17 de julio de 2026
REFORMA
Santa Cruz modernizó su régimen industrial con foco en empleo y tecnología
La Provincia oficializó la Ley 4011, que introduce cambios al sistema de promoción industrial vigente. La reforma amplía los sectores alcanzados por los beneficios, crea nuevos incentivos para proyectos productivos y tecnológicos, y fortalece el esquema de financiamiento para inversiones
El Gobierno de Santa Cruz oficializó esta semana una profunda actualización del régimen provincial de promoción industrial. La medida quedó formalizada con la publicación de la Ley 4011 en el Boletín Oficial y modifica aspectos centrales de las leyes 3092 y 3519, con el objetivo de ampliar el alcance de los incentivos para inversiones, fomentar la generación de empleo y diversificar la matriz productiva de la provincia.
La normativa incorpora nuevos sectores estratégicos al esquema promocional y actualiza los criterios bajo los cuales podrán acceder a beneficios fiscales, financieros y de asistencia estatal las empresas que decidan radicarse o ampliar sus operaciones en territorio santacruceño.
Uno de los principales cambios es la incorporación de las industrias del conocimiento y de los servicios al cliente como actividades prioritarias dentro del régimen. De esta manera, el sistema deja de enfocarse exclusivamente en las actividades industriales tradicionales para incluir emprendimientos vinculados a la economía del conocimiento, el desarrollo tecnológico y la prestación de servicios especializados.
La ley también amplía el listado de sectores considerados estratégicos. A los rubros agrícola, ganadero, forestal, minero, hidrocarburífero, energético y pesquero se suman expresamente el turismo, la construcción, la logística, la infraestructura industrial y aquellas actividades que el Poder Ejecutivo considere de interés para el desarrollo económico provincial.
En materia de incentivos, la reforma mantiene y fortalece los beneficios tributarios para las empresas que se incorporen al régimen. Las exenciones impositivas podrán extenderse hasta diez años para emprendimientos ubicados fuera de parques industriales y hasta quince años para aquellos que se radiquen dentro de estos espacios. Además, una vez finalizado ese período, las firmas que cumplan con los requisitos accederán a un esquema de estabilidad fiscal por treinta años.
El nuevo texto también incrementa los estímulos vinculados a los costos operativos. Entre ellos se incluyen subsidios para los servicios de electricidad, agua y cloacas, devolución de aportes patronales por la contratación de mano de obra santacruceña, líneas de crédito a tasas preferenciales, subsidios sobre tasas de interés y la posibilidad de acceder a certificados de crédito fiscal transferibles a proveedores locales inscriptos en el Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas (RUPAE).
Otro de los ejes de la reforma es el fortalecimiento de las herramientas financieras del Estado provincial. La ley redefine el funcionamiento del Fondo de Incentivo Industrial de Santa Cruz, que será administrado por un comité integrado por representantes del Ministerio de la Producción, del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Estado de Comercio e Industria y de la Subsecretaría de Industria. Ese fondo financiará proyectos previamente evaluados en función de su capacidad para generar empleo local, promover buenas prácticas ambientales y contribuir al desarrollo productivo.
En paralelo, la norma modifica el Fondo de Fortalecimiento Tecnológico Productivo, destinado a financiar capacitación, incorporación de tecnología, equipamiento y mejoras en la gestión de emprendimientos industriales. Entre sus fuentes de financiamiento figura un canon aplicado sobre la actividad minera, además de recursos presupuestarios, convenios con organismos nacionales e internacionales y otros aportes.
La reforma también simplifica algunos aspectos administrativos. La autoridad de aplicación pasa a ser el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, mientras que el decreto reglamentario deberá establecer un procedimiento ágil para evaluar los proyectos, con un plazo máximo de sesenta días corridos desde la presentación completa de la documentación.
Otro cambio relevante es la ampliación del universo de potenciales beneficiarios. Además de las personas físicas y jurídicas constituidas en el país, podrán acceder al régimen inversores extranjeros que establezcan domicilio legal en Santa Cruz y desarrollen una base operativa dentro de la provincia.