1 de agosto de 2017
RIO NEGRO
Entra en marcha la reforma del Código de Procesamiento Penal
En la provincia rige desde hoy la modificación a la normativa. La próxima etapa llegará en marzo de 2019. Claves para entender el nuevo proceso
La normativa en vigencia en plenitud la ley 5020, sancionada por la Legislatura de Río Negro el 10 de diciembre de 2014, y modificada por la misma Legislatura para estirar el plazo de su ejecución plena.
Cabe destacar que más de 20 salas de audiencias y 6 salas de reconocimiento en igual cantidad de ciudades de la provincia ya se encuentran listas, con la tecnología necesaria, para dar comienzo a la Reforma Procesal Penal.
Así lo destacó el presidente del STJ, Ricardo Apcarián, al ser consultado sobre los cambios edilicios y tecnológicos. En los últimos 15 días se trabajó en los ajustes operativos de las cámaras de video y pruebas de sonido, además de los ajustes que requirió el software de dichas salas. El trabajo se realizó desde el área de Informatización de la Gestión Judicial, junto a la Oficina Judicial y a los operadores.
Diez claves para entender la Reforma Procesal Penal
1- Cuando se comete un delito la investigación está a cargo exclusivamente de los Fiscales, quienes representan a la sociedad y a la víctima. Los Fiscales son los titulares de la acción penal pública.
2- Los jueces y juezas se integran en un Foro y al no participar de la investigación no pueden ordenar pruebas de oficio, ni interrogar a testigos, víctimas e imputados; esta tarea compete al Fiscal y a la Defensa. De esta forma queda garantizada la imparcialidad de jueces y juezas.
3- El nuevo sistema profundiza la solución alternativa de conflictos mediante criterios de oportunidad como conciliación y mediación; con estos mecanismos el Ministerio Público Fiscal propicia la pronta resolución y satisfacción del interés de la víctima.
4- El nuevo paradigma fomenta la participación ciudadana y una mayor transparencia. Todo el proceso desde la formulación de cargos hasta la sentencia se realizará en audiencias orales y públicas, que quedarán registradas en audio y vídeo por lo que se elimina el uso del papel y se le impone una mayor celeridad.
5– El nuevo código impone plazos breves e improrrogables para cumplir cada etapa del proceso hasta su finalización. Este punto también colabora con una mayor rapidez en la toma de decisiones.
6- Fortalece los derechos de la víctima y le garantiza su participación autónoma y gratuita en la resolución del conflicto, con asistencia legal del Ministerio Público.
7- La Reforma gira en torno a la Oficina Judicial, organismo administrativo que centraliza la programación y grabación de audiencias, sortea los jueces para cada caso, dispone los legajos de cada proceso, cita a los testigos, controla la asistencia de imputados, el cumplimiento de pautas de conducta, los secuestros, realiza estadísticas, notificaciones, cuestiones gerenciales, de recursos humanos, suministros, etc.
8- En infraestructura la Reforma implicó la adecuación, mudanza y/o refuncionalización de los edificios del Fuero Penal de la provincia. Las mayores inversiones se hicieron en equipamiento informático y sistemas de grabación en línea de audio y video, en el rediseño de espacios y mobiliario de las Oficinas Judiciales de cada circunscripción.
9- En materia de capacitación, durante 2016 y hasta junio de 2017 la Escuela Judicial dictó más de 90 cursos, talleres y prácticas sobre los nuevos roles, formas de trabajo y programas informáticos que implica la Reforma. Participaron más de 2.600 personas, entre magistrados, funcionarios judiciales, funcionarios del Ministerio Público, personal administrativo, equipos técnicos y peritos. Además hubo capacitaciones externas para periodistas, abogados particulares, policías y estudiantes.
10- La próxima etapa de la Reforma Procesal Penal llegará en marzo de 2019. En esa oportunidad, cuando la fiscalía solicite más de 12 años de prisión para el acusado de un delito, el juicio oral y público se realizará mediante jurados populares, participando directamente los ciudadanos en la definición de los conflictos penales más graves.