La Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió un documento de respaldo al posicionamiento adoptado por el Poder Judicial de Chubut ante la intención del Poder Ejecutivo de avanzar en plena pandemia y crisis sanitaria en la autarquía financiera.
“Ante versiones periodísticas que circulan en la provincia de Chubut que son de público conocimiento, la junta ya tiene dicho que la independencia e imparcialidad de los jueces tiene su bastión en la observancia estricta de las reglas que cada constitución establece. Como se lo ha señalado reiteradamente, el Estado de Derecho presupone el respeto a la división de poderes, a la ley como expresión de la voluntad popular y la existencia de un poder judicial imparcial e independiente. Es precisamente, el rol de la justicia garantizar las libertades y derechos de los ciudadanos, la tutela judicial efectiva y el acceso a la jurisdicción, especialmente, de los sectores más vulnerables”, sostiene el documento firmado por la Dra. María del Carmen Battaini, presidenta de JU.FE.JUS.
“Para cumplir acabadamente esta función es necesaria la independencia, autonomía y autarquía real. Hasta tanto ello suceda es obligación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, suministrar los fondos pertinentes para satisfacer los requerimientos necesarios a fin de que los Poderes Judiciales cumplimenten las obligaciones que surgen, no solo de la Constitución, sino también de las Convenciones Internacionales. Nuestro compromiso con los justiciables es garantizar no solo la imparcialidad e independencia, sino también, la celeridad, eficacia, eficiencia y por sobre todo el acceso a la jurisdicción. Resultando inadecuada cualquier decisión inconsulta que afecte la independencia y ponga en riesgo la existencia misma del Poder Judicial de Chubut”, agrega el comunicado.
“En este orden de ideas, señalamos que asegurar recursos no es asegurar que sean suficientes y que no sólo la calidad sino la prestación aún mínima del servicio depende de su suficiencia. Es por ello que es indispensable que esos recursos estén definidos sobre bases bien conocidas y analizadas por el pueblo, que quienes lo representan en la Legislatura cuenten con la evaluación y consejo de quienes son responsables de aplicarlos eficientemente y a quienes, por ello, la Constitución de la Provincia inviste de la potestad de dirigirse directamente a su Legislatura para hacer conocer su criterio”, culmina el documento.
El Poder Ejecutivo envió la semana pasada un proyecto para dotar de autarquía financiera a los otros dos poderes del Estado: el Legislativo y el Judicial. La iniciativa fue inconsulta y generó el repudio de varios sectores de la sociedad. Desde el Poder Judicial cuestionan lo extemporáneo del proyecto y al mismo tiempo, el hecho de no haber sido consultados.
Además, en el articulado del mismo no se establece ciertamente cuáles son los fondos disponibles mediante los cuales se asignaría el porcentaje correspondiente a los poderes en cuestión. Se establecen un monto del 2,30% de los ingresos provenientes de rentas generales de libre disponibilidad para el Legislativo; y un 7,46% para el Judicial. La Provincia tiene fuerte compromisos de deuda en moneda extranjera y local, por lo cual, la duda cierta es cuántos son los fondos que tienen libre disponibilidad.
Por otra parte, los trabajadores tanto del Poder Judicial como el Legislativo, hace dos meses que no cobran sus salarios. La Provincia adeuda a la fecha dos masas salariales más la correspondiente al mes en curso.
Al mismo tiempo desde el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina mediante un comunicado expresaron:
"I) Que, sin que esto importe intromisión alguna en el manejo institucional local, es necesario recordar a las autoridades de la Provincia del Chubut que el art. 5 de la Constitución Nacional pone como condición para garantizar a cada provincia el ejercicio de sus instituciones, el aseguramiento de su administración de justicia. Que su omisión coloca al estado provincial en una clara posición de debilidad institucional.-
II) Que reconocer autarquía financiera tanto al Poder Judicial como al Poder Legislativo importa, cuando sus medios y fines evidencian un alto espíritu republicano, un salto de calidad colectivo y refuerza el engrandecimiento democrático estatal. Se erige en el escudo protector de futuras intromisiones y desequilibrios entre los poderes.
Pero cuando se pretende introducir modificaciones estructurales de tal envergadura, mediante cambios coyunturales, que no aseguran un financiamiento adecuado a dichos Poderes, la acción se transforma en una vía de sojuzgamiento de los mismos, quienes al no poder mantener su estructura, van a necesitar del buen ánimo del Poder Ejecutivo, para solventar sus déficit.
Con ello se aleja del Estado Provincial la idea de equilibrio de poderes, y el Administrador se transforma en un órgano macrocefálico que condiciona y termina direccionando, aunque sea de manera indirecta, a los otros dos poderes.
III) Que una ley de autarquía que pretenda constituir una política de Estado debería contemplar básicamente:
1) Un porcentaje mínimo, razonable y adecuado del presupuesto provincial para el Poder Judicial, y otro para el Poder Legislativo.
2) Una disposición que garantice la transferencia automática de los fondos.
3) La prohibición de aprobar un presupuesto sin que se contemplen esos porcentajes mínimos (ver art.150 inc. 4 Constitución de San Juan).-
IV) Que una modificación de este nivel, requiere, cuanto menos, del análisis exhaustivo y comprometido de los tres poderes que, de manera armoniosa, resuelvan a futuro un funcionamiento equilibrado y sano de las instituciones provinciales. La voluntad solitaria del Poder Administrador, compromete en el corto plazo y a futuro, el desenvolvimiento orgánico provincial, y deja expuesta una voluntad inicial viciada.
Al momento de reformar, hay que evitar miradas sesgadas y parciales que sólo conducen inexorablemente a los otros Poderes – Judicial y Legislativo- a una situación de imposibilidad de operar y con ello a un estado de denegación de justicia a la ciudadanía y a un claro incumplimiento de las condiciones establecidas en el art. 5 de la Constitución Nacional, con sus ya advertidas consecuencias institucionales.-
V) Que la situación financiera que atraviesa la Provincia de Chubut, a partir de los problemas de público conocimiento que impactan básicamente en el pago de las remuneraciones a los dependientes, proveedores y también en la prestación de servicios, genera un panorama y un clima social que no aparece como el adecuado para introducir en esta instancia una reforma estructural de semejante trascendencia, que conduciría de manera inexorable a una falta de armonía entre los poderes , y con ello, un desfasaje institucional que repercutiría directamente sobre la población de Chubut.
Vl) Que a partir de lo expuesto, surge la imperiosa necesidad de peticionar al Poder Ejecutivo de la Provincia del Chubut y en general al poder político todo, se conforme una mesa de diálogo y acuerdo para analizar la conveniencia y, en su caso legislar una modificación que asegure, fuera de toda especulación política coyuntural, una reforma seria, provechosa y duradera, que repercuta en orden, estabilidad y justicia en beneficio de toda la ciudadanía del Chubut".
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