A punto de completar su transformación en Sociedad Anónima, el interventor de la empresa habló con La Tecla Patagonia sobre su actualidad y futuro: inversión privada, generación energética y el fin de la dependencia estatal

La recta final de YCRT a Carboeléctrica Río Turbio S.A.

Con la conformación del directorio como último paso formal para su transformación en Sociedad Anónima, la futura Carboeléctrica Río Turbio S.A. encara la etapa más decisiva de su reconversión. En medio de este proceso, el interventor Pablo Gordillo Arriagada detalla cómo la empresa avanza simultáneamente en la reactivación productiva mientras negocia su futuro jurídico y financiero.

La venta de carbón a Brasil, la puesta en marcha parcial de la usina y la búsqueda de inversores para el megaproyecto energético marcan un camino hacia la autosustentabilidad que podría terminar con décadas de déficit operativo. En esta entrevista con La Tecla Patagonia, Gordillo Arriagada analiza los avances, tensiones y expectativas de un proceso que definirá el destino de la empresa y de toda la cuenca carbonífera

- La transformación de YCRT a Sociedad Anónima fue anunciada como una solución histórica. ¿En qué etapa real se encuentra este proceso hoy?

- Te doy el contexto exacto. Legalmente, seguimos funcionando bajo la figura de YCRT con intervención. El cambio radical ocurrió con el Decreto 115 que aprobó el estatuto de la nueva Sociedad Anónima. Pero el paso concreto que faltaba –y que acaba de ocurrir– es la resolución del Ministerio de Economía que instruye formalmente a los accionistas a convocar la Asamblea para integrar el directorio de la nueva sociedad. Una vez que se constituya ese directorio, la Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima comenzará a funcionar plenamente. Mientras tanto, yo sigo siendo interventor de la vieja estructura, pero trabajando sobre el esqueleto de la nueva.

- ¿Y cómo se está definiendo la composición de ese directorio? ¿Hay nombres circulando o un perfil específico que se esté buscando?

- Aquí es crucial entender el mecanismo. El 95% de la decisión sobre la integración del directorio recae en la Secretaría de Energía de la Nación, que es el accionista mayoritario. El criterio que se ha transmitido es que serán directores profesionales, técnicos con experiencia en energía y minería, propuestos por el Estado Nacional. No es una designación política tradicional. Se busca que quienes conduzcan esta nueva etapa tengan el expertise para tomar decisiones complejas: desde la reactivación de la mina hasta la negociación con inversores internacionales.

- Hablemos del Decreto 115. Usted mencionó que casi todos sus requerimientos se han cumplido, excepto uno crítico...

- El decreto establecía una hoja de ruta con hitos muy específicos. Hemos cumplido con la transferencia de activos, la elaboración del inventario, la presentación de estados contables y el plan de negocio. Lo que falta es la definición del Convenio Colectivo de Trabajo para la nueva sociedad. Aquí tropezamos con una acción de inconstitucionalidad planteada por el gremio ATE, a la que la justicia laboral les dio la razón en primera instancia. Su argumento es que la ley de empleo público debería seguir rigiendo para los trabajadores, incluso en la nueva sociedad anónima.

- Cambiemos de tema hacia lo concreto. ¿Qué oportunidades reales de negocio ha encontrado para la empresa?

- Hace dos semanas firmamos un contrato con una empresa brasileña de minería para la venta de 60.000 toneladas de carbón mineral para ser entregadas en los próximos 60 días. Es la primera exportación sustancial en años y demuestra que hay mercado para nuestro carbón. El precio internacional ha mejorado y la calidad de nuestro mineral es competitiva. Pero esto es sólo el piso. Estamos mostrando a YCRT como un paquete integral: activos mineros, capacidad de generación energética, el ferrocarril estratégico y el puerto de Punta Loyola. Queremos que los inversores vean la sinergia total.

- Sobre de ese puerto. ¿Es cierto que planean convertirlo en multipropósito?

- Estamos trabajando con la provincia para transformar Punta Loyola en un puerto multipropósito que exceda la actividad minera. Hoy opera principalmente para la industria petrolera. Pero la visión es ampliarlo para la operación de la zona franda industrial e incluso alimentos para la empresa provincial Santa Cruz Puede. Esto convertiría al puerto en un polo logístico del Atlántico Sur, generando ingresos por servicios portuarios que hoy no existen. El carbón sería sólo uno de varios commodities que pasarían por allí.

