8 de agosto de 2026
INFORME
Todos los cañones apuntan a Saloniti
El jefe comunal pidió una sesión especial en el Concejo para responder acusaciones en su contra de una vecina que presentó un pedido de juicio político. La interna por la sucesión
El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, atraviesa sus días más difíciles al frente del municipio que conduce desde 2019, cuando ganó las elecciones con el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y resultó reelecto en 2023. En la última semana, el Concejo Deliberante votó por unanimidad la admisibilidad de un pedido de juicio político por mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todo indica que la disputa electoral en la localidad cordillerana no esperará a 2027.
El pedido de juicio político ingresó al Concejo el lunes 3 de agosto. La impulsora fue una vecina, Valeria López Oronoz, con el patrocinio del abogado Enrique Bartolomé. La solicitud se encuadra en el artículo 137 de la Carta Orgánica Municipal que establece que son causales de juicio político el “mal desempeño de la función” y el “incumplimiento de los deberes a su cargo”, entre otras.
La vecina se basó en seis hechos para impulsar la denuncia, que van desde la omisión de acciones para frenar la contaminación del lago Lácar, hasta la falta de controles a la empresa concesionaria del cerro Chapelco en trabajos de movimiento del suelo, pasando por críticas al Plan de Ordenamiento Territorial, hasta llegar a una deuda de más de 1.700 millones de pesos que el municipio contrajo con el EPEN, que salió a la luz hace menos de un mes cuando el ente provincial cortó el suministro eléctrico al municipio y al Concejo Deliberante.
“Como vecina de San Martín de los Andes, no puedo permanecer indiferente ante la degradación de nuestro entorno natural, el desorden financiero y la falta de respuesta institucional”, se lee en el pedido que presentó López Oronoz, Agrega que “cuando los canales administrativos se agotan y las intimaciones son desoídas, la Carta Orgánica nos otorga a los ciudadanos la herramienta del juicio político para exigir responsabilidades a quien nos gobierna”.
Pero López Oronoz no es una vecina más. Muy activa en sus redes sociales, donde replica y publica críticas al gobierno municipal y a los concejales, algunos sectores buscaron vincularla a La Libertad Avanza, aunque desde esa fuerza política dijeron a LTP que no forma parte de la dirigencia, ni siquiera de la militancia libertaria en la localidad. Por otra parte, fue esposa de Gustavo Fernández Capiet, actual ministro de Turismo de la provincia, uno de los nombres que suenan en el oficialismo como candidato para suceder a Saloniti en 2027. Por eso, desde sectores libertarios, creen que, si existiera una motivación partidaria detrás de este pedido de juicio político, la mira debería apuntar a la Gobernación, no a ellos.
El jueves pasado los once concejales –incluidos los del partido de Saloniti- votaron por unanimidad a favor de avanzar con el pedido de juicio político solicitado por López Oronoz. En la misma sesión se desestimó, también por unanimidad, otro pedido de juicio político de otro ciudadano, Jorge Fabián Sepúlveda, por malversación de fondos a raíz del pago de una boleta del servicio de energía eléctrica al EPEN por más de 5 millones de pesos, correspondientes a un medidor que figura a nombre del municipio pero que está localizado en un lugar distinto al que debería.
Ese día, los concejales también votaron por unanimidad llamar a una sesión extraordinaria para el 3 de septiembre, a las 9 horas, en respuesta a una solicitud que había realizado Saloniti el día anterior, con el fin de aclarar los temas “de público conocimiento”.
Pero ese pedido colisiona con lo que establece la Carta Orgánica Municipal con respecto a cómo proceder cuando el Concejo decide que hay mérito para evaluar el inicio de un juicio político. Según el artículo 139, en el plazo de los siguientes cinco días hábiles, el cuerpo debe convocar al denunciado en una sesión especial para garantizar su derecho a la defensa. Es decir, esa reunión debería ocurrir la semana que viene. Pero al haber fijado la sesión extraordinaria para el 3 de septiembre, los ediles entendieron que podían saltearse ese paso, haciendo una interpretación muy amplia del artículo, por no decir, haciendo algo que el texto no dice.
Una vez escuchados los argumentos del intendente, el Concejo debe votar si avanza o no con el juicio político. Necesita para ello los votos de dos tercios del cuerpo. En caso de avanzar, se procede a la suspensión preventiva del funcionario denunciado mientras se sustancia el juicio político, que en ningún caso podrá extenderse por más de 90 días. La sala investigadora tiene un plazo de 30 días hábiles para reunir elementos probatorios. Luego, la sala juzgadora tiene un plazo de 15 días hábiles para emitir su resolución. Ambas instancias deben contar con dos tercios de los votos.
LTP intentó hablar con Saloniti de la denuncia, pero fuentes del municipio dijeron que no hará declaraciones a la prensa hasta exponer sus argumentos en el Concejo Deliberante.
¿A quién responde el Concejo Deliberante?
El Concejo Deliberante de San Martín de los Andes está integrado por 11 miembros.
La presidenta es Natalia Vita, que asumió su banca con el MPN. Aunque desde el municipio aseguran que su relación con Saloniti es “excelente”, desde hace un tiempo, su vínculo político con el jefe comunal es distante. Se dice en la ciudad que Vita tiene aspiraciones de competir por la intendencia y no quisiera que su imagen quede asociada a la de una gestión en caída libre.
