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Jueves, 16 julio 2026
Argentina
16 de julio de 2026
SANTA CRUZ

El juicio político a jueces TSJ sigue en stand by y aumentan las dudas en la Legislatura

A una semana de la suspensión de la reunión de la Sala Acusadora, el expediente contra cuatro vocales del Tribunal Superior de Justicia continúa sin avances. Desde la oposición remarcaron a La Tecla Patagonia la falta de definiciones y atribuyen la demora a diferencias dentro del oficialismo

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El pedido de juicio político contra cuatro integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz permanece sin avances concretos luego de que, hace una semana, se suspendiera la reunión de la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados que debía comenzar a analizar la presentación.

El encuentro había sido convocado para el 8 de julio en sesión secreta, pero fue cancelado por razones de fuerza mayor. Desde entonces, las autoridades legislativas no comunicaron una nueva fecha para reactivar el tratamiento del expediente, lo que mantiene en suspenso uno de los procesos institucionales de mayor trascendencia política de los últimos meses en la provincia.

La falta de definiciones también alimentó cuestionamientos desde la oposición. Un legislador que integra la Sala Acusadora sostuvo ante La Tecla Patagonia que existe incertidumbre sobre cuándo volverá a reunirse el cuerpo y atribuyó esa situación a la forma en que viene actuando el bloque oficialista. Según indicó, la convocatoria depende exclusivamente de las autoridades legislativas y, por el momento, no hubo ninguna comunicación formal sobre los próximos pasos.

El mismo diputado consideró además que la suspensión de la reunión podría responder a dificultades del oficialismo para reunir los apoyos necesarios dentro de la propia Sala Acusadora -algo que justamente ya había trascendido la semana pasada-. De acuerdo con su interpretación, antes de avanzar con el expediente el bloque gobernante buscaría consolidar una mayoría que le permita encarar el proceso con mayores garantías políticas.

Otro diputado opositor también remarcó a este medio que esta semana se debió haber hecho una nueva convocatoria, por lo que seguramente el proceso se caiga como ya sucedió en casos previos. 

Mientras tanto, el expediente continúa en la etapa inicial. La denuncia, presentada en mayo por el abogado Sergio Macagno, solicita el juicio político contra los vocales Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña Campos, René Guadalupe Fernández y Fernando Miguel Basanta, a quienes les atribuye presunto mal desempeño en sus funciones.

La primera instancia del procedimiento corresponde precisamente a la Sala Acusadora, que debe determinar si la denuncia reúne los requisitos necesarios para ser declarada admisible y, eventualmente, remitida a la Sala Juzgadora, órgano encargado de sustanciar el proceso y resolver sobre una eventual destitución.

La demora también vuelve a poner sobre la mesa los antecedentes recientes en materia de pedidos de remoción de integrantes del máximo tribunal provincial. En 2025, el propio Fernando Basanta fue sometido a un proceso de juicio político impulsado por el mismo denunciante. Aunque en una primera etapa había sido suspendido, finalmente la Sala Juzgadora resolvió absolverlo y dispuso su reincorporación al Tribunal Superior de Justicia.

Un año antes, en 2024, el gobernador Claudio Vidal había promovido un pedido de jury contra la vocal Paula Ludueña Campos. Sin embargo, esa iniciativa tampoco prosperó y no alcanzó las mayorías necesarias para avanzar hasta una resolución definitiva.

En términos políticos, el proceso también se inscribe en la estrategia que impulsa el gobernador Claudio Vidal para reconfigurar el Poder Judicial santacruceño. Los cuatro vocales alcanzados por el pedido de juicio político fueron designados durante las sucesivas administraciones kirchneristas que gobernaron la provincia durante más de tres décadas, un dato que el oficialismo suele mencionar como parte de la necesidad de renovar las instituciones.

El actual proceso también se desarrolla sobre el antecedente de la fuerte disputa institucional que el gobierno de Claudio Vidal mantuvo con el Tribunal Superior de Justicia por la ampliación de su integración. En 2025, la Legislatura aprobó la ley que elevó de cinco a nueve el número de vocales del máximo tribunal, una decisión que fue judicializada por sectores de la Justicia provincial.

El conflicto escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que finalmente validó la constitucionalidad de la norma y ordenó la plena aplicación de la nueva integración, habilitando la incorporación de los cuatro vocales designados por el oficialismo. Ese fallo fue interpretado como un respaldo clave para la estrategia del Ejecutivo de avanzar en una reconfiguración del Poder Judicial santacruceño.

En ese contexto, la continuidad del expediente vuelve a depender de una nueva convocatoria de la Sala Acusadora. Hasta el momento no existe una fecha confirmada para retomar el análisis, por lo que el proceso permanece paralizado mientras crecen las expectativas sobre cómo continuará uno de los expedientes institucionales más sensibles para la relación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en Santa Cruz.

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