11 de agosto de 2010
CAUSA ISSN
La hija de Ferracioli no se presentó a declarar
La hija del ex ministro de Economía, Antonella Ferracioli, presidenta de la financiera Apply S.A, investigada por irregularidades en préstamos hacia el Instituto de Seguridad Social, no se concurrió ante el juez Larumbe para ser indagada. Se excusó mediante un escrito. Ayer declaró Berenguer quien explicó que se trató "de un mal entendido"
El titular del Instituto de Seguridad Social de Neuquén, Marcelo Berenguer, declaró ayer ante el juez Alfredo Elosu Larumbe, por la causa sobre la entrega directa del manejo de las líneas de crédito de la obra social a la empresa Apply SA.
El titular de la obra social neuquina concurrió a Tribunales junto a su abogado (y hermano) Roberto Berenguer quien detalló que "todo se trató de un mal entendido y un error de interpretación". La indagataoria de Berenguer comenzó cerca de las 9.30 de la mañana y se extendió hasta el mediodía.
Hoy debía presentarse en los mismo Tribunales, la hija del ex ministro de Economía de Sobisch, Silvio Ferracioli. Se trata de Antonella Ferracioli, presidenta de la firma Aplly S.A investigada por la Justicia por sospechas de irregularidades en el manejo de la línea de crédito.
En la edición gráfica número 1, La Tecla Patagonia, adelantaba el escándalo judicial que atraviesa el Instituto de Seguridad Social del Neuquén, que tiene como titular a Marcelo Berenguer.
A continuación la nota:
El ISSN en la mira
Desde retenciones de aportes hasta la tercerización de servicios como la adquisición de medicamentos oncológicos son las irregularidades que se investigan. En el ojo de la tormenta está el titular del Instituto Marcelo Berenguer y una empresa crediticia que pertecene al ex ministro de Economía, Silvio Ferracioli
Diferentes gremios y parte del directorio del Instituto de Seguridad Social de Neuquén denuncian irregularidades en la obra social que conduce Marcelo Berenguer. Las causas están siendo investigadas por la fiscalía N° 2 a cargo de Sandra Ruixo que indaga la no ejecución de las deudas que distintos organismos tienen con el ISSN, la compra de medicamentos oncológicos a una firma cordobesa por un monto desproporcionado y la tercerización del servicio de préstamos que ha ido en detrimento de los afiliados.
El ISSN cubre a 180.000 afiliados en toda la provincia, lo que representa casi un tercio de la población de Neuquén que asciende a 550.000 habitantes. Del total de afiliados, 85.000 lo son en forma directa lo que quiere decir que son trabajadores del Estado como docentes, policías y empleados de la administración central. El resto de los integrantes son personas que libremente optaron por la obra social, y después están los empleados judiciales y los municipales que reciben cobertura del ISSN producto de distintos convenios firmados entre los organismos.
De acuerdo a los datos brindados por los consejeros gremiales que participan del directorio del Instituto, Ariel Tarifeño y Patricia Quilapan, el presupuesto de 2009 rondó los 1.200 millones de pesos y el de este año ascendería a 1.400 millones de pesos aunque aún no está aprobado por lo que se rigen con los valores del año pasado y se van autorizando las partidas excedentes.
El millonario presupuesto de la obra social duplica la pauta de ingresos y gasto de la municipalidad de Neuquén que ronda los 550 millones de pesos.
La sospecha del manejo discrecional de los fondos llevó a que los consejeros rompieran el silencio y denunciaran las irregularidades que observan puertas adentro de la obra social que terminan afectando a los afiliados que ven resentida la prestación de algunos servicios.
