La fiscalía pidió condenar a dos exfuncionarios de Vialidad por presuntos delitios administrativos
El Ministerio Público sostuvo que los imputados entregaron material de una cantera estatal para beneficiar a particulares sin autorización ni contraprestación para el Estado. El lunes se conocerá el veredicto
La Justicia de Chubut quedó a un paso de resolver una causa por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos vinculados a la extracción y entrega de áridos desde una cantera estatal. En la última audiencia del juicio oral, la Fiscalía pidió la condena de dos exfuncionarios de Vialidad Provincial al considerar acreditados delitos contra la administración pública por el uso indebido de bienes del Estado.
El planteo fue realizado por el fiscal general Lucas Papini, titular de la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública, acompañado por el abogado de Fiscalía Diego Moya. La acusación apuntó contra el ingeniero Fabián Pérez y el exjefe de la Zona Noroeste de Vialidad, Juan Carlos Vinay.
Según sostuvo el Ministerio Público durante el alegato de clausura, ambos funcionarios habrían actuado de manera “unilateral y discrecional” al disponer de material extraído de la cantera Arroyo Fontana, perteneciente a Vialidad Provincial, sin autorización del presidente del organismo y sin cumplir los mecanismos legales previstos por la normativa vigente.
La fiscalía aseguró que durante el debate quedó probado que se extrajeron alrededor de 3.600 metros cúbicos de áridos que luego fueron destinados a particulares para la construcción de un camino de acceso hacia propiedades privadas.
De acuerdo con la acusación, el procedimiento se realizó sin tasación oficial, sin ingreso de fondos para el Estado y sin intervención del Directorio de Vialidad, órgano que posee competencia legal para disponer de bienes públicos. Además, Papini sostuvo que la legislación provincial únicamente contempla la gratuidad en trabajos destinados a comunidades originarias o entidades sin fines de lucro, situación que —según afirmó— no se verificó en este caso.
Uno de los puntos centrales expuestos por la fiscalía fue que el camino construido no tendría carácter público. Durante una inspección ocular realizada en el marco del juicio, los jueces constataron que el acceso posee tranquera, cadena y candado, elemento que para la acusación refuerza la hipótesis de un beneficio particular utilizando recursos estatales.
También se indicó que los beneficiarios privados habrían abonado cerca de 20 millones de pesos a un transportista particular para trasladar el material desde la cantera hasta los terrenos involucrados.
Otro de los argumentos utilizados por la fiscalía apuntó a descartar la existencia de una solicitud formal del municipio de Trevelin, como había planteado la defensa durante el juicio. Según los acusadores, no existió control municipal sobre la extracción ni sobre el destino final de los áridos.
En el cierre de su exposición, Papini remarcó que el incumplimiento deliberado de normas vinculadas a la administración de bienes públicos constituye un acto de corrupción y recordó que Argentina asumió compromisos internacionales a través de tratados de la ONU y la OEA para sancionar este tipo de conductas.
Por su parte, la defensa solicitó la absolución de ambos imputados. Los abogados sostuvieron que la entrega de material era una práctica habitual dentro de Vialidad en coordinación con municipios y argumentaron que se trataba de áridos considerados de descarte. También insistieron en que el camino tendría utilidad pública y cuestionaron la denuncia que originó la causa.
Tras escuchar las réplicas de las partes, el tribunal informó que el próximo lunes dará a conocer el veredicto sobre la responsabilidad de los exfuncionarios en la causa.