23 de julio de 2026
"LEGALMENTE AUTORIZADOS"
El gobierno redobló la apuesta y ratificó que las universidades pueden cobrarles a los extranjeros
El Gobierno nacional volvió a defender la posibilidad de que las universidades públicas cobren aranceles a los estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente. El proyecto que encendió la mecha en territorio bonaerense.
El Gobierno nacional volvió a defender la posibilidad de que las universidades públicas cobren aranceles a los estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país. La aclaración llegó de la mano del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien aseguró que las casas de altos estudios están legalmente habilitadas para aplicar esa medida desde mayo del año pasado.
A través de una publicación en su cuenta de X, el funcionario sostuvo que "los rectores están legalmente autorizados desde el día 28/5/2025", en referencia al Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, que modificó la Ley de Educación Superior e incorporó la posibilidad de que las universidades nacionales establezcan retribuciones para estudiantes extranjeros que no accedan al régimen de gratuidad.
Según explicó Álvarez, la aclaración surgió luego de recibir numerosas consultas sobre la vigencia de la normativa, en un contexto que el propio oficialismo atribuyó a una supuesta "campaña anti Argentina" difundida a través de las redes sociales.
Desde la administración de Javier Milei remarcaron que la decisión de aplicar o no un arancel depende exclusivamente de cada universidad, en virtud de la autonomía que les reconoce la legislación vigente. En ese sentido, insistieron en que el DNU únicamente habilitó una herramienta legal, pero no impuso un esquema obligatorio de cobro.
El Ejecutivo también buscó despejar cuestionamientos sobre el alcance de la medida. Según la interpretación oficial, la gratuidad de la educación superior continúa garantizada para los ciudadanos argentinos y para los extranjeros con residencia permanente, mientras que la eventual aplicación de aranceles alcanza únicamente a quienes ingresen al país para estudiar sin contar con esa condición migratoria.
El tema volvió a instalarse en la agenda pública en medio de la discusión por el financiamiento de las universidades nacionales, uno de los principales focos de conflicto entre el Gobierno y las autoridades universitarias. Desde las casas de estudio vienen reclamando una actualización de las partidas presupuestarias y una recomposición salarial para docentes y no docentes.
La discusión también llegó a la provincia de Buenos Aires
En paralelo, la Legislatura bonaerense analiza un proyecto presentado por bloques de La Libertad Avanza y el PRO que propone habilitar el cobro de la atención sanitaria y de los estudios universitarios de grado para extranjeros que no acrediten residencia permanente en la provincia.
La iniciativa establece que los fondos recaudados por el eventual arancelamiento sanitario sean destinados al Fondo Provincial de Salud y mantiene la atención gratuita para casos de urgencia y emergencia.
Desde el ámbito sanitario provincial surgieron fuertes críticas a la propuesta. La secretaria general adjunta de CICOP, Silvana Scali, aseguró que el impacto de la atención a extranjeros no residentes es prácticamente insignificante dentro del sistema de salud bonaerense. "A nivel de CICOP nos parece una paparruchada este tipo de iniciativas", sostuvo, al señalar que, según datos del Ministerio de Salud provincial, apenas el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones corresponden a extranjeros no residentes.
Para la dirigente sindical, esos porcentajes demuestran que el eventual cobro tendría una incidencia económica mínima y que el debate responde más a una construcción política que a una necesidad concreta de financiamiento. "Estamos hablando de números bajísimos de extranjeros no residentes. ¿Cuánto se puede recaudar con estos números?", planteó, al tiempo que advirtió que la propuesta contribuye a "alimentar cierta xenofobia".
Scali también remarcó que la discusión no involucra a los extranjeros con residencia permanente, quienes cuentan con protección constitucional, y cuestionó que este tipo de iniciativas puedan convertirse en un antecedente para avanzar sobre otros derechos. Finalmente, rechazó que el déficit de los sistemas de salud y educación pueda resolverse mediante el cobro a extranjeros no residentes y responsabilizó al Gobierno nacional por el deterioro de las políticas públicas en ambas áreas.