9 de septiembre de 2026
SANTA CRUZ
APEL volvió a cruzar a Leguizamón y denunció una “persecución” contra sus dirigentes
El gremio de los trabajadores legislativos declaró el estado de alerta por una resolución que afecta las licencias gremiales de David Catrihuala y Layla Gironi. La conducción sindical cuestionó además la pérdida de aportes previsionales y cobertura de la obra social y anticipó que podría recurrir a la Justicia
La relación entre la Asociación del Personal y Empleados Legislativos (APEL) y el vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, volvió a tensarse. El sindicato declaró formalmente el estado de alerta y salió a cuestionar la Resolución de Presidencia N°353/26, mediante la cual se dispuso una licencia gremial sin goce de haberes para el secretario general de la organización, David Catrihuala, y la secretaria adjunta, Layla Gironi.
El planteo gremial no se limita al impacto salarial. Según APEL, la aplicación de la resolución también afectaría los aportes de ambos dirigentes a la Caja de Previsión Social y su cobertura de la Caja de Servicios Sociales. Para la organización, esa consecuencia convierte la disputa por las licencias en una discusión que alcanza derechos previsionales y de salud.
Catrihuala sostuvo que la Presidencia de la Cámara fundamentó la medida en la Ley Nacional de Asociaciones Sindicales 23.551, pero cuestionó que el criterio utilizado ahora no haya sido aplicado de la misma manera durante la conducción sindical anterior. El dirigente recordó que durante la gestión encabezada por la anterior comisión directiva se habían otorgado licencias gremiales con goce de haberes.
Desde APEL interpretan esa diferencia como un trato desigual hacia la actual conducción, que fue elegida por los trabajadores legislativos. El sindicato sostuvo que Leguizamón había autorizado previamente licencias de similares características para integrantes de la conducción anterior y mencionó particularmente el caso ocurrido en 2024, cuando una integrante de aquella comisión pasó a utilizar una licencia gremial tras la jubilación de quien encabezaba el gremio.
La actual conducción considera que ese antecedente vuelve central la discusión sobre el criterio utilizado por la Presidencia de la Cámara. En su comunicado, APEL calificó la resolución como “persecutoria” y “discriminatoria” y sostuvo que existe un trato selectivo hacia las autoridades sindicales que actualmente conducen la organización.
Catrihuala fue todavía más lejos y sostuvo que la medida representa un intento de disciplinamiento que, según su interpretación, excede la discusión salarial. “Nadie, nunca hizo esto que está haciendo él”, afirmó el dirigente, al cuestionar que la decisión alcance también a los aportes previsionales y a la cobertura social de los representantes gremiales y sus familias.
El conflicto también incorporó una dimensión política dentro de la propia Legislatura. APEL recordó un episodio ocurrido a comienzos de este año, cuando desde el Ejecutivo provincial se impulsaron restricciones sobre las medidas de fuerza del sector docente y la Cámara de Diputados se pronunció en contra de esa iniciativa. Para Catrihuala, ese antecedente puede servir como referencia para el tratamiento que tenga ahora su reclamo dentro del recinto.
La conducción sindical ya analiza llevar el planteo a los diputados. Catrihuala anticipó que buscarán que el Frente Sindical evalúe la presentación de un proyecto de resolución para que los legisladores se expresen sobre la medida y que también intentarán hacer uso de la palabra durante la próxima sesión.
En paralelo, APEL dejó abierta la posibilidad de judicializar la controversia si la resolución continúa vigente. El sindicato exigió su rectificación y convocó a los trabajadores legislativos a mantenerse organizados, mientras la CTA Autónoma de Santa Cruz expresó públicamente su respaldo a la conducción gremial y cuestionó cualquier mecanismo que, según sostuvo, pueda afectar la libertad sindical mediante el salario, la cobertura social o los aportes previsionales.
La disputa vuelve a colocar bajo tensión la relación entre la conducción de la Cámara de Diputados y el gremio de sus trabajadores. Ahora, además de la respuesta que pueda dar Leguizamón, APEL espera conocer si el cuerpo legislativo toma posición sobre una resolución que el sindicato considera un antecedente especialmente grave para las relaciones laborales dentro de la Legislatura provincial.