21 de mayo de 2026
SANTA CRUZ
Ley Hojarasca: advierten que Nación perjudicaría a YCRT y la Cuenca Carbonífera
La media sanción del proyecto impulsado por el Ejecutivo en la Cámara de Diputados incluye la derogación de normativas que declaraban de interés nacional la explotación del carbón. Legisladores alertan sobre un inminente proceso de desinterés que pondría en jaque a la empresa estatal y a la economía de centenares de familias en la zona
La aprobación en Diputados de la denominada “Ley Hojarasca” abrió un nuevo foco de tensión política y económica en Santa Cruz. Aunque el proyecto promovido por el gobierno de Javier Milei fue presentado como un paquete de eliminación de normas consideradas obsoletas, en la provincia encendió alarmas por el impacto que podría tener sobre la actividad carbonífera y el futuro de Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
La iniciativa obtuvo media sanción este miércoles en la Cámara de Diputados y ahora deberá ser debatida en el Senado. Entre decenas de derogaciones incluidas en el proyecto aparece una de las más sensibles para la Patagonia sur: la eliminación de la Ley 19.648, sancionada en 1972, que declaraba de interés nacional la exploración y explotación del carbón mineral.
Para el oficialismo nacional, se trata de una adecuación normativa vinculada al nuevo paradigma energético y a las políticas de descarbonización. Desde el entorno del ministro Federico Sturzenegger sostienen que el Estado ya no debería promover actividades asociadas a combustibles considerados altamente contaminantes.
Sin embargo, en Santa Cruz la lectura es completamente distinta. Dirigentes políticos, sindicatos y sectores vinculados a la Cuenca Carbonífera interpretan la medida como un paso concreto hacia el retiro definitivo del Estado nacional de la actividad minera y energética vinculada al carbón.
La preocupación no es menor. En localidades como Río Turbio y 28 de Noviembre gran parte de la economía regional depende directa o indirectamente de la actividad de YCRT. El complejo minero y energético no solo sostiene un par de miles de puestos de trabajo, sino que además estructura buena parte de la vida social y comercial de la región.
La eliminación de la declaración de interés nacional es vista por distintos sectores como una señal política que podría habilitar un proceso de desinversión progresiva. En términos prácticos, temen que Nación avance hacia un esquema de retiro financiero que termine afectando salarios, obras de infraestructura y el sostenimiento operativo de la empresa estatal.
El proyecto también propone derogar otra norma histórica: la Ley 448 de 1870, que establecía incentivos económicos para quienes descubrieran minas de carbón. Aunque el Gobierno argumenta que ese esquema carece de sentido en el contexto actual, en la provincia consideran que el mensaje político es claro: desalentar definitivamente la actividad carbonífera.
Durante el debate parlamentario, legisladores santacruceños cuestionaron con dureza la iniciativa. La diputada nacional Ana María Ianni advirtió que detrás del discurso de modernización normativa existe un intento de desmantelar políticas estratégicas vinculadas al desarrollo productivo patagónico.
Según planteó la legisladora, la derogación de estas normas no es meramente administrativa sino que afecta directamente la continuidad de una actividad que durante décadas fue considerada estratégica para la soberanía energética nacional.
La discusión también reavivó viejos temores en la Cuenca Carbonífera sobre una eventual reducción drástica de YCRT, una empresa históricamente atravesada por crisis financieras, debates políticos, cambios de gestión y que ya bajo la presidencia de Milei, con un blindaje para evitar la privatización total, tuvo una transformación de su figura jurídica.
En paralelo, el avance de la ley genera incertidumbre en momentos particularmente sensibles para la región. Hace pocas semanas, el gobierno de Claudio Vidal había impulsado acuerdos vinculados al abastecimiento de carbón para productores rurales y sectores afectados por las bajas temperaturas del invierno patagónico.
Por eso, en Santa Cruz interpretan que la eventual eliminación del marco legal que protegía la actividad podría profundizar aún más el escenario de incertidumbre económica y social en una región que depende fuertemente de la continuidad de la explotación carbonífera.
Mientras el proyecto espera ahora el tratamiento en el Senado, en la provincia crece la presión política para frenar las derogaciones vinculadas al carbón. El temor de fondo es que, bajo el argumento de la desregulación y la transición energética, Nación termine desmantelando uno de los pilares históricos de la economía regional.