1 de junio de 2026
REGIONAL
Según un informe, los incendios patagónicos del verano fueron los peores en seis décadas
Chubut fue la provincia más afectada, seguida a la distancia por Santa Cruz, Neuquén y Río Negro. En un año se quemó una superficie equivalente a casi tres veces la Ciudad de Buenos Aires. En este contexto, el gobierno nacional redujo el presupuesto a los programas para la conservación y administración de áreas protegidas
Los incendios forestales registrados durante el verano en distintas zonas de la Patagonia quedarán para la historia por haber sido los más devastadores de los últimos 60 años, según un nuevo relevamiento realizado por expertos de Greenpeace.
Mediante el análisis de imágenes satelitales, la ONG concluyó que, entre octubre de 2025 y marzo de 2026, el fuego consumió 60.845 hectáreas de bosques, principalmente en las provincias de Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro. La superficie total es equivalente a casi tres veces la Ciudad de Buenos Aires.
La cifra representa un salto significativo respecto de los años anteriores. Según la organización, la superficie afectada duplicó la registrada durante la temporada anterior, cuando se habían quemado 31.722 hectáreas, y fue diez veces superior al promedio observado entre 2022 y 2024.
Según el informe, Chubut fue la provincia más castigada, con 60.304 hectáreas afectadas. Mucho más atrás, la sigue Santa Cruz, con 290 hectáreas; Neuquén, con 238; y Río Negro, con 13 hectáreas.
La magnitud de los incendios no solo se explica por la extensión territorial alcanzada, sino también por el valor ecológico de las áreas dañadas. Entre los focos más severos se encuentran los registrados en el Parque Nacional Los Alerces y en la zona de El Turbio, en Chubut, además de los incendios que afectaron sectores del Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz. Se trata de ecosistemas protegidos que albergaban bosques en muy buen estado de conservación.
A ellos se suman los incendios ocurridos en Puerto Patriada, El Hoyo y Epuyén, donde las llamas no solo avanzaron sobre áreas boscosas y plantaciones, sino también sobre viviendas e infraestructura, exponiendo la creciente vulnerabilidad de las comunidades asentadas en la región cordillerana.
Desde Greenpeace vinculan este escenario con la profundización de la crisis climática global. El aumento de las temperaturas, las sequías más prolongadas y las condiciones meteorológicas extremas generan un contexto favorable para la propagación de incendios de gran intensidad.
“El consenso científico viene alertando sobre la crisis climática en la que nos encontramos, que agrava las sequías y provoca un incremento de los incendios forestales”, sostuvo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de la organización.
La entidad también cuestionó las iniciativas orientadas a flexibilizar la legislación ambiental. En particular, advirtió sobre eventuales modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego y a la Ley de Bosques, al considerar que podrían debilitar los mecanismos de protección de los ecosistemas nativos.
Otro de los factores señalados por los ambientalistas es la insuficiencia de recursos destinados a la prevención y combate temprano de los incendios. Greenpeace reclamó un incremento significativo en la cantidad de brigadistas, equipamiento e infraestructura, tanto a nivel nacional como provincial.
En este contexto, el Gobierno nacional decidió reducir en más de 2500 millones de pesos los programas vinculados con la conservación y administración de áreas protegidas de Parques Nacionales. Entre los alcanzados por los recortes figuran Nahuel Huapi, Lanín, Los Glaciares y Los Alerces, todos ubicados en regiones expuestas al riesgo de incendios.
En contraste Greenpeace puso el foco en la prevención ya que según estimaciones internacionales, alrededor del 95% de los incendios forestales tienen origen humano, ya sea por negligencia, accidentes o acciones intencionales. Por ello, considera indispensable reforzar las campañas de concientización y avanzar en la erradicación progresiva de pinos exóticos en municipios y áreas protegidas, debido a que estas especies favorecen la propagación del fuego y dificultan la recuperación de los bosques nativos.
La organización además impulsa una campaña para que se incorporen penas de prisión para quienes provoquen incendios forestales o desmontes ilegales. La iniciativa ya reunió más de 300 mil adhesiones ciudadanas y busca instalar en la agenda pública una discusión que, tras la peor temporada de incendios en seis décadas, adquiere una urgencia inédita.