11 de septiembre de 2026
SINTONIA
Santa Cruz le pide recursos a Nación para afrontar el nuevo régimen penal juvenil
La Provincia firmó un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación para afrontar la implementación de la Ley 27.801. El Gobierno de Claudio Vidal pidió capacitación obligatoria, supervisores especializados, herramientas informáticas y acceso a plataformas para atender los nuevos requerimientos
La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil abrió en Santa Cruz una discusión que va más allá de la aplicación de la norma. Mientras el Gobierno nacional avanza con el nuevo esquema previsto por la Ley 27.801, la Provincia comenzó a gestionar con el Ministerio de Justicia herramientas, capacitación y recursos humanos para poder sostener su implementación en el territorio.
El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de Santa Cruz suscribió un convenio de colaboración con la cartera nacional que conduce Juan Bautista Mahiques. El acuerdo surgió frente a las dificultades que implica adaptar la estructura provincial a las nuevas exigencias y apunta a conseguir recursos técnicos para los equipos que intervienen con adolescentes en conflicto con la ley penal.
El planteo provincial pone sobre la mesa uno de los principales interrogantes que genera la puesta en funcionamiento del nuevo régimen: cómo se sostendrá territorialmente un sistema que requiere operadores especializados, mecanismos de seguimiento y herramientas de gestión. Santa Cruz busca que parte de esas necesidades sean atendidas mediante la articulación con Nación, en lugar de afrontar de manera aislada una estructura que demanda capacidades específicas.
Durante una reunión con Mahiques, la subsecretaria de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia, Melisa Peralta, planteó la necesidad de establecer una capacitación técnica obligatoria para quienes trabajan con adolescentes alcanzados por el régimen penal juvenil. La formación apunta a operadores y profesionales que deberán intervenir en las distintas etapas de los procedimientos.
Otro de los pedidos estuvo relacionado con los recursos humanos. Desde Santa Cruz solicitaron avanzar en la disponibilidad y coordinación de supervisores especializados entre los ámbitos federal y provincial, con el objetivo de evitar que la implementación de la normativa quede limitada por la falta de personal preparado para asumir las nuevas funciones.
La Provincia también reclamó acceso a plataformas de gestión y herramientas informáticas que permitan realizar un seguimiento sistemático de los casos. A esto se suma la necesidad de contar con información estadística que permita conocer la cantidad de intervenciones, su evolución y las características de los adolescentes alcanzados por el sistema.
El reclamo adquiere particular relevancia porque la implementación de una reforma penal no depende únicamente de modificar procedimientos. Requiere infraestructura, profesionales, mecanismos de seguimiento y capacidad administrativa para sostener las decisiones adoptadas. En Santa Cruz, el Gobierno plantea que esas condiciones deben contemplar además las características territoriales de una provincia extensa y con localidades alejadas de los principales centros urbanos.
La subsecretaria Peralta resumió la posición provincial al señalar que el objetivo es “ordenar y dar respuesta concreta en el territorio ante las normativas que bajan desde Nación”. La definición deja planteada una tensión habitual en la implementación de políticas nacionales: la norma se establece en el ámbito federal, pero buena parte de las tareas necesarias para aplicarla se desarrollan sobre estructuras provinciales y locales.
Desde el Gobierno de Santa Cruz sostuvieron que el convenio busca “blindar institucionalmente” el abordaje territorial y garantizar las herramientas necesarias para responder a los cambios legislativos. El planteo supone que la adecuación al nuevo régimen no puede quedar reducida a la aplicación formal de la ley, sino que debe estar acompañada por recursos y coordinación entre las distintas jurisdicciones.