14 de octubre de 2026
SANTA CRUZ
Buscan un nuevo esquema de coparticipación para municipios y comisiones de fomento
El proyecto busca aumentar la participación de los gobiernos locales desde el primer día de enero del año que viene. En paralelo, se contempla la idea de que exista una garantía para cubrir salarios, retenciones de aportes previsionales y un mecanismo para regularizar deudas
Un grupo de diputados de la oposición presentó en la Legislatura de Santa Cruz un proyecto para modificar el régimen de coparticipación provincial y elevar del 11% al 19% la porción de recursos destinada a municipios y comisiones de fomento. La iniciativa, firmada por Agostina Mora, José Bodlovic, Eloy Echazú y Carlos Godoy, propone que el nuevo esquema entre en vigencia el 1° de enero de 2027.
El texto establece que el 81% restante quede en manos de la Provincia e incorpora a la masa coparticipable recursos nacionales y tributos provinciales, como Ingresos Brutos, Sellos, regalías de petróleo, gas y minería, además de ingresos por juegos de azar y rifas, que actualmente no se distribuyen entre los gobiernos locales.
Para definir el reparto, el 83,15% se distribuiría según la población; el 11% se dividiría en partes iguales entre las municipalidades, con excepción de las tres más pobladas, y las comisiones de fomento; mientras que el 5,85% restante se asignaría en función de la diferencia poblacional respecto de Río Gallegos. Las transferencias deberían realizarse cada 15 días como máximo y los coeficientes se actualizarían con los datos del último censo disponible.
Uno de los puntos centrales es la creación de una garantía automática para cubrir la diferencia entre la coparticipación recibida y el gasto en personal homologable de cada jurisdicción. El mecanismo regiría durante 18 meses, entre enero de 2027 y junio de 2028, y buscaría reemplazar las asistencias extraordinarias sujetas a decisiones del Poder Ejecutivo.
Para acceder, los gobiernos locales deberán adherir al régimen y presentar declaraciones juradas mensuales. La cobertura tendría un límite equivalente al 7,8% de los recursos correspondientes a la participación provincial en cada semestre.
En los fundamentos, los autores señalaron que el déficit consolidado de los 20 municipios y comisiones de fomento alcanzó los $21.193 millones durante 2025, una cifra que utilizaron para advertir sobre las dificultades para afrontar los gastos corrientes.
La iniciativa también establece un esquema para regularizar deudas con la Caja de Previsión Social, la Caja de Servicios Sociales y el Instituto de Seguros provincial. Propone extinguir las obligaciones por contribuciones patronales y seguros a cargo de los empleadores generadas antes del nuevo régimen, mientras que los aportes personales no prescriptos podrían incorporarse a una moratoria con 12 meses de gracia. Para los períodos posteriores, se prevé retener directamente de la coparticipación los aportes y contribuciones correspondientes.
Además, se plantea crear un sistema de retenciones bajo la órbita de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos y un portal para que los trabajadores consulten si sus empleadores declararon y pagaron los aportes. También se conformaría un Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, con representantes de la Provincia, los municipios adheridos y las comisiones de fomento, encargado de fiscalizar el régimen y actualizar los coeficientes.
El proyecto ya tomó estado parlamentario y quedó en condiciones de ser tratado en comisiones antes de la sesión prevista para el 22 de octubre.