2 de julio de 2026
NEUQUEN
La Legislatura define cómo serán los narcotests para los diputados provinciales
La comisión de Derechos Humanos retomó el debate sobre los protocolos que reglamentarán la Ley 3531. Aunque existe consenso en implementar los controles toxicológicos, persisten diferencias sobre la modalidad, la autoridad de aplicación y el carácter sorpresivo de los exámenes
La Legislatura de Neuquén dio un nuevo paso en la reglamentación de la ley que estableció la obligatoriedad de los testeos toxicológicos para quienes ocupan cargos públicos. En esta oportunidad, la comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento avanzó en el análisis de los protocolos que definirán cómo se llevarán adelante los denominados narcotests dentro del Poder Legislativo, aunque la discusión continuará después del receso invernal.
El debate gira en torno a dos proyectos de resolución que buscan reglamentar la aplicación de la Ley 3531, sancionada el año pasado. Uno de ellos fue impulsado por la Presidencia de la Legislatura y el otro por el diputado Claudio Domínguez (MPN). La intención de la comisión es compatibilizar ambas iniciativas para elaborar un único procedimiento que reúna el mayor consenso posible antes de emitir despacho.
Si bien existe coincidencia entre la mayoría de los bloques respecto de la necesidad de poner en marcha los controles, las diferencias aparecen al momento de definir su implementación. Uno de los principales puntos de discusión es si los exámenes deberán realizarse mediante sorteos previamente establecidos y con intervención de laboratorios externos o si, por el contrario, tendrán un carácter sorpresivo y se efectuarán directamente en el ámbito laboral de los legisladores.
Vale recordar que el mismo gobernador Rolando Figueroa, como la titular de la Legislatura, Zulma Reina, así como distintos actores del arco político provincial ya se se sometieron por voluntad propia a examenes toxicológicos.
De vuellta al debate en el legislativo, desde distintos sectores se insistió en que el debate ya no pasa por la conveniencia de realizar los narcotests, sino por garantizar un mecanismo que sea transparente, operativo y compatible con lo dispuesto por la ley vigente. En ese sentido, varios diputados defendieron la necesidad de que las pruebas sean aleatorias, obligatorias y sin previo aviso, al considerar que ese fue el espíritu con el que se aprobó la norma.
Entre las alternativas analizadas, una de las propuestas contempla la realización de testeos rápidos durante el período legislativo, con controles bimestrales aplicados a los 35 diputados provinciales mediante un sistema aleatorio. La otra iniciativa incorpora un mecanismo de selección por sorteo durante las sesiones y prevé que las muestras sean procesadas por un laboratorio externo, con el objetivo de reforzar las garantías del procedimiento.
No obstante, durante el debate también surgieron cuestionamientos sobre algunos aspectos operativos. Hubo legisladores que plantearon la necesidad de profundizar el análisis para evitar dificultades en la ejecución del sistema y expresaron reparos respecto del carácter sorpresivo de los controles, al considerar que el procedimiento debe privilegiar criterios técnicos y científicos por sobre el impacto político o mediático que pueda generar.
En la discusión también aparecieron voces críticas hacia la propia ley. Desde la oposición de izquierda se cuestionó la utilidad de los narcotests como herramienta para mejorar la calidad institucional y se advirtió que los resultados podrían derivar en situaciones de utilización política de información sensible. Además, se planteó que la Legislatura debería concentrar mayores esfuerzos en abordar el problema del consumo problemático desde una perspectiva de salud pública.
Pese a esas diferencias, la comisión resolvió mantener el tratamiento de ambos proyectos con el objetivo de incorporar nuevas observaciones y construir un protocolo consensuado. Durante las próximas semanas los bloques podrán presentar modificaciones, mientras que el análisis será retomado una vez finalizado el receso legislativo de invierno.