Renunció el defensor denunciado por acoso laboral y quedó sin efecto su jury
Carlos Flores Pericich dimitió a su cargo pocos días antes de ser juzgado por desempeño insatisfactorio y una denuncia por presunto acoso laboral. Tras la aceptación de la renuncia, el Tribunal de Enjuiciamiento resolvió archivar las actuaciones al considerar que el proceso había perdido su razón de ser
La salida de Carlos Alberto Flores Pericich de la Defensoría Pública de Chubut cerró abruptamente un proceso que prometía convertirse en uno de los casos más sensibles dentro del ámbito judicial provincial. El funcionario presentó su renuncia formal cuando faltaban apenas unos días para comparecer ante el Tribunal de Enjuiciamiento, que debía analizar su conducta y desempeño en el cargo.
La decisión fue aceptada este viernes por el defensor general de la provincia, Sebastián Daroca, quien formalizó la desvinculación del funcionario que se desempeñaba en la Circunscripción Judicial de Trelew. La medida tuvo una consecuencia inmediata: el jury previsto para la próxima semana quedó sin efecto.
A partir de la notificación remitida por la Defensoría General, el Tribunal de Enjuiciamiento resolvió archivar las actuaciones. Los integrantes del cuerpo entendieron que la renuncia dejó abstracto el objeto del proceso, ya que la finalidad de un jury es determinar la permanencia o remoción de un magistrado o funcionario judicial en ejercicio de sus funciones.
Flores Pericich debía enfrentar el próximo martes una instancia decisiva para su futuro dentro del Poder Judicial. El proceso había sido impulsado luego de que el Consejo de la Magistratura evaluara su desempeño y lo calificara como insatisfactorio, una situación que derivó en la promoción del mecanismo institucional previsto para revisar su continuidad en el cargo.
A ese antecedente se sumó además una denuncia por presunto acoso laboral vinculada al ámbito donde desarrollaba sus tareas. Si bien el jury no tenía como único fundamento esa acusación, el caso había generado repercusiones dentro del sistema judicial y alimentado cuestionamientos sobre el funcionamiento interno de la dependencia.
La renuncia modificó por completo el escenario. Al dejar de formar parte del Ministerio Público de la Defensa, desapareció la posibilidad de avanzar con el juicio político que buscaba determinar responsabilidades administrativas y eventualmente disponer una sanción institucional.
Desde el ámbito judicial remarcaron que la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento responde a criterios procesales y no implica una valoración sobre los hechos que motivaron la apertura del expediente. El archivo se produjo exclusivamente porque el funcionario ya no integra la estructura que podía ser alcanzada por el proceso.