4 de agosto de 2026
CONGRESO
Ley de Tierras: el oficialismo busca destrabar la ley y acordó un tope del 25%
La jefa del oficialismo en el Senado aseguró que alcanzó un entendimiento con sectores aliados para modificar uno de los puntos más resistidos del proyecto. Sin embargo, evitó precisar cuántos votos tiene garantizados para la sesión del jueves.
La discusión por la nueva Ley de Tierras entró en su tramo decisivo y el oficialismo apura las negociaciones para intentar conseguir los votos que le permitan avanzar con una iniciativa que genera fuertes cruces con la oposición.
En ese escenario, la senadora y principal referente libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, confirmó que acordó con algunos bloques aliados modificar el esquema previsto para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La propuesta contempla abandonar la idea de una venta sin límites y llevar del 15 al 25 por ciento el máximo de superficie que podría quedar en manos extranjeras en cada provincia.
La legisladora evitó, sin embargo, ponerle número al respaldo que consiguió hasta el momento. Tampoco aclaró si el Gobierno nacional avaló formalmente el nuevo planteo. Ante la consulta sobre las chances de aprobar el proyecto, se limitó a señalar que contarían con las voluntades “suficientes”.
La sesión había quedado en suspenso durante julio y se retomará este jueves, en una jornada que aparece como clave para el oficialismo. Con un escenario de números ajustados, el desafío no pasa únicamente por reunir los votos necesarios, sino también por garantizar el quórum durante el debate y evitar que la oposición pueda frustrar la votación.
Durante una conferencia de prensa, Bullrich estuvo acompañada por los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, Agustín Coto y Nadia Márquez, además del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.
La versión que el oficialismo presenta como definitiva establece que los Estados extranjeros continuarán impedidos de adquirir tierras rurales. El proyecto sí contempla la posibilidad de que sociedades u otras estructuras jurídicas con participación estatal extranjera puedan hacerlo, aunque deberán contar con autorización de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo nacional.
El texto también establece que esa facultad de autorización no podrá ser delegada por el Gobierno nacional en un funcionario que tenga un rango inferior al de secretario de Estado.
El punto central aparece en el porcentaje máximo: la propiedad de tierras rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras no podrá superar, en conjunto, el 25% de la superficie rural de cada provincia.
Además, cada operación deberá quedar asentada en los registros inmobiliarios provinciales, con información sobre el comprador y su nacionalidad. Para las empresas con participación estatal extranjera también será obligatorio incorporar las autorizaciones correspondientes.
Para defender el nuevo esquema, Bullrich recurrió a una comparación regional. La senadora mencionó el caso de Brasil, donde gobierna Luiz Inácio Lula da Silva, y sostuvo que el límite del 25% permitiría colocar a la Argentina bajo un parámetro similar.
En esa línea, recordó el caso del empresario kirchnerista Lázaro Báez y sus aproximadamente 415 mil hectáreas, utilizándolo como argumento para justificar la necesidad de establecer restricciones sobre la concentración de tierras.
“Nos estamos igualando”, planteó la legisladora al referirse al modelo brasileño.
La discusión no se agota en la compra de tierras por parte de extranjeros. El proyecto también introduce modificaciones relevantes sobre el régimen de expropiaciones y desalojos, además de avanzar sobre la denominada Ley de Fuego.
Este último punto genera especial controversia porque la iniciativa busca modificar las restricciones que pesan sobre terrenos afectados por incendios, una normativa impulsada durante el kirchnerismo para evitar determinados cambios en el destino de esas superficies.
Bullrich también hizo eje en las atribuciones de las provincias sobre sus recursos naturales. La senadora aseguró que el nuevo texto refuerza las potestades provinciales, aunque desde sectores opositores advierten que esas competencias ya se encuentran contempladas tanto por la Constitución Nacional como por distintas normas vigentes.
La referente libertaria buscó diferenciar, en ese sentido, entre el derecho de propiedad y la soberanía territorial, que —según remarcó— continúa bajo control del Estado argentino.
Como antecedente para marcar esa diferencia, mencionó el acuerdo alcanzado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con China y la instalación de una base de ese país en Neuquén.
Con el recinto como escenario de la definición, el oficialismo deberá ahora demostrar que los acuerdos alcanzados en las negociaciones se traducen efectivamente en votos. El margen es estrecho y la oposición ya anticipó que seguirá de cerca la conformación del quórum hasta el último minuto.