras casi 10 años de proceso.

No corrió la misma suerte la causa contra el exdiputado provincial y dirigente de la fruta, Rubén López. Acusado de liderar una asociación ilícita y que contaba con la presunta complicidad de otros dirigentes, en el manejo del gremio. Lo que sería el inicio del juicio oral en mayo de este año se postergó por la pandemia y aún no tiene fecha de reanudación. Según aseguraron fuentes judiciales, en este caso no podría desarrollarse de manera presencial ya que cuenta con varios imputados y, asimismo, la intervención de abogados particulares, integrantes de la fiscalía y el tribunal. Aún no hay fecha para su ejecución.

En Bariloche, la causa por los aportantes truchos a la campaña del actual intendente Gustavo Gennuso sufrió numerosas postergaciones. En noviembre del año pasado la audiencia de formulación de cargos a pedido de la defensa. En febrero volvió a postergarse por un cambio en los abogados de Viviana Gelain, actual Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano de la Comuna y  principal acusada en la causa. Sigue sin avances.

En Neuquén la modernización de la Justicia es un hecho. Sin embargo, la implementación de juicios por jurados complicó el funcionamiento, ya que se trata de una modalidad que hasta el momento solo se realiza de forma presencial. Esto complicó el avance de diversas causas y originó el proyecto del Ministerio Público Fiscal para extender las prisiones preventivas hasta fin de año.

Respecto de la política, el dirigente petrolero Guillermo Pereyra, fue acusado de realizar negocios en torno a las licitaciones de la empresa estatal YPF. Sin embargo, luego de más de tres años de la investigación ni la Justicia neuquina ni la federal, ha llegado aún a ningún resultado. La pandemia vino a profundizar esa quietud.

Una investigación que sí avanzó fue la de las ordenanzas cajoneadas durante la gestión de Horacio “Pechi” Quiroga en el Municipio de Neuquén, pero se encuentra en su fase preliminar. El fiscal en jefe Pablo Vignaroli anunció en los últimos días que no habrá unificación de causas, ante la presentación de dos denuncias distintas sobre el hecho. Asimismo, se informó que no se designó a un fiscal del caso porque todavía se acumula información hasta definir si hubo delito en el accionar.

En octubre del año pasado el Tribunal Oral Federal 7 condenó a cuatro años de prisión al ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) el empresario Juan Carlos Lascurain, al ex intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, y al diputado provincial santacruceño Matías Mazú.

Tras la sentencia, Mazú advirtió que apelaría el fallo. Por ello, el juicio aún no cuenta con sentencia firme, por lo que los acusados siguen en libertad. Desde entonces, no hubo avances en la causa y aún resta conocer si habrá una sentencia definitiva que reafirme o revierta el fallo en primera instancia.

El congelamiento benefició a aquellos que se encontraban en aprietos, y perjudicó a los que esperaban un revancha en los tribunales. Sea como sea, volvió a dejar expuesto al sistema de justicia cuando se trata de juzgar al poder. Quedará para la post pandemia el balance de lo actuado por el Poder judicial patagónico.