3 de junio de 2026
SANTA CRUZ
La Legislatura reabrió el debate por la deuda USD 600 millones que impulsa Vidal
La Comisión de Asuntos Constitucionales continuó analizando el proyecto impulsado por el Gobierno Provincial para acceder a financiamiento para obras. Funcionarios defendieron la iniciativa, respondieron cuestionamientos de la oposición y respaldaron la inclusión de inversiones en la órbita de YCRT
La discusión por el proyecto de endeudamiento promovido por el gobierno de Claudio Vidal volvió este miércoles al centro de la agenda legislativa de Santa Cruz. Funcionarios del Poder Ejecutivo participaron de una nueva reunión de la comisión extraordinaria de Asuntos Constitucionales para ampliar información técnica y responder consultas de los diputados sobre la iniciativa que busca habilitar financiamiento por hasta 600 millones de dólares para obras de infraestructura en distintos puntos de la provincia.
La exposición estuvo encabezada por el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, quien sostuvo que gran parte de las observaciones formuladas por los legisladores ya habían sido respondidas en encuentros anteriores, aunque remarcó que el Ejecutivo incorporó nueva documentación para complementar los expedientes y detallar cada uno de los proyectos incluidos en el programa de inversión.
Desde el oficialismo insistieron en que el objetivo del financiamiento es avanzar en obras que, según plantearon, resultarían difíciles de ejecutar únicamente con recursos provinciales. En ese sentido, Verbes defendió la búsqueda de créditos de largo plazo y argumentó que el contexto financiero actual ofrece mejores condiciones que en años anteriores para acceder a fuentes de financiamiento internacionales.
Uno de los momentos más intensos de la reunión se produjo cuando la discusión se trasladó a las inversiones previstas para Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y la central termoeléctrica de 21 megavatios. Legisladores de la oposición expresaron dudas sobre el mecanismo mediante el cual podrían destinarse recursos provinciales a una empresa que actualmente depende de la órbita nacional y reclamaron mayores precisiones sobre el destino final de los fondos.
Las críticas también estuvieron vinculadas al contexto político de la Cuenca Carbonífera, donde distintos sectores observan con atención cualquier iniciativa relacionada con el futuro de YCRT. Algunos diputados advirtieron que el debate sobre la empresa no debería utilizarse para condicionar posiciones respecto del endeudamiento general de la provincia y reclamaron información más detallada para los trabajadores y las comunidades de Río Turbio y 28 de Noviembre.
Frente a esos cuestionamientos, el Gobierno sostuvo que la propuesta forma parte de una estrategia más amplia vinculada al desarrollo productivo y energético de Santa Cruz. Verbes explicó que la inversión proyectada para la usina se instrumentaría mediante convenios de compra futura de energía y aseguró que los recursos estarían destinados a mejorar infraestructura, logística y capacidad operativa, con el objetivo de generar nuevas fuentes de ingresos.
La transformación de la matriz energética provincial apareció como uno de los argumentos centrales de la defensa oficial. El ministro afirmó que la administración provincial busca reducir la dependencia de recursos externos y potenciar la generación de energía propia aprovechando activos estratégicos existentes en el territorio santacruceño.
Otro de los puntos que concentró el debate fue el control sobre el eventual endeudamiento. Legisladores de distintos bloques plantearon la necesidad de que la Cámara de Diputados tenga una participación activa en el seguimiento de los recursos y de las obras financiadas. La posibilidad de crear mecanismos específicos de control legislativo fue bien recibida por el Ejecutivo, que manifestó no tener objeciones a la incorporación de herramientas adicionales de supervisión.
Durante la reunión también surgieron observaciones sobre algunas de las obras incluidas en el listado oficial. Diputados señalaron que ciertos proyectos ya habían sido anunciados anteriormente con otras fuentes de financiamiento, mientras que funcionarios provinciales aclararon que parte de esas iniciativas nunca llegaron a ejecutarse y debieron ser reincorporadas al esquema de inversión previsto en el proyecto.
En paralelo, el Gobierno intentó llevar tranquilidad respecto al impacto fiscal que tendría la operación. Verbes sostuvo que, más allá del volumen nominal de los 600 millones de dólares, el peso efectivo sobre las cuentas provinciales se mantendría dentro de los límites establecidos por la legislación vigente en materia de responsabilidad fiscal. Según explicó, el nivel de endeudamiento proyectado representaría una proporción reducida respecto de los ingresos coparticipables de la provincia.
La continuidad del tratamiento dejó en evidencia que el proyecto aún genera interrogantes entre distintos sectores políticos, aunque también mostró disposición para seguir incorporando información técnica y mecanismos de control. Con nuevas reuniones previstas y negociaciones abiertas entre oficialismo y oposición, la discusión por el financiamiento provincial continúa ocupando un lugar central en el escenario político santacruceño.