5 de noviembre de 2026
NEUQUEN
Zapala: buscan endurecer las multas por propaganda política en lugares no habilitados
El proyecto que llegará al Concejo Deliberante eleva las sanciones hasta los 700 VACOZA, equivalentes a casi $14 millones. También fija plazos para colocar y retirar cartelería, prohíbe las pintadas en espacios públicos y establece que los partidos y candidatos deberán hacerse cargo de los costos de limpieza
El municipio de Zapala prepara una reforma de la ordenanza que regula la propaganda política en la vía pública, con mayores restricciones para la cartelería y las pintadas electorales. La iniciativa apunta a ordenar el uso de los espacios urbanos de cara a las elecciones de 2027 y aumentar las sanciones para las agrupaciones que incumplan las condiciones establecidas.
Uno de los cambios centrales es el incremento de las multas. El máximo pasaría de 200 a 700 VACOZA, lo que representa casi $14 millones de acuerdo con el valor actual de cada módulo, fijado en $19.078,98. La propuesta será elevada al Concejo Deliberante durante esta semana.
La regulación establece que la publicidad electoral en la vía pública solo podrá instalarse durante los 45 días previos a los comicios. Una vez terminada la elección, los partidos tendrán un plazo de 15 días para retirar los carteles, afiches y demás elementos utilizados durante la campaña.
El proyecto también delimita los lugares donde estará prohibida la propaganda. La restricción alcanza a monumentos, esculturas, placas, edificios públicos, refugios de transporte, señales viales, semáforos, árboles, plazas, paseos, luminarias y mobiliario urbano. Tampoco se podrán realizar pintadas sobre muros y paredes públicas que no cuenten con autorización municipal.
En el caso de las propiedades privadas, las pintadas o intervenciones sin consentimiento de sus propietarios podrán recibir multas de hasta 300 VACOZA. Además, los responsables tendrán 72 horas para devolver el inmueble a su estado original.
Las sanciones más altas quedarán reservadas para las intervenciones sobre bienes de dominio público, donde podrán alcanzar los 700 módulos. La responsabilidad no recaerá únicamente sobre quienes ejecuten las pintadas o coloquen los carteles, sino también sobre las agrupaciones políticas, los candidatos y los responsables de cada campaña.
Otro punto de la iniciativa establece que, si la propaganda no es retirada dentro de los plazos previstos, el municipio podrá intimar a los responsables y avanzar con las tareas de limpieza. Los costos de esos trabajos podrán ser cobrados posteriormente a los partidos y candidatos involucrados.
La normativa vigente tiene como antecedente una ordenanza de 1999. En 2024, el municipio había actualizado los montos de las multas, pero ahora busca modificar de manera más amplia las condiciones para la instalación, el mantenimiento y el retiro de la publicidad electoral.