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Argentina
Política Provincial
19 de diciembre de 2018
RIO NEGRO

Weretilneck quiere su Ley y abre el remate

El gobierno provincial dio impulso a una ley que pone en juego grandes extensiones de tierras fiscales. Nuevos usos y, otra vez, el favoritismo a grandes grupos empresarios

Weretilneck quiere su Ley y abre el remate
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El gobierno de la provincia de Río Negro desempolvó un proyecto para modificar el controvertido Código de Tierras Fiscales. La polémica iniciativa abre la puerta a nuevas actividades productivas del uso del suelo, y crecen las sospechas respecto del uso definitivo de extensiones que superan los cuatro millones de kilómetros cuadrados. El favoritismo a los grandes negocios y empresarios amigos queda, una vez más, bajo la lupa.

Frustrado el intento de 2016, la gestión de Alberto Weretilneck no quiere terminar este año sin abrir el debate para una nueva ley de tierras. Con ese objetivo, el mandatario envió a la Legislatura provincial el proyecto para que sea tratado en sesiones extraordinarias.

La sintonía fina con el Gobierno nacional tuvo su eco con el nuevo texto. Mientras la Casa Rosada avanza en la ley de extranjerización de tierras, Río Negro hace lo propio con un proyecto para regular uso y destino de tierras fiscales.

Con el nuevo borrador, el gobierno insiste en destacar la ampliación respecto de la vetusta ley vigente. En consecuencia, la tierra fiscal rural podrá destinarse a la producción agrícola, pastoril o ganadera, forestal, energética, minera, turística, industrial, tecnológica, mixta u otra económicamente rentable, sin tomar en cuenta a los pobladores rurales o los pequeños y medianos emprendedores.

Con las nuevas incorporaciones crece la desconfianza. La actual administración cuenta en su haber con denuncias porque grupos económicos se han visto favorecidos con reglamentaciones; entre ellos se destacan principalmente las empresas relacionadas al magnate inglés Joe Lewis, que en el último tiempo hizo extensiva su vinculación a las empresas generadoras de energía.

El primer punto que se modifica y provoca repercusión es el relacionado a la autoridad de aplicación de la pretendida norma. De esta forma será el Ministerio de Gobierno, o el organismo que en el futuro pudiere reemplazarlo, la única cabeza que decidirá sobre el devenir de grandes extensiones territoriales. Por otra parte, la adjudicación de tierras está bajo la lupa. 

En este sentido, la misma se realizará por concurso público, y desde el Ejecutivo se insiste en la agilización de procesos de titularización y tenencia de las tierras; en tanto que el valor en venta será fijado por los sectores públicos y privados, colegios profesionales idóneos en tasaciones y entidades académicas.

De esta manera se podrían otorgar grandes extensiones a grupos económicos o a personas que cuenten con recursos para hacer valer su peso en la compulsa de acuerdo a su poder adquisitivo y no existe disposición alguna que beneficie a las personas físicas o jurídicas que residen en la Provincia, como también a las comunidades originarias o a las cooperativas de productores. 

Como cuestionamiento se enfatiza que el mecanismo de concurso público sería en favor de firmas con influencia política y gran poder adquisitivo, donde la actual administración supo cosechar buenas relaciones.

Por otra parte, ante la consulta de La Tecla Patagonia, referentes de la comunidad mapuche ven con desconfianza el proyecto del Ejecutivo y apuntan al favoritismo de extranjeros en la entrega de tierras (ver cuadro).

El nuevo impulso generó rechazo en todo el arco opositor rionegrino. La desconfianza está latente, y el recuerdo de los manejos irregulares por gestiones anteriores es motivo de cuestionamientos. El descontento tiene sus razones: funcionarios de la administración radical quedaron en el banquillo y fueron condenados por ventas sospechosas de tierras estatales.

Mientras Weretilneck y sus funcionarios insisten hasta el cansancio en las bondades de la nueva normativa, en la Provincia crecen las especulaciones de los verdaderos objetivos. 

Como en el pasado, viejos vicios se hacen recurrentes. Manejos irregulares, ventas a precios viles de grandes extensiones de tierras fiscales y favoritismo a grandes grupos son los fantasmas que debe enfrentar el oficialismo de Juntos Somos Río Negro para que su ambicioso proyecto tenga luz verde.