- Pero el sueño siempre fue la generación de energía. ¿Cuál es el estado actual de las usinas?

- Tenemos dos usinas. La primera es una planta térmica de 21 MW que siempre existió para autoabastecer la mina. Ya varias veces hemos podido connectar esta usina al sistema interconectado de la cuenca carbonífera, cuando el sistema requiere potencia extra inyectamos entre 4 y 5 MW a la red de Río Turbio y 28 de Noviembre. Firmamos un contrato con la empresa provincial Servicios Públicos y hoy estamos facturando por ese servicio.

- ¿Y la usina grande? La de 240 MW que fue anunciada para aportar energía a nivel nacional...

- Esa usina requiere una inversión entre 40 y 45 millones de dólares para poner en marcha al menos uno de sus dos módulos de 120 MW. La obra física está ahí, pero necesita actualización tecnológica y puesta a punto. La inversión para reactivarla está atada a la conformación del directorio. Porque será el directorio quien deberá estructurar el paquete accionario que atraiga al capital privado. No hablamos de privatización, sino de una sociedad donde el Estado mantenga el control pero inyecte capital societario privado específicamente para este fin.

- ¿Cómo se maneja la incertidumbre laboral con más de 2,000 empleados?

- Es el tema más delicado. Hoy tenemos 2,023 empleados en relación de dependencia directa más 1,470 jubilados que reciben un complemento previsional que pagamos nosotros. El Estado nacional gira mensualmente los $7,500 millones necesarios para cubrir estas erogaciones. No hemos tenido demoras en los pagos, pero la ansiedad es comprensible. Los trabajadores temen que el traspaso a la sociedad anónima pueda afectar sus condiciones laborales. Mi mensaje ha sido claro: este proceso es con los trabajadores, no contra ellos. Pero necesitamos productividad para sostener los puestos de trabajo en el largo plazo.

- ¿Cómo es la relación hoy con los gremios dentro de la empresa?

- Los gremios esperan que se los convoque formalmente a discutir el nuevo convenio colectivo, como se comprometió inicialmente. Pero el fallo judicial a favor de ATE complica ese proceso. Estamos en un limbo jurídico que debe resolverse pronto.

- ¿Cuál es la hoja de ruta real para dejar los subsidios?

- Nuestro plan presentado al Ministerio de Economía establece un plazo de 12 a 18 meses para alcanzar la autosustentabilidad, pero con dos condiciones no negociables: primero, tener un contrato de venta de carbón a largo plazo con un cliente estable. Segundo, tener la usina grande inyectando al menos 100 MW al sistema interconectado nacional. Con esos dos objetivos, proyectamos reducir el déficit a la mitad en 18 meses y alcanzar el equilibrio hacia fines de 2026. El carbón solo no basta: necesita el valor agregado de la energía.

- ¿Y otros ingresos? Se habló mucho de la venta de chatarra...

- Aquí hay que aclarar un malentendido. No tenemos un nuevo contrato de chatarra. Estamos cumpliendo con un contrato incumplido de 2017 con la empresa Scrap Service, al que le debíamos 3,600 toneladas. Ya entregamos 2,200 y estamos loteando el resto. Una vez saldada esta deuda, recién ahí podremos licitar nuevas ventas. Tenemos un inventario de aproximadamente 7,000 toneladas de chatarra valorizable que representarán ingresos importantes, pero no estructurales.

- ¿Cómo encontraron el patrimonio de la empresa?

- En estado crítico de registro. Muchos bienes inmuebles y muebles aún figuraban a nombre de la anterior empresa nacional YCF o directamente del Estado Nacional, sin documentación de transferencia. Tuvimos que hacer un relevamiento desde cero de más de 30,000 ítems –desde maquinaria minera hasta edificios– y regularizar su inscripción a nombre de YCRT. Descubrimos que algunos municipios usaban propiedades de la empresa sin convenios formales. Fue una titanica labor de saneamiento legal.

- Última pregunta, Pablo. ¿Qué mensaje le da a la comunidad de Río Turbio que vive con la angustia de que la empresa cierre?

- Mi mensaje es de esperanza realista. Esta empresa no se salva con más subsidios ni con discursos. Se salva con producción concreta y trabajo genuino. El camino es atraer inversión privada para reactivar la usina y expandir la comercialización del carbón. Pero esto se hace con los trabajadores, no a sus espaldas. Usando las palabras del Gobernador de Santa Cruz: "se sale con producción y trabajo".

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