3 de agosto de 2026
RIO NEGRO
La Justicia ratificó cargos contra otro empresario por la causa Techo Digno
La investigación por presuntas irregularidades en la construcción de viviendas sociales en Cervantes sumó un nuevo avance. Una jueza de Garantías avaló la acusación contra un constructor señalado como partícipe necesario de una maniobra de defraudación a la administración pública
La causa que investiga presuntas irregularidades en la ejecución del programa federal Techo Digno en la localidad rionegrina de Cervantes registró un nuevo avance judicial. La Justicia tuvo por formulados los cargos contra uno de los empresarios de la construcción imputados en el expediente, al considerar que existen elementos suficientes para sostener la investigación en su contra.
La resolución fue adoptada por la jueza de Garantías Claudia Lemunao, quien convalidó la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal durante una audiencia realizada luego de que debiera reprogramarse la instancia por una recusación planteada por una de las defensas.
El acto judicial volvió a exponer los hechos atribuidos, la calificación legal y el conjunto de evidencias reunidas por la Fiscalía para sustentar la imputación. La investigación es encabezada por la fiscal jefe Graciela Echegaray y la fiscal adjunta Mónica García.
Los representantes del Ministerio Público sostienen que el empresario habría intervenido como partícipe necesario del delito de defraudación contra la administración pública. Según la hipótesis fiscal, su actuación habría sido determinante para concretar una maniobra vinculada con la ejecución de la licitación correspondiente a la construcción de 44 viviendas e infraestructura en el marco del Programa Federal Techo Digno.
La investigación apunta a supuestas irregularidades cometidas durante las gestiones del exintendente de Cervantes, Gilberto Montanaro, primero al frente del municipio y luego como secretario de Gobierno y Producción, entre los años 2011 y 2019.
De acuerdo con la acusación, el empresario habría incumplido las condiciones establecidas en los pliegos de la licitación vinculada al Acuerdo 1922/2014 del programa habitacional. Para la Fiscalía, esa conducta le permitió obtener un beneficio económico indebido para la empresa constructora, ocasionando al mismo tiempo un perjuicio patrimonial para las arcas municipales.
Al resolver la audiencia, la jueza consideró que la acusación presentó indicios objetivos suficientes para sostener la imputación en esta etapa del proceso, por lo que habilitó la continuidad de la investigación penal.
El expediente aún tiene otro capítulo pendiente. El segundo empresario imputado en la causa no asistió a la audiencia y deberá comparecer el próximo 14 de agosto ante los tribunales de General Roca, donde la Fiscalía buscará formularle los cargos bajo la misma línea investigativa.