14 de octubre de 2026
SANTA CRUZ
Península Magallanes: crece la ofensiva política para frenar la venta de tierras
Diputados opositores impulsan una ley para derogar la excepción firmada por el Ejecutivo, mientras un amparo judicial busca bloquear la transferencia. El intendente de El Calafate abrió la puerta a una audiencia pública para debatir el proyecto turístico
La polémica por la venta de parcelas en la Reserva Provincial Península de Magallanes, cerca del glaciar Perito Moreno, sumó nuevos frentes de discusión en Santa Cruz. A la acción de amparo presentada ante la Justicia Federal para intentar frenar la transferencia se agregó un proyecto de ley que busca derogar el Decreto 915/2026, firmado por el gobernador Claudio Vidal, y evitar que el Ejecutivo pueda volver a conceder excepciones similares. En paralelo, el intendente de El Calafate, Javier Belloni, planteó la posibilidad de convocar a una audiencia pública para que las instituciones y la comunidad expresen su postura.
La iniciativa legislativa ingresó a la Cámara de Diputados y tomó estado parlamentario en la sesión de la semana pasada. El texto, firmado por Carlos Alegría, Agostina Mora Doldán, Daniel Peralta, Carlos Godoy y Ramón Bodlovic, propone dejar sin efecto la autorización que permitió avanzar con la operación inmobiliaria entre Lacustre del Sud S.A. y ASB Hospitality Calafate S.A.U. El proyecto deberá pasar por las comisiones de Asuntos Constitucionales, Recursos Naturales, Asuntos Municipales, Presupuesto y Hacienda y Legislación General.
El decreto cuestionado fue dictado el 1° de septiembre y habilitó, por única vez y con carácter excepcional, una operación que se apartó de las restricciones establecidas por el Decreto 994/2017 para la adquisición de inmuebles en áreas protegidas por parte de extranjeros. La compradora es una sociedad constituida en Argentina cuyo único accionista es ASB Hospitality LLC, radicada en Emiratos Árabes Unidos. La transferencia comprende las parcelas identificadas como G2 y G3, vinculadas al desarrollo turístico conocido como Master Plan Ecocentro.
El proyecto opositor no se limita a pedir la derogación de la norma provincial. También propone declarar nulos los actos administrativos, permisos, autorizaciones, convenios e instrumentos registrales que se hubieran realizado como consecuencia del decreto. De prosperar con esa redacción, la iniciativa buscaría alcanzar tanto la autorización original como las actuaciones posteriores que pudieran haberse apoyado en ella. El alcance jurídico de esa pretensión será uno de los aspectos que deberán analizar las comisiones durante el tratamiento.
Otro punto central consiste en darle rango de ley al Decreto 994/2017, dictado durante la gestión de Alicia Kirchner, que estableció restricciones para la adquisición extranjera de inmuebles ubicados total o parcialmente en áreas protegidas, reservas y parques provinciales. Los autores sostienen que una regulación de esa importancia no debería quedar sujeta a excepciones individuales dispuestas por el Poder Ejecutivo. Por eso, el texto también busca prohibir expresamente nuevas dispensas o autorizaciones particulares que alteren las restricciones de dominio y conservación aplicables a Península Magallanes.
En los fundamentos, los legisladores cuestionan la constitucionalidad del Decreto 915 y sostienen que una decisión de estas características requería intervención legislativa. Entre sus argumentos mencionan la Ley Provincial 3466, que establece condiciones para la afectación, modificación o desafectación de áreas protegidas, y el Plan de Gestión vigente desde 2022. La discusión se concentra, así, en las atribuciones del Ejecutivo para autorizar la operación y en los límites que imponen las normas de protección ambiental y territorial.
La vía legislativa se desarrolla en paralelo con el amparo presentado ante el Juzgado Federal de Río Gallegos por los diputados Agostina Mora Doldán, Carlos Alegría, Eloy Echazú y Carlos Godoy, junto con el Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS). La presentación judicial apunta contra el Estado nacional y cuestiona la validez constitucional del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley Nacional de Tierras Rurales 26.737. Además, solicita una medida cautelar para suspender los efectos del decreto provincial y evitar que se concrete la transferencia mientras se resuelve la controversia.
El planteo ante la Justicia busca impedir que se avance con la escrituración, la inscripción registral, la entrega de posesión o la ejecución del proyecto comercial sobre las parcelas. Los demandantes sostienen que la operación presenta irregularidades administrativas y cuestionan, entre otros puntos, la falta de conformidad previa que consideran exigible bajo el régimen federal de zonas de seguridad y la presunta ausencia de intervención de las autoridades ambientales provinciales. La medida cautelar solicitada pretende evitar que la transferencia se consolide antes de que exista una resolución sobre el fondo del caso.
A la discusión judicial y parlamentaria se sumó la posición del municipio de El Calafate. En declaraciones televisivas, Belloni manifestó su preocupación por la operación y afirmó que el Gobierno local no había sido informado previamente. “No sabemos nada, para nosotros es una sorpresa. Estamos muy preocupados, no tan solo por la venta de tierras a extranjeros, la preocupación más grande que tenemos los calafateños es el fin para el cual se compran las tierras”, expresó el intendente.
Belloni también dejó abierta la posibilidad de acompañar una audiencia pública si organizaciones de la localidad impulsan la convocatoria. “Para nosotros es importante que los actores principales, que son las instituciones, se expresen, y nosotros seguramente vamos a acompañar”, sostuvo. Y agregó: “Si quieren hacer una audiencia pública, ahí va a estar el municipio de El Calafate, como lo hizo siempre”. Por el momento, no hay una convocatoria confirmada: la alternativa fue planteada como una posibilidad para debatir el desarrollo turístico y sus implicancias.
El proyecto Ecocentro contempla un complejo turístico de mayor escala, con cabañas, un edificio central, caminos, senderos y miradores. Según la información difundida sobre la iniciativa, la planificación general prevé 86 cabañas, aunque hasta ahora se autorizó una primera etapa. La controversia no se limita a la identidad de los capitales involucrados: también alcanza al destino de las tierras, las condiciones para desarrollar infraestructura en un área protegida y la participación de la comunidad en decisiones que pueden modificar su entorno.
Con tres vías abiertas, el futuro de la operación dependerá de decisiones que todavía están pendientes. En la Legislatura, el proyecto deberá atravesar el análisis de varias comisiones; en la Justicia Federal, los demandantes esperan una resolución sobre la cautelar; y en El Calafate quedó planteada la posibilidad de una audiencia pública. Ninguna de esas instancias implica, por ahora, que el decreto haya sido derogado ni que la transferencia esté judicialmente suspendida.