5 de enero de 2017
DIPUTADOS NACIONAL DEL SUR
Tildan de oportunista debate por baja de edad de imputabilidad
Alfredo Martínez, Silvia Horne y Alberto Ciampini polemizan con que el gobierno haya elegido discutir este tema en un año electoral. En diálogo con La Tecla Patagonia marcaron su postura
La baja de la edad de imputabilidad volvió al centro de la escena de la mano del gobierno nacional. Fue el ministro de justicia, Germán Garavano, quien anunció que esperan tratar el tema en la Legislatura a fin de año, con el objetivo de crear una nueva ley.
El gobierno apunta a bajar la edad a los 14 años. Al igual que sucedió en 2008, cuando el exgobernador Daniel Scioli intentó modificar el régimen vigente, el anuncio encendió la polémica y las voces a favor y en contra ya se hicieron escuchar.
Para los diputados nacionales de la Patagonia, el tema también es protagonista. Si bien cada provincia tiene su particularidad, en función de la cantidad de habitantes y sus características, coincidieron en que debe ser abordado desde la complejidad que requiere y no desde una postura demagógica, utilizada de cara a las próximas elecciones.
“La seguridad o la inseguridad es un tema que aparece mediaticamente y en las encuestas como una gran preocupación. Entonces se pretende ganar el escenario electoral con respuestas efectivas. Es un tema muy serio para tratarlo en un momento de tanto manoseo”, señaló Silvia Horne, diputada nacional por Río Negro.
Además destacó que lo importante es pensar el tema con datos de la realidad que dan cuenta de que los delitos de jóvenes de esa franja etárea no han superado nunca el 5%, lo que consideró como algo que no es “grave”.
“Lo que sí es gravísimo es que no haya habido políticas para abordar estos casos, que se agravan por la adicción, la falta de trabajo, la falta de contextura en la familia, la falta de acceso a condiciones elementales de dignidad. Hay que invertir en políticas públicas”, subrayó.
En la actualidad el régimen penal para niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años está regulado por un decreto sancionado en el año 1980. Allí se establece que un menor es acusado de cometer en delito se lo somete a un proceso penal en el que se investiga si es responsable o no del hecho. Al mismo tiempo deben averiguarse sus características personales y sus condiciones de vida, bajo un “tratamiento tutelar”.
En muchos casos los jóvenes son internados en institutos de menores, y se los priva de su libertad, sin haber pasado por un proceso en el que se demuestre o no la responsabilidad con respecto a los hechos por los que son acusados.
Estas prácticas no cumplen con las convenciones internacionales a las que nuestro país suscribe y que en muchos casos tienen carácter de ley.
La preocupación de muchos legisladores pasa porque la discusión se mediatice y no sea sólida. Por eso plantearon que debe ser discutido con las organizaciones y las personas que estudiaron el tema en profundidad.
En esta línea, el diputado nacional por Santa Cruz, Alfredo Martínez dijo que sólo serviría el debate si es abordado desde una mirada compleja “en la medida en que haya un proyecto en donde pensemos en abordar el tema desde la salud, desde la educación y la generación de trabajo, sirve. Pero debatir sin proyecto no sirve para nada”.
“Cuando saltan casos como el que pasó estos días, donde los menores cometen hechos de gravedad y además es un año electoral, es el combo perfecto para que algunos crean que es momento de discutirlo. Es un tema que hay que correrlo del eje del contexto electoral, porque que alguien quiera sacar una tajada con esto me parece que no está bien”, agregó.
Por su parte el diputado nacional Alberto Ciampini consideró que es una “locura poner este tema en el tapete”.
“La política social está llevando a que el gobierno baje los años de imputabilidad de los chicos, cuando no hace ninguna tare sobre la inclusión y el trabajo social. Los problemas fundamentales son el económico y laboral, poner a la gente a discutir estas cosas es cambiar el eje de las preocupaciones”, destacó.
Si todo sigue según lo previsto por el gobierno nacional, el tema será discutido en el Congreso de la Nación a fin de este año, una vez pasadas las elecciones, con el objetivo de fijar una nueva política al respecto de cara a 2018.