7 de septiembre de 2026
RIO NEGRO
La Justicia archivó la causa por el hackeo al legajo de Weretilneck y la Fiscalía apeló
El juez Adrián Dvorzak consideró que el presunto acceso ilegal al sistema informático provincial encuadra en delitos de acción privada y que, por lo tanto, la Fiscalía no puede impulsar la investigación de oficio. El Ministerio Público cuestionó el criterio y busca que otro magistrado revise la decisión
La investigación por el presunto hackeo al legajo del gobernador Alberto Weretilneck quedó, por ahora, archivada por una cuestión procesal. El juez Adrián Dvorzak hizo lugar al planteo de la defensa y entendió que los delitos investigados son de acción privada, por lo que la Fiscalía no está habilitada para avanzar de oficio.
El caso se inició a fines de junio, cuando Weretilneck y la Fiscalía de Estado denunciaron el acceso al sistema informático de la administración provincial. La investigación apuntaba a determinar cómo se produjo el ingreso al legajo del mandatario y las eventuales responsabilidades.
Durante una audiencia realizada la semana pasada, el defensor Santiago Guenomil planteó que el Ministerio Público no podía iniciar ni sostener la causa de manera autónoma. Dvorzak había dispuesto un cuarto intermedio para analizar el planteo y finalmente este lunes coincidió con la defensa.
El juez encuadró el hecho en los artículos 153 bis y 157 bis del Código Penal. El primero sanciona el acceso no autorizado a sistemas informáticos restringidos, con agravantes cuando se trata de organismos públicos, mientras que el segundo refiere al acceso ilegítimo a registros de datos personales.
Para Dvorzak, ambas figuras quedaron comprendidas dentro del capítulo de delitos contra los secretos y la privacidad, por lo que requieren la iniciativa de la persona afectada. En este caso, el propio Weretilneck debería impulsar una acción judicial si pretende continuar con el proceso.
Sin embargo, la resolución no determinó que no haya existido un acceso ilegal ni descartó que se haya cometido un delito. El magistrado dejó expresamente aclarado que su decisión fue procesal y que no ingresó a analizar el fondo de la denuncia.
La Fiscalía, representada por Yanina Estela y Sofía Lento, rechazó esa interpretación. Desde el Ministerio Público sostienen que estos delitos están alcanzados por la regla general del Código Penal, según la cual los delitos son de acción pública y pueden ser investigados de oficio.
Por ese motivo, Estela presentó una revocatoria contra la decisión de Dvorzak y dejó planteada la posibilidad de continuar la discusión ante otra instancia. El planteo deberá formalizarse dentro de los próximos tres días.
Así, el expediente queda ahora atado a una discusión jurídica sobre quién tiene facultades para investigar el presunto hackeo. La resolución de Dvorzak no cerró definitivamente la posibilidad de avanzar, pero sí dejó frenada la intervención de la Fiscalía hasta que otro magistrado revise el planteo.