RIO NEGRO
15/07/2020
Concejales opositores exigen a Gennuso volver a tratar el contrato del Cerro Catedral
En la sesión de hoy se hará el pedido formal. Los ediles sostienen que en el contrato firmado en junio pasado entre Capsa y el Ejecutivo, se modificaron plazos y condiciones del proyecto original aprobado en 2018
La polémica por el contrato que extiende la prórroga de concesión del Cerro Catedral a favor de la empresa Capsa en Bariloche, continúa.  Los concejales del Frente de Todos, acompañados por alguna bancada unipersonal, pedirán hoy al Intendente volver a tratar en el Concejo, el acuerdo firmado en junio al considerar que se hicieron modificaciones respecto al aprobado por el cuerpo en el año 2018. 

El mes pasado, el bloque de ediles del Frente de Todos, había requerido una copia del contrato al Ejecutivo. Luego de su análisis, se evidenció que se habrían modificados plazos y condiciones en el mismo respecto al contrato original aprobado por el Concejo, por lo que cabría, según entienden,  un nuevo tratamiento en el Deliberante. 

Tal como publicó La Tecla Patagonia, el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, avanzó el 2 de junio pasado con la firma de la prórroga de la concesión del Cerro Catedral a favor de la empresa Capsa - Vía Bariloche, propiedad de la familia Trappa, que también concentra el transporte terrestre y aéreo hacia la localidad.  Lo hizo en medio de una luz legal luego que la Cámara Civil de Bariloche, considerara abstracta la causa judicial que mantenía frenado el avance. 

La prórroga, en rigor, fue aprobada por el Concejo Deliberante en el año 2018 por la mayoría que entonces ostentaba Gennuso en el cuerpo más el voto de los ediles de Cambiemos. El debate se dio en medio de un fuerte clima de tensión social y con la negativa de varias organizaciones ambientales y de vecinos, que pedían la convocatoria a una consulta popular.

Entre los cuestionamientos realizados por parte de la oposición y los vecinos, está el hecho que se extienda la concesión por 30 años; que se haga a cinco años que opere el vencimiento del contrato; que no se llame a una nueva licitación; que se habilite el desarrollo inmobiliario en tierras consideradas por la Carta Orgánica como “inalienables”; y la falta de estudios de impacto ambiental correspondientes. (Disposiciones Completarias. Nro 18. “El pueblo de San Carlos de Bariloche, a través de sus autoridades, reivindica el derecho excluyente sobre el Cerro Catedral y las tierras circundantes como porción inalienable de su patrimonio, y reclama la compensación económica por la ilegítima apropiación y explotación por parte del Estado de la Provincia de Río Negro”). 

El proyecto que otorga la concesión hasta el año 2056 contempla la ampliación del área esquiable;  la colocación de más medios de elevación, tecnología de fabricación de nieve artificial y la explotación de un nuevo emplazamiento urbano mediante un futuro desarrollo inmobiliario. 

En total la inversión prevista es 22 millones de dólares hasta el año 2023. Luego de ese período, no se fijaron inversiones. Se estableció que las partes se volverán a sentar para negociar. 
La disputa judicial llevó más de dos años y se dio a través de la impugnación de entonces referentes del Frente para la Victoria,  no solo de la resolución del acuerdo que Gennuso firmó con Capsa,  sino también de la ordenanza que aprobaba la prórroga directa, sin licitación.

Sin embargo, legislador Alejandro Ramos Mejía, uno de los demandantes desistió de la acción en diciembre del año pasado y a raíz de esto , los jueces Emilio Riat, Carlos Cuellar y Jorge Serra consideraron que el planteo quedó abstracto. Trece días después de esa sentencia, y en un contexto de plena pandemia por avance del coronavirus, el Jefe Comunal, estampó su firma y avanzó con la extensión de la concesión por 30 años. 

Sin embargo, el derrotero judicial sigue. Una nueva presentación de la agrupación “Vecinos por un cerro para todos”, acompañada por varios dirigentes de la oposición, pide al Superior Tribunal de Justicia que declare la inconstitucionalidad de la ordenanza sancionada en 2018.