8 de septiembre de 2026
RIO NEGRO
Bariloche: el Concejo aprobó blindar 1.920 hectáreas vinculadas al cerro Catedral
El legislativo local dio luz verde a una ordenanza que ratifica el carácter inalienable de las tierras municipales y prohíbe su venta, cesión o transferencia. La decisión ocurre mientras continúa la discusión por el Plan Director que impulsa el Ejecutivo junto a CAPSA
El Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche aprobó por unanimidad de los presentes una ordenanza destinada a reforzar la protección sobre las 1.920 hectáreas públicas vinculadas al Cerro Catedral. La iniciativa establece que ese patrimonio no podrá ser vendido, cedido, permutado ni transferido bajo ninguna modalidad que implique perder el dominio municipal.
La propuesta fue impulsada por el concejal Leandro Costa Brutten, de Incluyendo Bariloche, y obtuvo el respaldo de los siete ediles presentes al momento de la votación: además del autor, acompañaron Gerardo Del Río, Tomás Hercigonja, Mary Coronado, Julieta Wallace, Facundo Villalba y Laura Totonelli. El texto ratifica una protección que ya figura en la Carta Orgánica municipal y busca darle un alcance concreto frente a futuras decisiones sobre el área.
La nueva norma también encomienda al Ejecutivo avanzar con la inscripción de las tierras a nombre del Municipio en el Registro de la Propiedad y solicita actualizar la información catastral provincial incorporando las restricciones derivadas de su condición de patrimonio inalienable. A su vez, plantea la intervención de Parques Nacionales en cuestiones vinculadas con la tutela ambiental del sector.
La votación se produjo mientras el gobierno de Walter Cortés avanza con el Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental para el área de Catedral, elaborado junto a Catedral Alta Patagonia (CAPSA). Ese proyecto contempla un esquema de desarrollo turístico y residencial en una superficie mucho menor a las 1.920 hectáreas protegidas por la nueva ordenanza. Según las distintas versiones incorporadas al debate, el área alcanzaría entre 70 y 80 hectáreas.
El punto de mayor controversia está en qué implica jurídicamente ese desarrollo. Desde el oficialismo sostienen que el Plan Director no supone una privatización y que el dominio de las tierras continuará en manos del Municipio. La administración de Cortés sostiene además que la superficie efectivamente intervenida representa una porción reducida del área total y que el esquema permitiría incorporar infraestructura sin trasladar su costo a los vecinos.
La oposición plantea una lectura diferente. Costa Brutten y otros sectores del Concejo consideran que habilitar nuevos parámetros urbanísticos sobre tierras que tienen protección especial puede abrir la puerta a una transformación del patrimonio municipal que exceda los límites fijados por la Carta Orgánica. La discusión incluye además la eventual utilización de un fideicomiso para instrumentar el desarrollo, cuestión que es rechazada por quienes advierten sobre una posible pérdida indirecta del carácter público de los terrenos.
Los fundamentos de la ordenanza también cuestionan que todavía permanezcan pendientes distintos instrumentos de planificación y regulación para Catedral. Entre ellos aparecen el Código Ambiental, la normativa sobre peligros geológicos y el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental específico para la Delegación Catedral. El proyecto sostiene que esas herramientas deberían estar resueltas antes de habilitar modificaciones sustanciales en el uso del suelo.
La cuestión patrimonial tiene además una historia jurídica que excede a la actual gestión municipal. Las tierras fueron incorporadas al esquema estatal a partir de la donación realizada por Francisco Pascasio Moreno y posteriormente transferidas por legislación nacional y provincial para destinarlas al desarrollo de actividades turísticas y deportivas. En 2007, la provincia autorizó su cesión gratuita al Municipio de Bariloche bajo determinadas condiciones, aunque el proceso de escrituración definitiva continúa siendo uno de los puntos señalados en la discusión.
La ordenanza aprobada ahora no resuelve la controversia alrededor del Plan Director ni determina por sí misma el futuro del proyecto urbanístico. Sí fija una definición política e institucional del Concejo: las 1.920 hectáreas deben permanecer dentro del patrimonio municipal y no pueden ser objeto de una operación que implique desprenderse de su dominio.
El próximo movimiento quedará en manos del Ejecutivo municipal, que deberá decidir si promulga la norma o si utiliza la herramienta del veto.