Patricia Quilapan, delegada de ATE e integrante de la mesa del directorio del ISSN, recibió a La Tecla Patagonia en la sede gremial y en sus manos tenía documentos con los que fundamentaba las denuncias realizadas a las que Ariel Tarifeño, otro consejero, les sumó el número de expediente y la Justicia la confirmación de tenerlas en trámites en la fiscalía de Sandra Ruixo. “Desde que asumió Berenguer ha comenzado a tercerizar servicios que estaban en manos del ISSN y que funcionaban bien”, dijo indignada Quilapan quien detalló las maniobras que afectan tanto a pacientes como a las arcas de la obra social. La entrega de medicamentos oncológicos hacía 25 años que estaba en manos del ISSN, de acuerdo a lo que manifiestan los consejeros gremiales: “Es un servicio que venía funcionando correctamente con los profesionales de planta permanente”, explicó la mujer de ATE. La obra social asiste a unos 700 pacientes, algunos que padecen cáncer, otros HIV y también hay hemofílicos. El costo anual que venía manejando el ISSN para cubrir los siempre caros medicamentos oncológicos rondaba entre 2 y 3 millones de pesos. Con la asunción de Jorge Sapag como gobernador y el desembarco de Berenguer al frente del Instituto vino un cambio de planes y de metodología. Al poco andar, el funcionario decidió tercerizar la adquisición de estos remedios claves para la vida de los afectados. Es así que el Instituto San Agustín SRL (CUIT 30-64685368-7) , una empresa oriunda de Córdoba, ganó la licitación en la que era la única oferente y se convino que provea los medicamentos durante dos años por la módica suma de 16 millones de pesos. La empresa cuya sede en Neuquén opera en unos consultorios médicos, pertenece a Emilio Héctor David y Enrique Nicolás Fernández. La Tecla Patagonia intentó comunicarse con los responsables de la firma para que brinden explicaciones sobre la denuncia, aunque no se mostraron dispuestos a contestar.
“Lo que antes se hacía con 6 millones de pesos ahora lo van a hacer con 16 millones, hay una pérdida de 10 millones de pesos. Es de no creer y Berenguer es contador”, denunció Quilapan mientras mostraba en un papel la resta que afectará las arcas del Instituto.
“Con esto se perdió la protección médica de la identidad del paciente porque ahora sus datos van a pasar por varias manos. Además, cuando le pedimos explicaciones a Berenguer nos dijo que no existía un plan oncológico en la provincia, pero con la caradurez de decir que nunca había existido un control, por eso nosotros radicamos una denuncia penal. En diciembre del año pasado nos presentamos y en marzo la Justicia nos aceptó como querellantes, confió la consejera.
Otro tema escabroso está vinculado a la tercerización del servicio crediticio que ofrecía el ISSN a los empleados públicos.
Por ejemplo, el que accedía a un préstamo del Instituto de 2.000 pesos terminaba devolviendo 2.520 pesos en 18 cuotas de 140 pesos. “En 2008, cuando llegó Berenguer, cambió todo. Tercerizó los préstamos que quedaron en manos de Vapa 1 que es una financiera que pertenece a la familia de un ministro de economía del gobierno de Jorge Sobisch”, cuenta Quilapan. La empresa a la que hace referencia la consejera se llama Apply SA y efectivamente pertenece a la familia del ex ministro Silvio Luis Ferracioli, para ser precisos, la presidenta es su hija Antonella. Según consta en el Boletín Oficial, Apply SA es la empresa que creó a su vez el fideicomiso Vapa I, cuestionado por la Justicia por no contar con los certificados habilitantes para la prestación del servicio. Siempre según los registros, la empresa con número de CUIT 30-71065330-1 se creó en agosto de 2008 y dice dedicarse a los servicios financieros. Tanto Apply como el Fideicomiso Vapa I tienen domicilio en la calle Austria de Capital Federal aunque llamativamente no existen otros registros de actividades comerciales más que la prestación al ISSN, cuyo contrato se firmó dos meses después de la creación de la empresa. Extrañamente tampoco tiene un número de teléfono comercial. La Tecla Patagonia intentó sin éxito comunicarse con el ex ministro Ferracioli para otorgale la posibilidad de hacer su descargo.
