El Superior Tribunal de Justicia envió dos proyectos que buscan modificar el sistema. Se trata de un nuevo Código Procesal y la creación de la Cámara Laboral. Detalle y poroteo legislativo
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Por Ignacio González y Mariela Branda
La Legislatura del Chubut pondrá en marcha desde agosto un proceso de discusión sobre una de las reformas judiciales más importantes de las últimas décadas. Se trata del paquete de iniciativas impulsado por el Superior Tribunal de Justicia, que incluye dos proyectos centrales: la creación de una Cámara de Apelaciones Laboral con competencia provincial y la sanción de un nuevo Código General de los Procesos no penales.
La intención es abrir una discusión amplia sobre una iniciativa que fue elaborada durante meses por una comisión interpoderes y cuya redacción final fue presentada al presidente del STJ, Andrés Giacomone, por los camaristas Guillermo Walter, Sergio Lucero y María Marta Nieto.
Para el máximo tribunal local, se trata de una transformación estructural destinada a modernizar el funcionamiento de la Justicia, responder a cuestionamientos sobre la lentitud de los procesos y acercar el sistema judicial a los ciudadanos.
El eje más ambicioso de la reforma es el nuevo Código General de los Procesos. El texto reúne cerca de 600 artículos y propone reemplazar buena parte de las reglas procesales que actualmente rigen las materias no penales.
La modificación más visible es el abandono gradual del modelo predominantemente escrito para avanzar hacia un sistema oral y basado en audiencias. Aseguran que es la clave para combatir una de las críticas más frecuentes: la demora en la resolución de los conflictos.
También, establece que los jueces deberán intervenir personalmente en los actos esenciales del proceso, limitando la delegación de funciones y fortaleciendo el contacto directo con las partes y las pruebas.
A su vez, se busca que las audiencias se conviertan en el centro de los procesos judiciales. El objetivo es reducir tiempos y concentrar actos procesales que actualmente suelen desarrollarse a lo largo de mucho tiempo.
El proyecto también incorpora de manera definitiva las herramientas que comenzaron a utilizarse durante la pandemia: las audiencias virtuales, los expedientes digitales y los sistemas electrónicos de gestión. La propuesta busca la realización remota de audiencias cuando la comparecencia presencial resulte complicada de hacer.
Otro de los cambios destacados es la incorporación del principio de lenguaje claro. El texto establece que las resoluciones y actuaciones judiciales deberán redactarse de manera sencilla y comprensible para la ciudadanía, quitando los tecnicismos.
Además, el nuevo código incorpora principios de eficiencia y economía procesal. Los plazos serán perentorios y el sistema deberá orientarse a concentrar actuaciones y utilizar los recursos disponibles de manera más eficaz. La intención es reducir la burocracia y generar respuestas en tiempos más razonables.
Como acompañante del primer proyecto, aparece la segunda iniciativa enviada a la Legislatura: la creación de una Cámara de Apelaciones Laboral con competencia en toda la provincia.
La propuesta contempla la conformación de un tribunal especializado integrado por tres jueces de Cámara que tendrá a su cargo la revisión de las sentencias dictadas por los juzgados laborales de primera instancia. La iniciativa no supone la creación de nuevos cargos respecto de proyectos anteriores impulsados por el Poder Judicial, sino una reorganización de recursos ya previstos dentro de la estructura judicial.
Los fundamentos del proyecto señalan que la creciente complejidad de las relaciones laborales, la expansión de la normativa protectora del trabajo y el incremento de la litigiosidad justifican la existencia de un órgano especializado. Actualmente, las apelaciones laborales son revisadas por cámaras que también intervienen en materias civiles, comerciales y de familia, una situación que genera sobrecarga y dificulta respuestas ágiles en conflictos particularmente sensibles.
La propuesta también prevé mecanismos para unificar doctrina a través de acuerdos plenarios y fallos de alcance general, especialmente en cuestiones que suelen generar controversias recurrentes, como los cálculos indemnizatorios o la aplicación de índices de actualización.
La creación de este tribunal es presentada como una herramienta para fortalecer la protección de derechos tanto de trabajadores como de empleadores y para mejorar la calidad del servicio judicial.
Más allá de la discusión técnica, el paquete impulsado por el STJ plantea objetivos claros para afianzar el vínculo entre la Justicia y los ciudadanos: jueces con mayor participación directa, procesos más transparentes, sentencias redactadas en lenguaje claro y mecanismos destinados a reducir los tiempos de respuesta de un sistema que desde hace años enfrenta cuestionamientos por su lentitud y complejidad. Habrá que esperar para ver la manera en la que evolucionan los debates y si esta nueva etapa será una realidad.
Participación ciudadana en el proceso de reforma
Los proyectos completos de Reforma del Código Procesal y de la creación de la Cámara Laboral Provincial, están digitalizados y subido a la web de la Legislatura para que cualquier persona pueda leerlos y hacer sugerencias. La Comisión de Asuntos Constitucionales, encargada del tratamiento legislativa, pondrá a consideración todas las sugerencias. El link para acceder a los mismos y realizar aportes está en la página oficial de la Legislatura del Chubut.
Dr. Guillermo Walter - juez de cámara “Es un sistema basado en la oralidad que busca agilizar y transparentar”
En diálogo con La Tecla Patagonia, el juez de Cámara y miembro de la Comisión redactora del proyecto para la reforma del Código Procesal, Gustavo Walter, explicó los alcances del mismo y brindó detalles de las modificaciones. “Se trata de un conjunto de reformas que ha iniciado el Superior Tribunal de Justicia con una mirada integral en todos los fueros. Desde hace tiempo en la provincia se viene trabajando en este sentido. En ese marco es que se pensó en la reforma integral del Código Procesal, que ya tenía décadas”, explicó.
