28 de diciembre de 2016
JUDICIALES
Revés para CFK: rechazan levantar inhibición de sus bienes
La Cámara Federal porteña rechazó levantar la inhibición que pesa sobre la cuenta bancaria abierta a raíz de la sucesión del fallecido ex presidente Néstor Kirchner
La Cámara Federal porteña rechazó levantar la inhibición que pesa sobre la cuenta bancaria abierta a raíz de la sucesión del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y confirmó así una decisión del juez federal Claudio Bonadio en la causa en la que está procesada la ex presidenta Cristina Kirchner por la venta de dólar futuro al final de su gobierno.
Los camaristas de la sala II del Tribunal de Apelaciones desestimaron una apelación del abogado de Cristina, Carlos Beraldi, quien actúa además como apoderado de sus hijos Máximo y Florencia, según una resolución a la que accedió Télam.
La ex presidenta había pedido a Bonadío que levante la inhibición sobre esa cuenta del Banco Santa Cruz para usar fondos y hacer frente al pago de obligaciones tributarias.
"Debe decirse que la inhibición general de bienes fue consecuencia de la negativa de Fernández de Kirchner a satisfacer el monto del embargo establecido en ocasión de dictar su procesamiento", recordaron los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun.
Por ello, Bonadio ordenó "la inmovilización de todos los productos bancarios, financieros y valores que tuviera la nombrada en el país, materializándose así la restricción sobre la cuenta denominada 'Sucesión de Néstor Carlos Kirchner'".
Es por ello que la Cámara consideró que "la medida restrictiva que pesa sobre la cuenta aludida es acertada".
Los camaristas encomendaron a Bonadío que acredite "debidamente" en la causa "quiénes son los administradores, autorizados y o beneficiarios de la cuenta".
Bonadio congeló las cuentas de Cristina tras el rechazo a cumplir con el embargo de 15 millones de pesos fijado en su procesamiento en la causa por las operatorias de dólar futuro.
La ex presidenta fue procesada ayer en otra causa por asociación ilícita y defraudación a la administración pública agravada, en una decisión del juez federal Julián Ercolini, a cargo de la pesquisa vinculada al presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del detenido Lázaro Báez en el kirchnerismo.