A partir del traspaso realizado por Berenguer, se observó que de un préstamo de 3.000 pesos en 18 meses se terminan devolviendo 8.640 pesos, a razón de 480 pesos por mes. “Lo que denunciamos en ese momento era la tercerización de los préstamos que daba el ISSN con fondos propios y a una tasa de interés muy baja, y que a partir del convenio que firmó el administrador Berenguer con una financiera de la familia Ferracioli la tasa pasó a un 67% anual”, detalló Ariel Tarifeño. La causa fue caratulada como “Investigación presuntas irregularidades en ISSN” pero como la Fiscalía desapareció, la causa quedó cajoneada hasta que recientemente la retomó la doctora Ruixo y en la actualidad se encuentra en período de entrega de pruebas. Los consejeros entregaron a la Justicia bonos de sueldo con los que demuestran la estrepitosa diferencia entre la tasa de interés que se cobraba a los afiliados antes y la variación que se produjo a partir de la entrega de este servicio. Mientras las denuncias avanzan por el camino legal, el ISSN continúa envuelto en enredos producto de la falta de transparencia en el manejo de los fondos. Como se mencionó, Berenguer no respondió ante la consulta de La Tecla Patagonia, aunque sí deberá hacerlo ante la Justicia. El juez Alfredo Elosu Larumbe lo citó a indagatoria el próximo 10 de agosto. Antonella Ferracioli, titular de Apply e hija del ex ministro Ferracioli también deberá prestar declaración.
Pero esto no es todo, el tema de la retención de los aportes patronales que hacen distintos organismos también ha puesto en el ojo de la tormenta al titular de la obra social que está siendo investigado por incumplimiento en los deberes de funcionario público. “Desde mayo del año pasado el estado provincial viene acarreando una deuda que ronda los 300 millones de pesos por contribuciones patronales y de una pensión a la ancianidad e invalidez que son de la ley 809. El Estado no puede dejar de hacer los aportes patronales al Instituto y hasta hubo dudas de que parte de los aportes personales no estuvieran llegando”, advirtió Quilapan que al igual que otros consultados aseguran que el ISSN es “la caja negra de la provincia” (ver recuadro).
Esta retención de aportes es una dinámica recurrente de parte del gobierno provincial, municipios y hasta del Poder Judicial, lo que también ha generado un debate entre la oposición. Pero a Marcelo Berenguer no parece molestarle demasiado el retaceo de fondos que obliga a la obra social a no poder cumplir con los pagos a sus prestadores, deuda que excede los 72 millones de pesos y que ocasiona que cada tanto los proveedores corten los servicios de salud a los afiliados del Instituto. “Nos encontramos con un magistrado (del cual nos pidieron reservar su identidad) que nos aconsejó denunciar para que la Justicia investigue y determine si hay incumplimiento en los deberes de funcionario público por parte de Berenguer”, recordó la consejera Quilapan. El expediente iniciado lleva el número 14.037/9, y la denuncia fue presentada por varios dirigentes de los distintos gremios neuquinos que reciben cobertura del Instituto. En el detalle de la carátula se lee: “Por haber rechazado nuestro pedido de ejecución de las deudas que los organismos provinciales tienen con el ISSN por contribuciones patronales”. Lo que traducido significa que Berenguer no quiso o no lo dejaron ejecutar a los organismos deudores por las vías correspondientes para que formalizaran los pagos a la obra social que está siendo desfinanciada por el gobierno.
Cierto es que el ejecutivo provincial apareció en escena a fines de marzo, cuando el agua llegaba al cuello, para refinanciar su deuda con el ISSN que ascendía a unos 80 millones de pesos. Es así que se valieron de los bonos denominados Tripodeu para cancelar 60 millones de pesos y los 20 millones restantes Sapag los pateó para adelante en cómodas cuotas. Lo que no podrán patear, así se cree, son las causas judiciales sobre las que deberá responder Berenguer.