“La gente tiene esta idea que los juicios se deciden en los despachos, este tema de lo engorroso del papel, los expedientes, la burocracia, el trámite, y huele cierto tufillo a corrupción que hay dentro de la Justicia. Este sistema lo que trata de modificar y hacerse cargo de todas estas críticas y acercar un sistema que sea ágil, que sea rápido, que sea dinámico, que sea oral, que el juez esté presente en las audiencias, que las partes estén presente en las audiencias junto con sus letrados. Básicamente trata un sistema que está basado en la oralidad, es decir, el proceso va a tener una etapa inicial escrita en donde las partes hacen presentaciones y a partir de ahí el juez, adapta la forma que es más adecuada y luego de eso estructura a través de audiencias”. En este sentido agregó: “En la etapa de la prueba de la audiencia, el juez adopta un rol más pasivo, donde son las partes las que tienen que traer información de calidad al proceso.
Luego de la realización de la prueba a través de testigos, peritos que tienen que estar presentes en la audiencia, lo cual también esto es una novedad, el juez toma una decisión que en general la puede tomar en el mismo acto de la audiencia”, indicó el letrado. Agregó: “Establecemos dentro del Código la posibilidad que ciertos conflictos sociales, por ejemplo, de materia ambiental, sean resueltos por jurados populares, lo cual también es una novedad. Por otra parte, entendemos también que la litigación contra el Estado se va a amoldar”.
Sobre la nueva Cámara Laboral, Walter explicó: “Es una iniciativa que se desprende del STJ, que viene en la misma línea lo de lo venimos hablando. Esto de la pretensión de transformarse en una corte, más que en un tribunal de tercera instancia y de alguna manera está tratando de, cómo se hizo primero con el Fuero Contencioso Administrativo, está tratando de hacer lo mismo con el Fuero Laboral”.
Por último, sobre los pasos que seguirán los proyectos, el Magistrado explicó que “la idea es que el proyecto llegue a todos los organismos de la Justicia para que lo valoren y pueda haber intercambios. También el ciudadano común”.
Gustavo Menna - vicegobernador de Chubut “Será un proceso participativo del que surgirá un Código moderno”
“El proyecto de Código Procesal para todos los procesos no penales que acaba de mandar el Superior Tribunal a la Legislatura viene a completar un ciclo de reformas de fondo que abordó y va a abordar esta Legislatura como lo han sido una reforma de fondo del Código Procesal Penal impulsada por el Ministerio Público que había quedado cajoneada en la gestión anterior y el gobernador Torres impulsó ni bien asumió; la ley de extinción de dominio; la ampliación de Ficha Limpia; el Código Electoral que había sido un mandato constitucional desde 1957 y nunca se había tratado y el Código Contencioso Administrativo que era otra laguna legislativa”, expresó a La Tecla Patagonia el vicegobernador, Gustavo Menna.
“En esta oportunidad se trata de actualizar la legislación procesal civil, que más allá de reformas parciales es una Código con más de cuarenta años de antigüedad y además aprobado durante un gobierno de facto. Al igual que ocurrió con las reformas anteriormente citadas, el proyecto va a ser abordado a través de reuniones informativas de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia a partir del mes de agosto. La Comisión ya envió el proyecto e invitó a ser parte del tratamiento a todos los colegios de abogados, universidades, Consejos, Asociación de Magistrados, etc. Además, lo más relevante es asegurar que el proceso será participativo, que no habrá un tratamiento exprés y mucho menos a libro cerrado y que de esas reuniones informativas que se desarrollarán semanalmente en Legislatura a partir de agosto surgirá Código moderno y superador”. Por último agregó: “Nunca una Legislatura llevó a cabo semejante cantidad de tratamiento de Códigos o de normas que estuvieron en mora constitucional por décadas como era el caso del Código Electoral o la ley de bosques, todo lo cual ha sido posible por el impulso reformista e institucionalista del gobernador Nacho Torres”.
Buena recepción: el poroteo en la Legislatura y las primeras visiones profesionales
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura envió esta semana el proyecto a diversos organismos para su análisis. Entre ellos están: los Colegios Públicos de Abogados de la Provincia, la Asociación de Magistrados, la Asociación Argentina de Derecho Procesal, la UNPSJB, la Facultad de Ciencias Jurídicas, la Facultad de Ciencias Económicas, los Colegios Profesionales cuyos integrantes actúan como peritos y auxiliares de la Justicia (Consejo de Ciencias Económicas, ingenieros, psicólogos, médicos, arquitectos, mediadores, etc), especialistas y académicos del orden nacional, titulares de las Cátedras de derecho procesal civil, de derecho laboral y de derecho de familia de las cuatro sedes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNPSJB, al STJ, a los titulares del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa Pública y a los presidentes de las Cámaras Civiles de la provincia, entre otros.
Fuentes de la Asociación de Magistrados de Chubut adelantaron a La Tecla Patagonia que lo están revisando y que habrá algunas objeciones en relación a las dos iniciativas que estén en tratamiento. En tanto, en el ámbito legislativo el bloque peronista y los aliados estarían dispuestos a acompañar, así como lo hicieron con reformas anteriores impulsadas por el gobernador, Ignacio Torres, siempre que se consideren las observaciones que realicen desde el espacio y se tengan en cuenta las opiniones profesionales.
