12 de junio de 2026
NEUQUEN
Denunciaron a una funcionaria de Salud por presunta malversación de más de $21 millones
El Gobierno neuquino presentó una denuncia penal contra una exdirectora del Ministerio de Salud tras detectar irregularidades en la rendición de fondos públicos. Una auditoría interna observó inconsistencias en tres expedientes por un total de $21,3 millones y el Ejecutivo se presentará como querellante en la causa
El Gobierno de Neuquén denunció penalmente a una funcionaria que se desempeñaba como directora provincial de Prestaciones y Recupero Financiero del Ministerio de Salud, luego de que una auditoría interna detectara presuntas irregularidades en el manejo y rendición de fondos públicos por más de 21 millones de pesos.
La presentación judicial se produjo días después de que la funcionaria fuera apartada de su cargo, tras conocerse los resultados de una investigación administrativa que analizó tres expedientes vinculados a anticipos de fondos destinados a gastos de funcionamiento.
Según la auditoría, las rendiciones realizadas no permitieron acreditar de manera suficiente el destino final de $21.307.500 administrados por el área. El informe señala que existieron falencias en los mecanismos de control, documentación incompleta y dificultades para verificar que los recursos hubieran sido utilizados para los fines declarados.
Uno de los expedientes observados involucra $7,8 millones. Allí se detectaron presuntas irregularidades como falta de autorizaciones jerárquicas, ausencia de documentación bancaria para respaldar pagos a proveedores y una concentración de funciones administrativas en una misma persona.
En otro caso, correspondiente a $5,6 millones, los auditores advirtieron que la solicitud, intervención y autorización del gasto habrían sido realizadas por la propia funcionaria denunciada, sin los controles internos previstos. Además, se observaron facturas con descripciones genéricas, falta de remitos y escasa documentación que permitiera corroborar la prestación efectiva de servicios.
El tercer expediente bajo análisis comprende una suma cercana a los $7,8 millones y presenta observaciones relacionadas con la falta de autorizaciones administrativas y dificultades para vincular los pagos efectuados con necesidades concretas del área.
A partir de estas inconsistencias, la coordinación de Administración Financiera rechazó las rendiciones presentadas, declaró la responsabilidad administrativa correspondiente y remitió las actuaciones al Tribunal de Cuentas, además de dar intervención a las áreas legales.
La hipótesis planteada en la denuncia sostiene que los fondos habrían permanecido bajo disponibilidad de la funcionaria y que posteriormente se intentó justificar su utilización mediante documentación cuya relación con servicios efectivamente prestados no pudo ser comprobada.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar si las irregularidades detectadas constituyen incumplimientos administrativos o si existió una maniobra de desvío de recursos públicos. Mientras tanto, el Gobierno neuquino confirmó que participará del proceso judicial como querellante y sostuvo que la denuncia forma parte de la política de control y transparencia impulsada por la actual gestión.