Argentina
Jueves, 2 mayo 2024
CHUBUT
5 de abril de 2020

Más denuncias contra Massoni por abuso de autoridad

El ministro de Seguridad de la provincia está en el ojo de la tormenta desde hace varios días debido al polémico accionar policial, que según apuntan los denunciantes, realiza procedimientos arbitrarios e ilegales en el marco del control del cumplimiento del aislamiento general y obligatorio

Más denuncias contra Massoni por abuso de autoridad - La Tecla Patagonia

En las últimas semanas, el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, se convirtió en el blanco de las críticas de buena parte de la oposición y ciudadanos en general, que a través de las redes sociales denunciaban que la policía cometía abusos de autoridad y realizaba detenciones arbitrarias.

En este sentido, concejales de Juntos por el Cambio de Esquel enviaron una nota dirigida al Gobernador Mariano Arcioni, con el fin de notificarlo acerca del accionar del funcionario provincial.

"De insistir en la aplicación de estas Resoluciones a todas luces ilegales, se estaría incurriendo en el delito de abuso de autoridad (Art.248 C. Penal), con el agravante de tratarse de hechos originados en el accionar irregular de un ministro del Gobierno Provincial que Ud. encabeza", apuntaron los ediles en el escrito.

La nota fue enviada también al vicegobernador Ricardo Sastre, en la que manifiestan su “preocupación por una serie de medidas improcedentes a nuestro entender, que ha tomado el señor ministro de Seguridad de la Provincia, Dr. Federico Massoni, en el marco de la presente emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus (COVID-19), adjudicándose atribuciones de legislador que exceden ampliamente lo dispuesto en la Constitución de la Provincia del Chubut y en la Ley de Ministerios ( Ley I Nº 667), en lo relativo a las funciones de los ministros provinciales”.

Los concejales reconocen en la carta que la falta de responsabilidad individual puede traducirse hoy en una amenaza a la salud colectiva, pero advierten que en el marco excepcional, “las acciones de prevención o represión que se lleven a cabo por el Poder Ejecutivo deben estar dentro del marco de la Constitución”.



 

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