15 de marzo de 2012
POLÉMICA EN NEUQUÉN
Consejo a medias
La Asociación de Magistrados y un grupo de diputados cuestionan al Consejo de la Magistratura. Tiene un presupuesto de $ 13,8 millones y el último año realizó sólo diez convocatorias. Le imputan que su estructura es muy grande para el trabajo que realiza
Ubicado en el elegante edificio de Carlos H. Rodríguez al 364, el Consejo de la Magistratura es uno de los organismos a los que se cuestiona en la provincia de Neuquén. No por la idoneidad de sus miembros, sino por las erogaciones que la estructura insume.
A grandes rasgos, el organismo tiene siete consejeros, con sus respectivos secretarios y asesores; 29 empleados y un presupuesto que este año trepó a los $ 13.822.185. Sus autoridades entienden que es “modesto” frente a los $ 10.173.767.972 de la gran torta provincial. Pero desde la oposición lo consideran “elevado”, en virtud de las (¿pocas?) tareas que realiza.
En ese sentido, los números hablan por sí solos. A lo largo de 2011, el Consejo lanzó diez convocatorias para la selección de jueces y otros funcionarios, concretándose la cobertura de cargos en seis de esos llamados. Eso fue todo, ya que su otra gran función -la de evaluar a los magistrados- le está vedada por un amparo que presentaron particulares y apoderados de la Asociación de Magistrados y que aún no se resuelve. Es decir, el Consejo funciona a media máquina.
Hay quienes como el presidente de esa Asociación, Richard Trincheri, entienden que el problema está en el sistema. Ya que, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias donde los consejeros son convocados cada vez que deben resolver una cuestión, el organismo neuquino funciona de forma permanente con salarios y gastos fijos todos los meses.
Los diputados del arco opositor también tienen sus reproches. Raúl Dobrusín (del UNE) dice que los números le llaman la atención y advierte que presentará un pedido de informes. Rodolfo Canini (del MUN), es menos diplomático y directamente acusa: “Lo que tenemos aquí es una estructura sobredimensionada que, en promedio, trabaja sólo dos días al mes”.
Los haberes
Según explicó el prosecretario administrativo, Pablo Villar, salvo el presidente que cobra sus haberes por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), los otros consejeros perciben sueldos que promedian los
$ 25.000, es decir algunos están por debajo de esa suma y otros por encima de los
$ 30.000. Sus secretarios y asesores cobran unos $ 9.000, y es por eso que se dice que cada consejero “le cuesta” $ 60.000 mensuales al Tesoro provincial. Los seis consejeros representan, entonces, una erogación de
$ 360.000 al mes y de $ 4.320.000 al año.
Al margen de sus autoridades, el Consejo tiene 22 empleados a los que se llama de planta pero que en realidad vienen contratados desde hace años. Dos de ellos son prosecretarios y cobran alrededor de
$ 14.000 cada uno, los otros 20 son agentes cuyos haberes promedian los $ 7.600. Los primeros representan una erogación de
$ 28.000 al mes y de $ 336.000 al año. Los restantes, $ 152.000 al mes $ 1.824.000 al año.
El alquiler
El Consejo tiene sus salas, oficinas y dependencias en cinco de los pisos con los que cuenta aquel moderno edificio, ubicado en pleno corazón de NQN capital. En agosto último, renovó el contrato hasta el 14 de junio de 2017 y pactó la forma de pago, con su propietaria (la firma Neldoret SA).
Quedó establecido, entonces, que durante este año pagará $ 45.000 al mes y que desde 2013 se irá a $ 62.585. Es decir que este año erogará $ 540.000 y a partir del próximo
$ 751.020.
Consultado por La Tecla Patagonia, el consejero Hugo Acuña explicó que “cuando se venció el contrato recorrimos todas las inmobiliarias y comprobamos que tenían valores superiores. Encima estaba el agravante de que -en caso de mudanza- íbamos a gastar cerca de $ 200.000 en conectividades”, de teléfonos, computadoras y otras yerbas.
El edificio es nuevo. Pero para el diputado Eduardo Benítez (UCR) no es cómodo “ni funcional”, y es por eso que considera excesivos los gastos de alquiler. No cuestiona la forma en que trabajan los consejeros, pero sí la cantidad de empleados que, dice, “heredaron de la gestión anterior”.
“Me alegra que el cuestionamiento sea por un tema presupuestario, y no por el desempeño de las tarea que desarrollamos”, resumió por su parte el consejero Pablo Szeinkierman.
La composición
¿Sólo presupuestario? Nada de eso, los planteos de Trincheri exceden esa cuestión y apuntan hacia la composición del cuerpo, que -dicho sea de paso- no tiene representantes de la Asociación de Magistrados.
El presidente es Oscar Massei, uno de los vocales del TSJ, mientras que dos de los consejeros representan a los abogados y los cuatros restantes a la Legislatura: dos son del MPN, uno del PJ y otro de la UCR (ver detalle en recuadro aparte).
“Predomina la composición política”, dice Trincheri y hace ver que los magistrados son seleccionados por un Consejo en el que tienen mayoría los representes legislativos, y designados luego por la propia Legislatura. “Es decir, que el poder político se encarga de seleccionar y de designar a los jueces”, se quejó.
El magistrado entiende que el Consejo necesita “una reforma de fondo” y cuenta que la Asociación presentó iniciativas en ese sentido. “Los legisladores siempre han eludido el tema”, dice y comenta que las entrevistas con la vicegobernadora Ana Pechen y con el presidente del bloque del MPN, José “Pino” Russo, no arrojaron los resultados que esperaba. Tampoco los encuentros con los ahora ex diputados Marcelo Inaudi (UCR) y Ariel Kogan (PJ).
Fiel a su estilo, Canini es más duro y afirma que “este sistema -que rige al Consejo neuquino- se hizo para privilegiar a la clase política, especialmente a los bloques mayoritarios que son los que terminan designando a los consejeros”.
Vale recordar que fue la Convención Constituyente de 2006 la que aprobó la creación del Consejo al que definió como “un órgano extrapoder, conformado por un miembro del TSJ, cuatro representantes de la Legislatura que no sean diputados y dos abogados de la matrícula, quienes permanecen cuatro años en sus funciones, se renuevan en forma simultánea y no pueden ser reelegidos sin un intervalo de por lo menos un período completo”.
Una de sus funciones radica, como se dijo, en “seleccionar mediante la realización de concursos públicos (...) a los candidatos a jueces y funcionarios del ministerio público, debiendo requerir la colaboración de juristas reconocidos en el país”.
Según Villar, dados los pasajes, alojamientos y demás, cada una de esas selecciones insumen un gasto promedio de $ 35.000. Y si las que se concretaron fueron seis, el gasto global de 2011 ascendió a $ 210.000, es decir no tan grande con relación a otros.
El presupuesto es cuestionado. Pero para los consejeros resulta insuficiente. De hecho (en su proyecto) habían pedido que fuera de $ 14.324.442, con el argumento de que “la situación presupuestaria y financiera (...) no permitió realizar las inversiones en el equipamiento informático...”. Pero la realidad indica que sólo funciona a medias y que, lejos de congelarse, las partidas se fueron incrementando año tras año.
La nota completa en el Revista La Tecla Patagonia número 81