15 de julio de 2026
RIO NEGRO
Román insistió con el veto a su suspensión y el Concejo se negó a recibirlo
El intendente de Allen se presentó en el Deliberante para formalizar el veto de la norma que dispuso su apartamiento preventivo. Desde el cuerpo legislativo rechazaron la documentación al considerar que ya no tiene facultades para ejercer funciones del Ejecutivo, mientras la disputa continúa en la Justicia
El conflicto institucional en Allen volvió a escalar este miércoles cuando el intendente suspendido, Marcelo Román, se presentó en el Concejo Deliberante para intentar ingresar el veto a la ordenanza que dispuso su apartamiento preventivo del cargo. La documentación no fue recibida por las autoridades legislativas, que sostienen que el jefe comunal ya no está habilitado para ejercer atribuciones propias del Poder Ejecutivo.
La escena se produjo apenas un día después de que el Superior Tribunal de Justicia rechazara la medida cautelar con la que Román buscaba mantenerse al frente del municipio mientras se resuelve el planteo de fondo sobre la validez de la suspensión.
El intendente arribó al edificio legislativo acompañado por integrantes de su gabinete y por los concejales Antonio Sepúlveda, Analía Martínez y Valeria Bezic. Según explicó posteriormente, el objetivo era presentar en tiempo y forma el veto de la ordenanza 44/26, al considerar que la Carta Orgánica Municipal faculta al Poder Ejecutivo a observar todas las ordenanzas sancionadas por el Concejo, sin establecer excepciones.
Sin embargo, la Secretaría Legislativa rechazó recibir el escrito. De acuerdo con la posición del Concejo, la suspensión preventiva aprobada por mayoría continúa vigente y, por lo tanto, Román carece de competencia para firmar o promover actos administrativos como el veto de una ordenanza.
Tras retirarse del lugar, el jefe comunal cuestionó la decisión y afirmó que la negativa vulnera las disposiciones de la Carta Orgánica. Además, anticipó que impulsará una denuncia penal por la actuación de las autoridades del Concejo e incorporará lo sucedido al expediente que tramita ante el Superior Tribunal de Justicia.
En declaraciones a la prensa local, Román sostuvo que, aunque no aceptaron la presentación por mesa de entradas, entregó una copia del veto a los tres concejales que lo acompañaban y posteriormente remitió la documentación mediante carta documento y correo electrónico oficial. También insistió en que el cuerpo deliberativo tiene la obligación de analizar el veto y reiteró que, a su criterio, la ordenanza que dispuso su suspensión aún no adquirió firmeza.
La postura del Concejo Deliberante es diferente. Desde el cuerpo consideran que la ordenanza mantiene plena validez mientras la Justicia no resuelva lo contrario y entienden que aceptar documentación suscripta por Román implicaría desconocer los efectos de la suspensión preventiva. Bajo esa interpretación, quien debe ejercer interinamente el Ejecutivo es el presidente del Concejo, Fabián Figueroa.
La controversia se desarrolla en paralelo con el expediente que analiza el Superior Tribunal de Justicia. El martes, el máximo órgano judicial rechazó la cautelar presentada por Román al considerar que concederla implicaría anticipar una decisión sobre la cuestión de fondo. No obstante, habilitó la feria judicial y remitió las actuaciones a la Procuración General para que dictamine antes de resolver el planteo de inconstitucionalidad y el conflicto de poderes promovido por el intendente.
Román, por su parte, sostiene que ese fallo no convalidó la ordenanza aprobada por el Concejo ni reconoció a Figueroa como intendente interino, por lo que asegura que mantiene las atribuciones propias del cargo hasta que exista una resolución definitiva.
La suspensión preventiva fue aprobada la semana pasada por seis votos contra tres, con fundamento en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, debido a la causa penal en la que el jefe comunal fue imputado por presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta.