El Ejecutivo provincial enviará a la Legislatura un paquete de leyes que incluye un régimen de incentivos productivos sin piso mínimo de inversión, pensado para proyectos que no alcanzan los umbrales del esquema nacional, junto con medidas de alivio fiscal y una emergencia económica para el comercio

Santa Cruz prepara un RIGI propio para inversiones medianas y pymes

El Gobierno de Santa Cruz avanza en la elaboración de un paquete de tres proyectos de ley que buscará responder a la coyuntura económica actual y, a la vez, ofrecer herramientas de mediano plazo para el desarrollo productivo provincial. Así lo confirmó la ministra de la Producción, Nadia Ricci, quien adelantó que las iniciativas serán enviadas a la Legislatura en las próximas semanas.

Según explicó la funcionaria en declaraciones al medio local Ahora Calafate en el marco de la primera cosecha de avena y trigo local, el conjunto de normas incluye una ley de emergencia económica reclamada por el sector comercial, una reforma orientada al fortalecimiento del comercio local y un nuevo régimen de promoción de inversiones que apunta a cubrir un vacío que deja el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) a nivel nacional.

Este último proyecto es el que genera mayor expectativa en el ámbito productivo. Ricci lo definió como una suerte de “RIGI santacruceño”, diseñado para inversiones que no superan los 200 millones de dólares, el piso establecido por la normativa nacional. En una provincia con menor escala económica, ese umbral deja afuera a numerosos proyectos que, aun siendo viables y estratégicos, no alcanzan el volumen requerido para acceder a los beneficios del régimen nacional.

La propuesta del Ejecutivo provincial apunta a reemplazar la actual ley de promoción industrial, que —según reconoció la ministra— no logró los objetivos de radicación de empresas ni de generación sostenida de empleo. El nuevo esquema contemplará beneficios fiscales y condiciones vinculadas a la localización de las inversiones, con el objetivo de incentivar la instalación de proyectos productivos en distintas zonas del territorio.

A diferencia del RIGI nacional, el régimen santacruceño no establecerá un piso mínimo de inversión, lo que permitirá incluir desde emprendimientos de menor escala hasta iniciativas de mayor envergadura. Estará abierto tanto a empresas locales que busquen expandirse como a firmas que decidan radicarse en Santa Cruz, y abarcará un amplio abanico de sectores considerados estratégicos, como el agro, la energía y la economía del conocimiento.

En paralelo, el paquete legislativo incluye medidas específicas para el comercio, uno de los sectores más golpeados por la situación económica. Entre ellas, se prevé elevar el piso imponible del impuesto sobre los Ingresos Brutos para micro y pequeñas empresas, lo que permitiría que parte del comercio de cercanía quede exento del tributo, siempre que cumpla determinados requisitos.

Desde el Ejecutivo reconocen que esta medida implica resignar recursos fiscales, pero sostienen que el impacto presupuestario es acotado y que el objetivo central es sostener la actividad y el empleo en un sector que concentra una parte significativa de los puestos de trabajo en la provincia.

Por último, la ley de emergencia económica busca atender la coyuntura inmediata, en un contexto de caída del consumo y dificultades financieras para comercios y pymes.

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