Según el Artículo 67 de la COM, "en caso de muerte, incapacidad, renuncia o destitución del Intendente, será reemplazado por el Presidente del Concejo Deliberante" siempre y cuando falte menos de un año para la finalización de su mandato. Si faltara más, éste asume pero debe convocar a elecciones y, en un plazo no mayor de noventa días corridos, se deben realizar los comicios. Quien resulte ganador tendrá un mandato hasta completar el período.
Siguiendo con la composición del Concejo, Pablo Padilla, del MPN, votó a favor del juicio político, lo que hace pensar que él tampoco responde a los intereses del jefe comunal.
Unión por la Patria, que obtuvo tres bancas en 2023, sólo tiene una concejal que representa al peronismo puro: la parrillista Marcela Valenzuela. Las otras dos, en manos de Santiago Fernández y Carlos Menéndez, responden a Rolando Figueroa.
El PRO/NCN tiene tres bancas, representadas por César Meza, Paula Vives y María Sol Petagna. Juntos por el Cambio tiene a una representante, Jovita Brondo, al igual que Fuerza Libertaria, representada por Roberto Sicilia; y Comunidad, en manos de María Laura Da Pieve.
Según confiaron a LTP, de este grupo hay al menos dos concejales que también tendrían aspiraciones a ocupar el sillón del Ejecutivo en 2027.
Desde el municipio aseguraron a LTP que el vínculo con el Gobernador es “excelente” y que las críticas a su gestión son promovidas por “un grupo de 50 personas que tienen una ideología”, pero que no es una manifestación genuina de lo que piensa la mayoría de la ciudadanía.
En Provincia coinciden con que detrás de los pedidos de juicio político hay actores que buscan desestabilizar a la gestión de Saloniti, que atraviesa una crisis política producto del desgaste propio de una gestión que va por la etapa final de su segundo mandato. Por eso, ven con buenos ojos que concurra al Concejo para dar explicaciones acerca de los puntos planteados en la denuncia, que son “un montón de temas importantes para la comunidad”, dijeron en off a LTP.
Por otra parte, reconocen que en la localidad cordillerana “mide muy bien la derecha, incluso mejor que en Neuquén capital”, de manera que en la crisis política que atraviesa Saloniti confluyen los problemas propios de su gestión con las disputas partidarias.
El 2023, Saloniti fue reelegido por su partido, el MPN, con el 28% de los votos. En segundo lugar, quedó Mónica Aquín de Capiet, la candidata de Comunidad, que obtuvo el 25,12% de los votos. En las últimas elecciones de medio término, La Libertad Avanza obtuvo casi el 45% de los votos, tanto en senadores como en diputados. Lejos, y en segundo lugar, quedó Fuerza Patria, con 16,58%.
JORGE FERNANDEZ, TITULA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
“Hay robo hormiga en todos lados”
Jorge Fernández está a cargo de la Contraloría municipal, un organismo independiente
encargado de velar por la legalidad de los actos del municipio. De extracción peronista, llegó al cargo tras ganar el concurso el 1 de enero de 2024 y desde entonces viene advirtiendo numerosas irregularidades en la gestión municipal.
“No hay una corrupción de altísimo nivel, de mucha plata. Es robo hormiga en todos lados”, definió el abogado, para referirse, a modo de ejemplo, a las irregularidades detectadas en relación al uso de la flota de autos de la municipalidad. Sostuvo que hace dos años y medio que comenzó a implementar un sistema de geolocalización de los vehículos, a controlar cuánto combustible consumen, entre otros datos. “Todavía no está funcionando al cien por ciento porque hay una negativa tácita, no me la dicen, de que esto no funcione y de esa forma queda liberado para que cada pícaro haga lo que se le ocurre”, señaló. También denunció el desfinanciamiento del organismo que él conduce, para impedirle el trabajo: “el objetivo del municipio es que no los controlemos”, enfatizó.
Ante la consulta de LTP, Fernández se refirió puntualmente a la denuncia por la deuda que el municipio tiene con el EPEN, que es uno de los puntos que denunció López Oronoz en su pedido de juicio político. Explicó que “con la llegada de Milei, hay un aumento muy grande de las tarifas eléctricas y el EPEN empezó a facturarle al municipio más de lo que nosotros le cobrábamos por el uso del espacio aéreo y demás. Este desfasaje que se fue creando nunca fue informado ni a la Contraloría ni al Concejo Deliberante”. Detalló que esa deuda, generada entre 2024 y la actualidad, es de más de 1.700 millones de pesos.
Como consecuencia de esa deuda, el mes pasado, mientras Argentina jugaba contra Inglaterra el partido por la semifinal del Mundial, el Epen le cortó el suministro eléctrico a la municipalidad y al Concejo Deliberante. “Recién ahí nos enteramos los concejales y la contraloría de que esa deuda existía”, indicó. A partir de ahí, comenzaron a pedir el listado de los medidores a cargo del municipio “y nos encontramos con situaciones desagradables”, porque “hay un descontrol absoluto de parte del municipio”. Detalló que hay deudas de consumo de medidores que el municipio no sabe dónde están ubicados. “Hemos detectado, en 136 medidores que hoy tiene el municipio tiene, 55 tienen este tipo de anomalías”.
“Saloniti parece un monje budista: pone la cara en el infinito y no te contesta, estando frente a frente”, cuestionó Fernández, “entonces se van acumulando los pedidos de informes”, resumió. Para concluir, sostuvo: “Yo no soy oficialista pero reconozco que este gobernador está invirtiendo en la zona como nunca se ha visto: en rutas en escuelas, en mejoramientos, viene cada dos semanas y propone, ejecuta, frente a un intendente cansino, agotado, taciturno, que no se adelanta a los hechos”, finalizó.