26 de junio de 2026
NO HAY FALSO ASADO
Junín de los Andes: el viceintendente admitió retiros de asado por $25 millones
Luego de que una comerciante denunciara que durante años entregó mercadería que nunca fue abonada, el viceintendente Fabián González reconoció que durante la gestión anterior se retiraron asados para distintas actividades municipales y afirmó que, si le corresponde, asumirá la responsabilidad
La polémica estalló durante una sesión del Concejo Deliberante, donde la dueña de la carnicería El Forastero utilizó la banca del pueblo para denunciar que entre 2018 y 2022 entregó pollos, chorizos, asado y otros productos al Municipio que nunca fueron abonados. Según afirmó, la deuda supera los $25 millones y durante años evitó reclamar porque recibió advertencias de que podía perder la licencia comercial, dejar de ser proveedora municipal o no cobrar nunca lo adeudado.
Tras la exposición, el intendente Luis Madueño confirmó que el Municipio ya abrió un expediente administrativo y que revisó personalmente 246 remitos presentados por la comerciante. Según explicó, la documentación muestra una metodología mediante la cual convivían entregas destinadas a asistencia social con retiros que, de acuerdo con su interpretación, correspondían a consumos de funcionarios de la gestión anterior.
Madueño sostuvo que entre los comprobantes aparecen importantes cantidades de asado, chorizos y hasta el retiro de una media res para una celebración por el Día del Empleado Municipal. Además, aseguró que muchos de esos remitos estaban firmados por el actual viceintendente Fabián González, el exconcejal Carlos Quintulén y otros funcionarios de la gestión de Carlos Corazini.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por el jefe comunal, quienes retiraban la mercadería llegaban al comercio con autorizaciones firmadas por funcionarios municipales y luego esos consumos eran incorporados dentro de facturaciones vinculadas a ayuda social, un mecanismo que ahora quedó bajo análisis.
Frente a esas acusaciones, González tomó la palabra durante la misma sesión y confirmó que firmó remitos para el retiro de mercadería mientras ocupó las secretarías de Acción Social y de Gobierno. Sostuvo que ese procedimiento formaba parte del funcionamiento habitual del Municipio durante la administración anterior.
El viceintendente señaló que es posible que se hayan retirado asados para distintas actividades organizadas por el Municipio, como encuentros por el Día de la Familia, eventos en Centros de Desarrollo Infantil, reuniones con empleados municipales o jubilados. También afirmó que muchas de esas compras se realizaron durante la pandemia y que estaban vinculadas con tareas de asistencia social.
En ese contexto, aseguró que no pretende desentenderse de lo ocurrido y manifestó que, si la investigación determina que debe asumir alguna responsabilidad, lo hará. Además, defendió su actuación al señalar que firmaba la documentación porque era parte de las funciones que desempeñaba dentro del Ejecutivo municipal.
El conflicto también escaló por las denuncias de presuntas amenazas realizadas por la comerciante. González prometió investigar esa situación dentro de su equipo, pero posteriormente Madueño aseguró que la mujer le manifestó que las advertencias habrían provenido del propio viceintendente y de su hermana, actual secretaria de la Viceintendencia. El intendente adelantó que citará a la funcionaria para que brinde explicaciones y analizará las medidas administrativas correspondientes.
Madueño también advirtió que el caso podría no ser un hecho aislado. Señaló que, al asumir, encontró una deuda municipal superior a los $800 millones y sostuvo que esta situación no había surgido durante la auditoría inicial porque la facturación nunca había sido presentada formalmente. Además, afirmó que ya recibió información sobre otro comercio que estaría en una situación similar y no descartó que aparezcan nuevas denuncias de proveedores que hasta ahora no se habían animado a reclamar.
Mientras tanto, toda la documentación será remitida a la Asesoría Legal del Municipio para evaluar eventuales responsabilidades administrativas y judiciales. Lo que comenzó como el reclamo de una comerciante por una deuda impaga ya se transformó en uno de los casos políticos más sensibles que enfrenta la actual gestión de Junín de los Andes.