 
Victorica: “Piensan vendérsela a los extranjeros”
 
Las comunidades originarias manifestaron su rechazo al proyecto oficialista. Raúl Victorica es referente de la comunidad mapuche en la provincia de Río Negro. Consultado por La Tecla Patagonia opinó acerca de la iniciativa que impulsa el gobierno: “En eso de modificar la ley de Tierra, no estoy de acuerdo”. 

En este mismo sentido apuntó contra los alcances del proyecto. “El gobierno piensa vendérsela a los extranjeros; con esta ley se taparía todo lo que se vendió sin pasar por la Legislatura”, manifestó Victorica.

LUIS DI GIACOMO (MINISTRO DE GOBIERNO)
“Nosotros tenemos una concepción productivista de la tierra”


El ministro de Gobierno, Luis di Giácomo, habló con La Tecla Patagonia acerca del nuevo proyecto de tierras fiscales y puntualizó: “Nosotros pusimos en debate el proyecto para que se tratara el próximo año. En la Provincia tenemos 4 millones de kilómetros cuadrados de tierras fiscales que están sujetas una ley, que es la 279, que tiene 60 años y gran parte de la misma nunca se puso en práctica. Como elemento principal tenía como fin la colonización, es decir, que familias se radiquen en el territorio y esa ley facilitaba la entrega de tierras a todas las personas que pudieran demostrar una aptitud para la ganadería y la agricultura y o la forestación. Con esta cantidad de tierras vimos que la ley cayó en cuanto a su antigüedad y objetivos, por eso creímos necesario regularizar situaciones y hacer una nueva ley”.

En esta línea agregó: “Esto favorecería a todos aquellos que lleven más de veinte años y tengan una actividad productiva en esa tierra”.

De esta manera, Di Giácomo resumió: “El objetivo de la nueva ley sería regularizar la tenencia de todos los que ya la tienen e incorporar nuevos esquemas de explotación para esas tierras fiscales”.

 
Tierras fiscales: antecedentes y condenas judiciales

La Justicia de Río Negro avanzó con condenas por venta irregulares de tierras contra funcionarios de la gestión radical que gobernó la Provincia entre 1983 y 2011.
La venta entre 2006 y 2010 puso en el banquillo a varios exfuncionarios y avanzó para anular cesiones realizadas a grupos extranjeros y privados. Los funcionarios más comprometidos fueron el exministro de Produc-ción Juan Accatino y los funcionarios de Tierras Daniel Tait y Jorge Belacín.

MARCELO MANGO (DIPUTADO PROVINCIAL FG-FPV)
“Reabre las puertas a la corrupción con las tierras rionegrinas”

El proyecto para modificar el Código de Tierras Fiscales que impulsa el gobierno de Alberto Weretilneck suma resistencias y denuncias en la Justicia. En este sentido, el legislador Marcelo Mango (Frente Grande - FpV) señaló a La Tecla Patagonia: “Reabre las puertas a la corrupción con las tierras rionegrinas, porque habiendo, al menos, 170 causas de corrupción en las fiscalías de Río Negro, muchas de ellas por ventas irregulares de tierras fiscales, el proyecto flexibiliza las condiciones y requisitos que requiere a los privados para esas entregas de tierras”. 

En esta misma línea agregó: “Tampoco contempla cuestiones fundamentales, como la protección de recursos hídiricos y glaciares; deja sin determinar la regulación de la minería en las tierras que se entregarán y, a su vez, beneficia más a los grandes negocios que a los pobladores rurales o los pequeños y medianos emprendedores”.

En referencia a la iniciativa gubernamental, el legislador expresó: “El proyecto que propone el Poder Ejecutivo dispone los instrumentos para otorgar las tierras fiscales, pero no prevé ni propone planificación alguna respecto a los destinos más convenientes para las tierras en cuanto a sus fines productivos. Consecuente con el rumbo ‘PRO’ que nuestro Gobernador ha decidido seguir, el objetivo de su proyecto es ‘enajenar todas las tierras fiscales’, como lo dice el artículo 4. No se trata aquí de una planificación estatal para el desarrollo productivo, agrario y/o turístico de la provincia de Río Negro, sino, simplemente, de la venta de las tierras”. 

En esta línea agregó: “A su vez, esa venta de tierras es sin criterio alguno y librada a la ley del más fuerte. En el artículo 18 se plantea que la adjudicación de tierras se hará por medio de concurso público sin establecer prioridades”.
 

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